Por A.M.

El juez federal Norberto Oyarbide citó como testigo al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, en una causa en la cual la ex embajadora menemista Alicia Martínez Ríos está acusada de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Ayer, tal como adelantó Página/12 el domingo, la ex funcionaria prestó declaración indagatoria ante el magistrado y respondió preguntas durante cuatro horas. La autodefinida “Gostanian femenina” habría impulsado un trámite por el cual la Cancillería acordó el pago de honorarios millonarios a un abogado, y en el cual fue falsificada la firma del ex ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella.
La causa se inició en abril del 2000 a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción e investiga el acuerdo por el que la funcionaria autorizó al abogado Ernesto Galante, en representación de la empresa Celulosa, a cobrar honorarios por más de 100 millones de pesos. Las autoridades de la Cancillería durante el anterior gobierno se negaron a convalidar el acuerdo. Galante recurrió a la Justicia, pero como las primeras instancias le fueron desfavorables el caso llegó a la Corte Suprema y también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Martínez Ríos explicó ayer ante el juez por qué como secretaria de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno menemista, tramitó el acuerdo con Galante, según explicaron fuentes judiciales a la agencia Télam. La ex funcionaria y diputada peronista negó los cargos y aportó documentación. A pesar del hermetismo del juzgado, este diario pudo saber que en su declaración habría indicado que mantuvo contactos con el juez Fayt mientras gestionaba el acuerdo. Pero el juzgado decidió confirmar esto con el propio ministro interrogándolo como testigo. Fayt puede elegir declarar por escrito en lugar de presentarse en los tribunales de Retiro. Galante está acusado de haber sido partícipe en la maniobra, fue indagado la semana pasada, pero se negó a declarar.
El fallecido canciller Di Tella había sido citado por el ex juez Gabriel Cavallo, que llevaba la causa, y negó haber firmado el decreto del acuerdo. “No sólo no ordené en fecha tan extemporánea la elevación de esa propuesta de acuerdo con la Presidencia sino que no lo hice nunca y jamás podría haberlo hecho ya que, cuando hacia noviembre de 1999 fui enterado de su existencia manifesté mi abierta negativa a concretarla por considerarla absolutamente improcedente y sin fundamentos”, declaró. Y agregó que “el entonces vicecanciller Andrés Cisneros le había transmitido con suma elocuencia ese rechazo a la embajadora Martínez Ríos”. A mediados de julio del 2001, el magistrado recibió el resultado de un peritaje caligráfico que determinó que la firma estampada en el documento no correspondía con la de Di Tella.
Un día antes de que Menem abandonara la Presidencia circuló un decreto con la firma de Di Tella que autorizaba el pago. Pero Galante no tuvo suerte porque aquel 9 de diciembre de 1999 el ex presidente firmó 200 decretos y el suyo quedó afuera.