Mientras el gobierno nacional resuelve adelantar el pago de 2200 millones de dólares en bonos que vencían en agosto, los fondos buitres con sede en paraísos fiscales que compraron títulos argentinos cuando no valían nada por la moratoria de 2002 presionan al Congreso de los Estados Unidos para que sancione al país si no satisface sus reclamos.

Para ello han conseguido reclutar a un diputado de Nueva York, Eric Massa, que tiene una relación con la Argentina tan antigua como la deuda externa: en ambos casos desde la dictadura militar. Massa fue presentado por algunos medios argentinos como el amigo del país en el Congreso de los Estados Unidos. Ese fue el discurso con que se acercó por primera vez al embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, a quien le dijo que necesitaba financiamiento para su reelección. Hablaron de la Argentina pero Massa no mencionó los bonos en default. Timerman lo visitó en su despacho y se sorprendió al ver fotos de Massa con uniforme militar a bordo de la Fragata Libertad. Entonces le contó que su padre fue agregado naval de Estados Unidos en la Argentina. El hijo también siguió la carrera naval durante veinte años. Cursó la Escuela Naval en los Estados Unidos, pero como su padre estaba asignado a la Argentina pidió hacer el viaje de graduación con la valiente muchachada de la Armada. Zarpó en 1981 para realizar el viaje de instrucción alrededor del mundo en la Fragata Libertad. Sus amigos de entonces, de quienes guarda un grato recuerdo, merecen ser presentados con algún detenimiento.

Buenos muchachos

El comandante de la Fragata Libertad en 1981 era el Capitán de Navío Carlos Vahiginger, quien antes había integrado el denominado gabinete especial del dictador Emilio Massera, el señor de la ESMA, donde funcionó el más famoso campo clandestino de concentración de la Argentina. El segundo jefe era el entonces Capitán de Fragata Oscar Calandra, quien ya durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue secretario general naval y desde ese cargo reclamó una ley de amnistía luego del alzamiento carapintada de 1987. Una vez sancionada la ley de obediencia debida marchó como agregado naval argentino en Washington. Hoy integra el Foro de Almirantes Retirados, para el cual en setiembre de 2005 escribió un artículo justificatorio de los crímenes de la dictadura a los que considera actos legítimos de una guerra contrarrevolucionaria. Según Calandra “la pertinaz e insidiosa campaña de desprestigio de nuestras Fuerzas Armadas llevada a cabo por sectores ideológicos residuales de las antiguas organizaciones terroristas, apoyados por radicalizadas organizaciones compañeras de ruta y varios medios de comunicación ideológicamente afectos, han generado, con el devenir de los años 80 y 90, un significado equívoco, y con frecuencia malicioso, del concepto de la obediencia debida, un pilar ancestral e insoslayable de la disciplina militar. Por supuesto que ello se inscribe en una desfigurada versión de la realidad con el objetivo de presentar a las Fuerzas Armadas principales actores responsables del fracaso de su aventura de los 70 por adueñarse del poder del Estado, como únicas responsables de una cruenta e indiscriminada agresión”. También sostiene que los juicios que se reanudaron en 2001 con la nulidad de la ley de obediencia debida dispuesta por el juez federal Gabriel Cavallo son obra de “sectores minoritarios y disociadores” que recurren a la “acción psicológica” para “afectar la moral de nuestras Fuerzas Armadas, con el objeto de provocar estados de ánimo depresivos impulsando procesamientos sin fin, para disminuir así su cohesión y fortaleza institucional”. Este año, en representación del Foro de Almirantes retirados, Calandra firmó una declaración conjunta con la Unión de Promociones que encabeza el coronel (R) Guillermo César Viola y con la Asociación de Amigos de los represores detenidos de la señora Cecilia Pando de Mercado, una circular dirigida a “la familia militar”, en la que insta a suministrar fiscales a los partidos políticos que se comprometan a conseguir lo que llaman “pacificación nacional”, pero que también mencionan como “poder ver a todos nuestros camaradas recuperando su libertad, en el marco de la vigencia plena del estado de derecho”. La declaración plantea enviar esas listas a “personalidades del ámbito civil que trabajan específicamente en tal dirección”, entre quienes nombra al rabino Sergio Bergman. A bordo de la Fragata Libertad, Massa también conoció al capitán de corbeta Luis Manceñido, uno de los dos capellanes católicos de la ESMA. Según el testimonio del capitán de corbeta Adolfo Scilingo, Manceñido y su colega Alberto Angel Zanchetta confortaban a los oficiales que volvían atribulados de los vuelos de la muerte con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo. Otro miembro de la tripulación era el entonces capitán de corbeta y ahora también almirante retirado Francisco Lucio Rioja, quien desde 2006 está detenido por disposición del juez federal Sergio Torres por más de dos centenares de secuestros, torturas y desapariciones forzadas ocurridos en la ESMA. Rioja usaba el alias de Fibra y en 1999 el juez español Baltasar Garzón solicitó su arresto con fines de extradición. La actividad de Fibra en la ESMA se desarrollaba en el sector llamado Capuchita, donde estaban encadenados los detenidosdesaparecidos. Formaba parte del Servicio de Informaciones de la Marina y fue individualizado por el periodista Jorge Gadano como el hombre que en 1976 secuestró en la corresponsalía de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS)a los periodistas Eduardo Suarez y Patricia Villa, de quienes nunca volvió a saberse.

Revoloteo de los buitres

En los tribunales de Nueva York se presentaron demandas contra la Argentina por 4.600 millones de dólares, más del doble de los 2.100 millones de bonos emitidos bajo la legislación de Nueva York, cuyos tenedores rechazaron la oferta formulada en 2005 por el gobierno argentino. Eso se explica porque fueron comprados en otras jurisdicciones luego del default de 2002, por fondos buitres que tampoco tienen domicilio en los Estados Unidos sino en paraísos fiscales. Uno de ellos, Delaware, está en Estados Unidos pero tiene status extraterritorial. A juzgar por la cantidad de yates con patente de Delaware que fondean usualmente en Punta del Este, es posible que una parte de los tenedores de esos títulos sean argentinos. El fondo Kenneth Dart, que reclama judicialmente 725 millones de dólares fue el primero en comprar sus bonos desvalorizados: el 25 de enero de 2002. Tiene domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. FFI Fund Ltd y FYI Ltd, de las Islas Caimán, reclaman 880 millones, por bonos que adquirieron en 2004. Esos bonos, denominados Floating Rate Accrual Notes, or FRANS pagan un interés compuesto que les brinda rendimientos que van desde el 25 hasta el 101 por ciento anual. Eso explica que de los 880 millones que aspiran a cobrar, sólo 115 millones sean en concepto de capital y el resto por intereses. Capital Ventures Internacional, también de las Islas Caiman, compró en 2005 sus bonos por 156 millones de dólares. Aurelius Capital Partners y Aurelius Capital Master, con sedes en Delaware y las Islas Caimán, adquirieron entre diciembre de 2006 y marzo de 2007 bonos por 324 millones de dólares. NML Capital, de las Islas Caimán, compró 132 millones de dólares de FRAN en 2007 por los que además de ese valor nominal reclama otros 833 millones en intereses.

La represalia

El proyecto de ley presentado por Massa dispone restringir el acceso a los mercados de capitales estadounidenses de los estados extranjeros y de sus empresas públicas que no cumplan con las decisiones judiciales de Nueva York, advertir a los inversores del riesgo de hacer cualquier tipo de negocio con esos estados y sus empresas y someter a control del Congreso de los Estados Unidos cualquier pedido de ayuda que presenten. Massa sigue buscando los fondos necesarios para la campaña en la que buscará su reelección y le confesó a Timerman que había recibido la visita del grupo de lobby que reúne a los fondos buitres. En cartas enviadas a otros diputados, Timerman contó que en los años de su exilio se preguntaba por qué alguien prestaría dinero a un régimen que arrojaba personas vivas desde los aviones, entre ellas dos monjas. “Hoy debemos preguntarnos por qué las víctimas deberían pagarle a los banqueros e inversores que hicieron esos préstamos a los genocidas. Puede ser que para ellos nada haya cambiado”. En el caso de Massa, todo queda más claro.