La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla denunciaron ante la Procuración General de la Nación por “parcialidad” y por “no representar los intereses de la sociedad” al fiscal Juan Romero Victorica. Ambos querellantes relataron que el lunes, durante una audiencia, el fiscal ante la Cámara de Casación elogió la trayectoria del ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Smart, procesado por delitos de lesa humanidad en centros clandestinos del circuito Camps.

Romero admitió una relación de “más de cuarenta años” con Smart, a quien llama cariñosamente “Jimmy”, y anticipó su posición sobre los hechos de fondo, relató el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén. “No puedo creer que Jimmy sea responsable”, opinó el fiscal. Luego sugirió “presiones del poder político sobre los jueces”, celebró supuestos “nuevos vientos que oxigenan a la Justicia”, se pronunció a favor de los indultos y también de la excarcelación de Smart y del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean, el único tema sobre el que debía hablar.

Los dos ex funcionarios eran superiores del dueño de vidas y muertes de la provincia, el ex jefe de la bonaerense Ramón Camps. El juez Arnaldo Corazza los procesó por más de sesenta privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez, que padeció entre otros el periodista Jacobo Timerman. En febrero, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos, les negó la excarcelación, revocó el arresto domiciliario y ordenó que fueran trasladados a una cárcel. La apelación de los defensores, que en teoría no suspende la concreción de la resolución, implicó por excepción que Smart y Saint Jean gocen hasta hoy de arresto domiciliario, confirmó a Página/12 el abogado Ramos Padilla, que patrocina al embajador Héctor Timerman y a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani.

El 18 de mayo, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Gustavo Hornos, Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, rechazó una impugnación de los defensores de los imputados para que los querellantes pudieran debatir las eventuales excarcelaciones. Ante un pedido de prórroga de los abogados (un hijo de Sain Jean y Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Gobierno de la dictadura, denunciado por participar en los mismos delitos que su cliente), el tribunal fijó para el 29 de junio la discusión de la cuestión de fondo. El lunes a primera hora, medio centenar de septuagenarios trajeados, en su mayoría ex funcionarios de la última dictadura, obligaron al tribunal a habilitar la sala mayor de Comodoro Py. En ese contexto, y al mejor estilo Bisordi, se explayó Romero Victorica. Dijo que hacía más de cuarenta años que conocía a “Jimmy”, destacó su trayectoria en la Cámara Federal en lo Penal creada en la dictadura de Juan Carlos Onganía para perseguir a organizaciones políticas y como ministro de gobierno tras el golpe de 1976.

Alén y Ramos Padilla consideran en su denuncia ante el procurador Esteban Righi que la posición de Romero “constituye un incumplimiento de sus deberes como fiscal, va contra los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden el juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad”. Agregaron que su actuación está “teñida de parcialidad, no representa al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”, requirieron que se lo aparte de la causa y que el Consejo Evaluador de la PGN evalúe su actuación y establezca las sanciones que correspondan. Mientras tanto, la causa sigue su curso. El juez Corazza ya cerró la instrucción y dio traslado a las partes para que requieran la elevación a juicio.