Ante todos los micrófonos que tuvo a su alcance el represor Luis Patti repetía “no tengo causas abiertas”, y cuando fue preso por delitos de lesa humanidad cambió a “tengo esta sola causa”. Pero se va quedando sin libreto porque ahora la Corte Suprema envió a juicio oral otro de los procesos que el ex comisario preso en Marcos Paz tiene en su contra. El aspirante a candidato será juzgado por encubrir a los ex militares Luis Arias Duval y Jorge Granada, que estaban prófugos en una causa donde se los investigaba por su actuación en la represión de la “contraofensiva” de Montoneros en plena dictadura. Ayer, el máximo tribunal rechazó el último recurso de queja del torturador confeso.

Luis Abelardo Patti, quien supo jactarse de que para esclarecer un delito había que cometer al menos cuatro o cinco y entre ellos apremios ilegales, busca desde hace años volver a conchabarse en la política para obtener los fueros que lo protejan de las numerosas acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos. En las sucesivas campañas electorales, cada vez que algún cronista lo interrogaba respecto de sus cuentas pendientes con la Justicia él repetía que no tenía ninguna. Incluso en 2005 mostró un certificado que carecía de antecedentes penales, pero luego Página/12 comprobó que el Registro Nacional de Reincidencia lo había emitido sin tener el dato del procesamiento del represor en la causa sobre la desaparición de los montoneros que protagonizaron la “contraofensiva” porque la Justicia no lo había informado al organismo.

El 26 de agosto de 2003 el juez federal Claudio Bonadío consideró que el represor había cometido el delito de encubrimiento porque descubrió que le hizo llegar dinero al teniente coronel retirado Jorge Granada, que tenía pedido de captura en la causa que investiga la de-saparición y muerte de militantes montoneros en 1980. En su indagatoria, Patti reconoció su amistad con Granada, pero dijo que no sabía que estaba prófugo. Sin embargo, los investigadores probaron lo contrario: el juzgado grabó una conversación en la que Granada le decía a Patti: “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme”. A través de otro imputado, el juez supo que el ex intendente de Escobar habría recomendado al prófugo que “arreglara con Mónica”, una colaboradora suya, cuáles serían los mecanismos para obtener protección. En una charla con alumnos del Taller Escuela Agencia (TEA), Patti reconoció que le dio 500 pesos a Granada, y dijo que “se los volvería a dar” porque lo conoce “desde hace 20 años”.

El abogado Silvio Duarte apeló la medida en nombre de Patti, pero el 15 de diciembre de 2003 la Cámara Federal rechazó la apelación y confirmó el procesamiento de Bonadío, aunque decidió que Patti podía esperar en libertad que se concrete el juicio oral, ahora más cercano. El juez había dictado un embargo sobre los bienes de Patti de tres mil pesos. Su sucesor, el juez Ariel Lijo, dispuso cerrar la investigación y enviar la causa a sorteo para que se asigne el tribunal encargado de juzgar al ex intendente de Escobar por este hecho ocurrido en el 2002, cuando todavía ocupaba ese cargo comunal. Pero los recursos interpuestos por la defensa de Patti en todas las instancias judiciales demoraron el juicio, hasta ayer que la Corte removió el último escollo. Para los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay la presentación de Patti no cumplió con los requisitos para ser aceptada. Como se trata de un delito correccional y corresponde un tribunal unipersonal será el juez Lijo quien juzgue a Patti.

Granada fue apresado en julio de 2003 por su participación en el secuestro de montoneros que en 1979 y 1980 regresaron a Argentina para desplegar una contraofensiva contra la dictadura. Entre los desa-parecidos estuvieron Angel Carbajal, Matilde Rodríguez de Carbajal, Jorge Benítez, Ricardo Zucker, Raúl Milberg y Julio Genoud. En esa causa llegaron a estar presos los ex jefes de esa organización Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. En diciembre de 2007 el acusado Arias Duval fue condenado a 25 años de prisión, mientras que Granada sigue en condición de prófugo, con orden de detención de noviembre pasado por una causa en Bahía Blanca. Patti está preso desde abril del año pasado por haber secuestrado al ex diputado justicialista Muniz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio del ex militante de la Juventud Peronista Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico, y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. Su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y la causa fue elevada a juicio. El ex comisario volvió a postularse para ver si logra una banca en el Congreso. Pero la candidatura fue objetada por sus víctimas y organismos de derechos humanos, y está a estudio de la Cámara Nacional Electoral.