El fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, fue contundente en relación con el designado jefe de Policía de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Alberto “El Fino” Palacios. En diálogo con Página/12 sostuvo que “los elementos para procesar al comisario retirado Palacios son categóricos. Tenía orden de allanar los domicilios de un sospechoso del atentado. Sus efectivos llegaron a las ocho de la mañana y, según ellos mismos declararon, Palacios les dio la orden de entrar recién a las siete de la tarde, cuando ya todo el barrio y hasta el propio sospechoso sabían que lo estaban por allanar. Además, desde su celular se hicieron dos llamadas al sospechoso. No fueron, como se pretende decir ahora, de tres a cinco segundos. La primera fue de casi un minuto y la segunda de medio minuto. Eso significa que hablaron. Y, para colmo, las comunicaciones se establecieron a poco después de las 11 de la mañana, mucho antes del allanamiento. Por otra parte, en los dos domicilios que sí se allanaron, los hombres de Palacios, según declararon los testigos, actuaron en forma muy distendida y no secuestraron ninguna documentación, pese a que ésa era la orden ¿Usted se imagina el allanamiento al domicilio de un sospechoso de participar en un atentado en el que no se secuestra ni una agenda ni un papel?”.

El fiscal Nisman acusó a Palacios en un largo escrito en el que le imputó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y retardo de los deberes del oficio, incumplimiento de la obligación de persecución y represión de delincuentes, falsedad de documento, destrucción de prueba y falsedad por destrucción o sustracción de documentos. La decisión sobre el procesamiento de Palacios la debe tomar el juez federal Ariel Lijo, quien se pronunciará después del décimo quinto aniversario del atentado, el próximo 18 de julio. Todo indica que Lijo procesará a Palacios. La lógica indicaba que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, debía esperar, al menos, la resolución del juez.

Palacios registra otro antecedente igualmente grave. A raíz de una investigación sobre robo de autos, por orden judicial se grabaron todas las conversaciones telefónicas de Jorge Sagorsky, el hombre que le hacía los pedidos de vehículos a la banda que después terminó secuestrando y asesinando a Axel Blumberg. Sagorsky les decía qué marca, modelo y color necesitaba para comerciar, la mayoría de las veces a través de comercios de la avenida Warnes. La relación entre ladrones, reducidores y policías quedó probada en la investigación del secuestro de Axel, pero entre las grabaciones apareció una llamada entre el reducidor Sagorsky y el comisario Palacios. El diálogo se estableció a través de un comisario inspector retirado, pero Sagorsky y Palacios se mandan mutuos saludos y abrazos e incluso hablan de la provisión –que no se llega a concretar– de una camioneta 4x4 para que Palacios vaya a pescar. Sagorsky y Palacios quedan en juntarse a tomar un café. En el juicio por el secuestro de Axel Blumberg, Sagorsky fue condenado a seis años y seis meses de prisión por ser integrante de la banda.

–Se está argumentando que en el caso AMIA, no fue Palacios el que llamó al sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul, sino que se trató de uno de sus subordinados ¿Es cierto? –le preguntó este diario al fiscal Nisman.

–No, de ninguna manera. El celular utilizado está a nombre de Palacios y, para colmo, ese número se ocultó durante buena parte de la investigación. Citado a declaración indagatoria, Palacios dijo que le entregó los celulares a sus subordinados, sobre todo al principal Carlos Alberto Salomone. Sin embargo, está probado que éste y todos los demás policías no usaban celulares de Palacios, sino los provistos por la Policía Federal. Además, el propio Salomone desmintió a Palacios. Dijo que nunca usó un celular de Palacios y que no llamó a Kanoore.

La investigación sobre Kanoore Edul tiene su importancia, aunque nunca terminó de prosperar. De las escasas evidencias de la causa AMIA, la que más llama la atención es que el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado, desde un celular a nombre de Kanoore Edul se llamó al domicilio de Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que hasta ese día tuvo en su poder la camioneta Trafic que estalló frente a la mutual judía. Kanoore Edul nunca pudo explicar esa llamada y dio tres versiones distintas de esa comunicación. Por otra parte, tampoco tiene explicación un segundo hecho asombroso. Cinco minutos antes del atentado, un camión dejó un volquete de la empresa Nassib Haddad frente a la AMIA. En la hoja de ruta que siguió ese camión figura un baldío de la calle Constitución 2600, donde vive Kanoore Edul. La catastrófica investigación inicial impidió avanzar en esta pista y según afirma Nisman, cuando se retomó la pesquisa sobre Kanoore, una llamada de Munir Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem, paralizó las cosas: la SIDE suspendió, sin avisarle al juez, las escuchas telefónicas y Palacios realizó el curioso allanamiento que se le cuestiona.

Aquella medida judicial tenía máxima importancia, porque debía concretarse muy poco después del atentado, el 1° de agosto de 1994. O sea que se trataba de una pista caliente. En la mira, estaban tres domicilios de Kanoore, los tres en la calle Constitución.

–No es inhabitual que a veces se haga algún llamado a un lugar que se va a allanar para preguntar si está el sujeto buscado e irrumpir con mayores seguridades de poder aprehenderlo. ¿Por qué en este caso las llamadas dan para pensar que fueron para avisar el allanamiento?

–Es cierto. A veces se usa ese método. Se hace la llamada, se verifica si la persona está y de inmediato se irrumpe. Pero présteles atención a tres detalles. Desde el celular número 411-5884, a nombre de Palacios, se llamó a las 11.29 y 11.36. Los diálogos no fueron cortos y no se procedió a allanar, sino que se demoró todo hasta las 17.20 horas. En segundo lugar, las llamadas fueron hechas a los teléfonos 4941-0024 y 4942-9146. Ninguno de esos números figura en el expediente y, curiosamente, Palacios pidió en 1997, tres años después que se identifique a quién pertenecían esos teléfonos ¿Cómo lo explica si él mismo llamó a esos números aquel 1° de agosto? Tampoco su celular figuraba en el expediente, lo mantuvo oculto y fuera de la investigación. Por último, uno podría llamar a los teléfonos para ver si está la persona que se busca aprehender, pero lo cierto es que las dos llamadas se hicieron a negocios de Kanoore, o sea que se veía desde afuera que el sospechoso estaba allí. Me pregunto: ¿qué otra razón que no fuese beneficiar a los Kanoore Edul pueden haber tenido estos llamados tan celosamente ocultos?

–¿Qué pasó finalmente en los allanamientos?

–De los tres allanamientos ordenados, uno directamente no se cumplió y se adujeron razones espurias. En los otros dos no se secuestró absolutamente nada, ni una agenda, ni una chequera ni un papel. Los testigos civiles convocados dijeron que les sorprendió el clima distendido. Para redondear la idea, hay una escucha telefónica en la que dos personas ligadas a Kanoore dicen que están a punto de allanar y, para las 17.20, eso era vox populi.

Alberto Jacinto Kanoore Edul, Albertito, es hijo de Alberto Kanoore Edul, un amigo de los Menem que en su momento hasta participó de la delegación a Libia que encabezó José López Rega. Llegó a ser presidente del Centro Yabrudense, que agrupa a los que vienen de la ciudad siria de Yabrud, como los Yoma y los Al Kassar. Según Nisman, tanta cercanía hizo que una llamada de Munir Menem –probada en el expediente– empantanara esta pista.

Varios años después, en 1998, llegó a la Argentina una delegación de expertos del FBI. Fue enviada por el entonces presidente Bill Clinton a raíz de un diálogo que mantuvo, cuando vino en visita oficial a Buenos Aires, con los familiares de las víctimas del atentado. El diálogo se concretó, incluso con la presencia de su esposa Hillary, en el Hotel Sheraton. Los expertos del FBI revisaron la causa judicial, los peritajes sobre explosivos y las comunicaciones. Terminada su visita emitieron un dictamen de doce páginas. La conclusión principal es que debía volverse a investigar la pista Kanoore Edul. Aquella por la que Nisman acusa al designado jefe de la Policía Metropolitana.