La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que el caso del asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda, y el secuestro de su madre Iris Pereyra, fue “parte del plan sistemático y del genocidio”. Lo expresó en su alegato Ciro Annicchiarico, abogado querellante de ese organismo en el juicio oral y público en el que están imputados los autores materiales y mediatos de esos crímenes, entre ellos el genocida Santiago Omar Riveros. También alegó la abogada Liliana Mazea, querellante por el colectivo Justicia Ya!, quien destacó que el Estado argentino está en mora respecto de incorporar la figura de genocidio al Código Penal. El lunes será el turno de la fiscalía, el miércoles de la defensa y para los primeros días de julio el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictaría sentencia.

Mazea recordó que por el caso 103 Iris Pereyra de Avellaneda, los tormentos, la privación ilegal que sufrió y el robo de sus bienes, fue condenado el dictador Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas. En su alegato, que desplegó con puntillosa precisión las argumentaciones estrictamente jurídicas, la abogada destacó que la Convención para la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio fue ratificada por ley en 1958 y aún no se incorporó a la legislación interna el delito de genocidio, entendido como el ataque “discriminado” a determinados grupos de una población para lograr su destrucción, lo que produce con su ausencia la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores que querían implantar los represores. Algo que se aplica, según Mazea y el abogado Carlos Slepoy, al caso argentino donde “un grupo nacional decidió la destrucción de otro, que era la mayoría del pueblo en cuanto a su oposición a la dictadura y sus concepciones filosóficas”.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos hizo reflexiones de carácter histórico y destacó que “no hubo absolutamente ninguna guerra, ni tampoco dos bandos equivalentes enfrentados o ‘dos demonios’, si no baste preguntarse ¿qué clase de peligroso guerrero demoníaco implicaría un joven de 14 años como fue Floreal Edgardo Avellaneda?”. Agregó Annicchiarico que “no existió causal legal alguna de justificación para los aberrantes delitos cometidos por el Estado”, y que estos crímenes “son y serán siempre perseguibles mientras vivan sus responsables porque ya en el momento de su comisión las conductas aquí enjuiciadas formaban parte del concierto de delitos de lesa humanidad”. El abogado afirmó que “todos los autores responsables, por la índole de las torturas infligidas, o por el conocimiento de que ellas le serían aplicadas han tenido plena determinación y cabal conocimiento sobre el destino fatal que le esperaba a Floreal Avellaneda”, y por lo tanto pidió la pena de reclusión perpetua para los seis genocidas, “en cárcel común”. Lo mismo habían solicitado Mazea y el resto de los querellantes.