Fuera de juego. Así quedó el represor Luis Abelardo Patti tras el fallo de la Cámara Electoral que ayer vetó su candidatura a diputado nacional por estar procesado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En un fallo en el que se hace eco de las impugnaciones realizadas por familiares de sus víctimas y por organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS e HIJOS, el tribunal dictaminó que no puede ser candidato “hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado” en ese expediente. “Ahora el mensaje es más claro y coherente, antes había una situación esquizofrénica entre la justicia electoral y la penal, porque la misma semana en que la Cámara le negaba la excarcelación, el juez Manuel Blanco decía que podía ser candidato”, dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, familiar de una de las víctimas del fallido postulante.

La hija del ex diputado de la Tendencia Revolucionaria Diego Muniz Barreto no daba crédito a los trascendidos. “No lo podíamos creer, pero luego, cuando vimos el fallo, sentimos alivio, ahora la causa va a ir más rápido”, relató en referencia al expediente que llevó a Patti a la cárcel de Marcos Paz y que podría llegar a juicio oral antes de fin de año.

Patti está procesado con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal de San Martín por los secuestros del ex diputado Diego Muniz Barreto y su colaborador Juan José Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Ariosti, hechos cometidos entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía Federal y prestaba servicio en la comisaría de Escobar. Su detención no impidió que en las últimas semanas hiciera campaña desde un teléfono del penal conectado a un altoparlante en varios actos organizados por sus hijos Ignacio y Maximiliano, candidatos y funcionarios políticos de Pilar y Escobar. Sin embargo, ayer los jueces de la Cámara Nacional Electoral Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné lo sacaron de la competencia electoral, a la que se había presentado como candidato de la duhaldista alianza Con Vos Buenos Aires, que lidera Daniel “Chicho” Basile, y de los carapintadas del Movimiento por la Dignidad y la Independencia.

Los tres magistrados fundamentaron su veto en dos razones: por un lado expresaron que “un ciudadano que, como Patti, está impedido de ejercer el cargo de diputado por haber sido separado de la Cámara de Diputados a partir de la detención que sufre en un proceso penal, no puede competir para acceder a ese mismo cargo, que no podrá desempeñar hasta tanto no se resuelva definitivamente su situación penal; y por el otro valoraron “la obligación internacional asumida por el Estado argentino de evitar cualquier medida que pudiera obstruir de algún modo la investigación y el juzgamiento de los hechos calificados como violaciones a los derechos humanos, lo cual podría ocurrir en la hipótesis de que se invoquen los fueros parlamentarios para liberar a quien está detenido en un proceso judicial de esta naturaleza”. Es decir, los camaristas ponderaron que Patti está preso y desaforado y, por lo tanto, sería un “contrasentido”, tal como lo expresaron en el fallo, que la Constitución exija desaforar a un diputado para que sea arrestado y que al mismo tiempo admita que quien ya fue separado de su cargo y está detenido pueda postularse para ejercer las mismas funciones de las que fue apartado. Por lo tanto, concluyeron que “la única interpretación aceptable es que el legislador que se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y permanece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional no puede postularse a la reelección para ese cargo hasta tanto no se resuelva su situación penal y sea liberado”.

Mi pasado me condena

El represor que supo elogiar la tortura como método para esclarecer delitos, y que sigue ganando adhesiones con su prédica de mano dura, había sido electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en octubre de 2005. Los camaristas interpretaron que ahora se postula para lo que hubiera sido su reelección. Pero Patti no pudo asumir en dos ocasiones, por diferentes motivos. El 23 de mayo de 2006 la Cámara de Diputados rechazó su incorporación por “inhabilidad moral”. El represor apeló y la Cámara Electoral en aquella oportunidad resolvió que los diputados no podían rechazarlo porque no había sido impugnado antes de que el pueblo lo eligiera. La Corte Suprema ratificó esa decisión. Pero cuando se produjo esa sentencia, en abril de 2008, Patti tampoco pudo asumir porque ya estaba detenido desde noviembre de 2007 por el asesinato y desaparición de militantes justicialistas, entre ellos Muniz Barreto, Gonçalves y otros. Logró que lo liberaran pero sólo por unas pocas horas, que no le alcanzaron para quedarse con la banca porque el 17 de abril de 2008 el juez de la causa pidió su desafuero, y la Cámara de Diputados lo votó, por lo tanto volvió al “pabellón de lesa” que comparte con represores de toda calaña.

La Cámara resaltó la naturaleza de los delitos que se le imputan a Patti y estableció que como su elección podría provocar su liberación, en razón de los fueros parlamentarios que podría obtener, los tres poderes del Estado “tienen la responsabilidad de actuar en forma coordinada para cumplir con las normas internacionales que le imponen al Estado argentino evitar cualquier medida que pudiera entorpecer la investigación de esta clase de crímenes y su juzgamiento”. Además, hizo un llamado al Poder Legislativo para que avance en la sanción de una ley específica que regule estos casos. Así, Patti no podrá ser candidato aunque hoy mismo los abogados del represor presenten una apelación para tratar de revertir el fallo en la Corte Suprema: los plazos para resolverla colocan cualquier improbable modificación más allá del 28 de junio y un recurso ante el máximo tribunal no tendría efectos suspensivos.

Los camaristas Corcuera, Munné y Dalla Vía dejaron aclarado que su sentencia no afecta el principio de inocencia del que aún goza Patti, que no tiene ninguna sentencia firme en la media docena de causas que cosechó debido al contexto de impunidad que persiste. Sus víctimas esperan que para 2011 ya tenga alguna.