El diputado-candidato de Unión-PRO, Francisco de Narváez, cumplió ayer con su promesa: siguió de campaña y mandó a sus abogados a recusar al juez Federico Faggionatto Márquez que lo había citado a declaración indagatoria. Argumentó “animosidad hacia mi persona e irregularidades en el proceso” y ahora debe esperar la respuesta del magistrado que lo imputó en la investigación por tráfico de efedrina. En el juzgado de Zárate-Campana estuvieron trabajando hasta entrada la noche en el rechazo al planteo. Los abogados del diputado, Alejandro Carrió y Gustavo de Urquieta, están elaborando el informe que en ese caso presentarán ante la Cámara Federal de San Martín. La estrategia defensiva tiene por objetivo evidente llegar sin más sobresaltos judiciales a las elecciones del 28 de junio.

El viernes pasado Faggionatto Márquez firmó la citación a declaración indagatoria de De Narváez. El sábado trascendió en los medios y desde ese día el candidato venía anticipando que recusaría al juez por considerar “obsceno” que lo citara a veinte días de los comicios en los que espera revalidar su banca. El comunicado de prensa que elaboró su equipo proselitista como síntesis de la presentación sostiene que el magistrado “abandonó la objetividad e imparcialidad que resulta exigible en un magistrado, para convertirse en una suerte de vocero periodístico de algunas diligencias procesales orientadas exclusivamente respecto de mi persona”. Abunda en que son “múltiples los motivos por los que se promueve la recusación”, que “demuestran claramente la incorrecta actitud de Su Señoría dirigida hacia mi persona”.

La citación al diputado llegó a la Cámara baja el lunes. En una cédula judicial de varias carillas Faggionatto Márquez le informó a De Narváez los motivos por los cuales decidió requerir su declaración ya no como testigo sino como imputado. Los dichos de dos testigos de identidad reservada que aportan información sobre supuestas vinculaciones del empresario con el detenido por narcotráfico Mario Segovia y un intercambio de e-mails entre el propio De Narváez y un periodista del diario La Nación son algunos de los nuevos elementos incorporados a la causa revelados anteayer por Página/12.

En fuentes allegadas al juzgado se comentaba que los testimonios señalan a De Narváez como “el supuesto financista de una asociación ilícita”. La citación es el instrumento para confrontar los dichos y hechos señalados por los testigos de identidad reservada con la defensa del diputado. De Narváez negó por los medios cualquier tipo de relación con Segovia, quien está preso en el penal de Ezeiza, pero optó por enviar a sus letrados a recusar al juez. En su raid mediático el candidato de Unión-PRO insistió en que la citación responde a una “sucia operatoria que el kirchnerismo quiere impulsar, por una connivencia con el Poder Judicial” y abogó por “una Justicia independiente, en la que sus miembros no se expongan en los medios permanentemente, como lo está haciendo Faggionatto Márquez”.

“La efedrina no llega a la gente, seguirán intentándolo, al señor de Campana lo recusaremos”, escribió De Narváez en un e-mail a un periodista el pasado 9 de mayo. Cuatro días después, Mariano Cúneo Libarona como defensor de Segovia recusaba al juez. Cúneo Libarona cumple también tareas como abogado corporativo de América TV, una de las empresas de De Narváez. El intercambio de correos electrónicos privados llegó al juzgado en forma anónima. El juez los remitió a la Cámara Federal de San Martín para que los considerara en el marco de la recusación planteada por Segovia. Los camaristas ratificaron la continuidad del juez que luego le tomó declaración testimonial al columnista Carlos Pagni, quien confirmó la veracidad de esa correspondencia.

Apenas trascendió en la prensa la existencia de cuatro llamadas desde un teléfono Nextel a su nombre a Segovia, el diputado puso en marcha una batería mediático-judicial para conjurar una supuesta “persecución política”. De Narváez se autodenunció, mandó a su jefe de custodia y al administrador del campo en Luján donde trabaja Danilo Coronel a filmar con cámara oculta al empleado en la madrugada de un lunes en General Rodríguez. Dijo que no iba a hacer uso de sus fueros, pero apeló a ellos para declarar por escrito. Sus colaboradores se quedaron con el Nextel que usaba Coronel y lo entregaron varios días después, recién cuando la Justicia se los requirió. Mientras tanto, Cúneo Libarona recusaba al juez denunciando que le había ofrecido a Segovia beneficiarlo a cambio de que involucrara a De Narváez. La Cámara rechazó el planteo y Faggionatto Márquez siguió acumulando prueba hasta que decidió requerir al diputado como imputado. Esta vez De Narváez en persona es el que recusa al juez y ante el seguro rechazo del juzgado será la Cámara la que tomará la palabra. Por lo pronto, los abogados de diputado dijeron que no presentarían otro pedido de juicio político contra el magistrado. En el Consejo de la Magistratura están en trámite 38 pedidos de juicio político contra el juez que se subsumieron en diez causas. El senador radical por Mendoza Ernesto Sanz es el consejero instructor del proceso que evalúa la defensa que presentó Faggionatto el 30 de mayo. A unas dos semanas de las elecciones, las fichas se mueven en el tablero de la Justicia.