El juez Fernando Lima ordenó a la gestión de Mauricio Macri que comience a construir en un plazo de dos meses las viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según los vecinos– el jefe de Gobierno quiere entregarle a Boca Juniors. Su Señoría también le impuso una multa de cuatro mil pesos por haber entorpecido en forma “maliciosa” en avance del proceso judicial. “Las declaraciones públicas (aún luego desmentidas) son confusas y contradictorias, las licitaciones sugestivamente nunca llegan a buen puerto y las partidas presupuestarias pertinentes son reducidas u ‘olvidadas’”, describió el magistrado.

En 2005, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) preadjudicó 1231 viviendas para unas cuatro mil familias en los terrenos de Casa Amarilla como parte del programa “Viví en tu casa”. Cuando asumió Macri, el proyecto se estancó en el IVC, donde el jefe de Gobierno ubicó a Eduardo Petrini, quien proviene de Boca, donde se dedicaba a la compra y venta de jugadores. Un grupo de preadjudicatarios de las viviendas formó la asociación civil “Casa Amarilla” y envió cartas documento a Macri y al titular del IVC, Roberto Apelbaum, que tuvo un sugestivo traspié en la Legislatura en 2008, cuando habló del destino de los terrenos. “El IVC no ha cedido tierras al club Boca Juniors. Si hubiera una petición, obviamente la consideraríamos”, afirmó.

–¿No hay un pedido del club para que les cedan tierras? –le insistió entonces el titular de la Comisión de Vivienda, Facundo Di Filippo.

–Que me haya llegado, todavía no.

Sin embargo, seis días antes, el IVC recibió una carta del club en la que solicitaba la cesión de los terrenos. La respuesta del IVC había sido que estaban adjudicados a viviendas sociales, pero que “sin perjuicio de lo expuesto, les informamos que la transferencia podría ser atendida en forma parcial y a título oneroso, previa intervención legislativa que autorice la modificación del destino del inmueble”.

Los vecinos que reclaman las viviendas se presentaron a la Justicia y obtuvieron un primer fallo favorable del juez Roberto Andrés Gallardo, que embargó los 14 millones de pesos que representaban la partida para esas viviendas. Ese fallo fue revocado y el gobierno porteño respondió con una querella por daños y perjuicios contra Gallardo y la recusación al juez en cerca de 700 causas. La inédita iniciativa PRO no prosperó.

La causa recayó en el juzgado de Lima, quien ordenó en primer lugar que el gobierno porteño se abstuviera de cambiar el destino de las tierras hasta que se resolviera la cuestión de fondo, sobre la que falló ayer. El juez destacó que existe una ley de la Legislatura para la construcción de esas viviendas que el gobierno porteño está ignorando y señaló que la gestión PRO dejó caer tres licitaciones para la construcción de esas viviendas. “El Estado no puede simplemente dejar languidecer un programa vigente. La demora, la confusión, la multiplicación de meandros burocráticos ha llevado a que se produzca una franca contradicción con una clara decisión de la Legislatura, lo que agravia los intereses jurídicamente protegidos de los demandantes”, estimó Su Señoría.

También mencionó que la administración macrista se negó a entregar diversa documentación cuando fue solicitada por el juzgado y, cuando las aportaron los vecinos, desconoció que fuera verdadera. Una vez que se comprobó la veracidad de los documentos, el juez estimó que el gobierno tuvo una actitud desmedidamente reticente y le impuso una multa de cuatro mil pesos por “malicia”. El dinero será donado al Hospital Fernández.

El magistrado también cuestionó la posición del procurador porteño Pablo Tonelli por plantear “la política pública de que los funcionarios no acudan a las citaciones de los jueces, lo que tiene como consecuencia la generación de obstáculos para el acceso a la Justicia”. Tonelli prefirió no hacer declaraciones. En su entorno sólo señalaron que apelará.

“El fallo viene a corregir la reticencia del Ejecutivo local fundada en la petición de Boca Juniors de esos terrenos”, destacó el legislador Di Filippo, que se presentó en la causa como amicus curiae. “El fallo es congruente en observar la obstrucción de Macri y la negligencia del IVC para realizar esta obra”, estimó.