Todavía no están impresas las invitaciones. Ni siquiera se confeccionó la lista de invitados. Pero ya hay quien eligió el traje con el que irá. El consejo económico y social, que ayer la presidenta Cristina Fernández ni mencionó, quedó instalado como el paso siguiente que arrojará el gobierno sobre los sectores representativos de la economía. Así se interpretó la convocatoria amplia al diálogo que formuló, desde San Miguel de Tucumán, la primera mandataria. Si el primer resultado que buscaba el Gobierno era instalar el tema como eje de debate, cabría decir que lo logró. En el escenario económico, hubo voces abiertamente a favor, porque lo esperaban, porque lo reclamaban. Otras escépticas, desconfiadas. Pero nadie se atrevería a decir que fue un anuncio intrascendente, aunque todavía falte conocer cómo será el instrumento y cuál será su contenido. Ya el martes último, la Unión Industrial Argentina tuvo una extensa reunión con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la que los empresarios empezaron a tomar registro de una actitud diferente. “Nos llevamos respuesta a casi todo”, señaló para sorpresa de todos Héctor Méndez, a la salida. Un extenso temario sobre aspectos impositivos, regulaciones e incentivos fiscales habían sido parte de una agenda sobre la cual se coincidió en objetivos y hasta en formas de instrumentación. “Esta es una reunión de Estado, la Presidenta está puntualmente al tanto de lo que aquí se trata”, los había recibido ceremonioso el funcionario santacruceño. El tono de sus palabras dio una señal de un trato diferente, de mayor nivel. El desarrollo de la reunión y sus resultados lo ratificó.

Apenas cuatro días antes, la propia UIA, la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación Empresaria Argentina habían planteado en paralelo la necesidad de generar un marco de mayor diálogo para “poder pensar en un modelo de crecimiento sostenido”. El secretario de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, había ido más allá al señalar que “sería prudente volver a mirar al consejo económico y social”.

El proyecto existió. Hubo varios intentos parciales de darle forma. Una vez fue la dirigencia industrial junto a la CGT y la Iglesia, en otra oportunidad fue una propuesta de un sector empresario junto al economista Aldo Ferrer, pero en ambos casos tuvieron más características de “pacto” que de un consejo amplio. En otras oportunidades, fue el Gobierno junto a sectores privados (empresarios y sindicalistas) los que invitaron a mirar el ensayo español de consejo económico y social, incluso trayendo al país a Jaime Montalvo, su presidente. Ninguno de estos intentos prosperó.

Casi todos estos ensayos ocurrieron entre 2004 y 2005. Eran tiempos de prosperidad, de crecimiento acelerado y de salida sin obstáculos (al menos, es lo que parecía) de la peor crisis vivida por la economía argentina en setenta años. Tiempos sin urgencias, en los que la idea parecía instalada pero sin apuro de llevarla a la práctica. Cristina Fernández la retomó e instaló como eje de su propuesta de gobierno apenas iniciada la campaña para las presidenciales de 2007, pero pocos repararon en la idea, ni siquiera para criticarla.

¿Por qué podría despertar más interés hoy la idea que en las veces anteriores? “Porque antes no había urgencias; hoy la bomba está sobre la mesa y la mecha es corta”, sintetizó un actor que participó en varios de los episodios descriptos. Y tradujo: a ninguna de las entidades medianamente representativas (“sólo las que no tienen nada atrás pueden jugar a avivar el conflicto”), sean empresarias o sindicales, les resulta cómodo prolongar una situación de inestabilidad y crisis. Y entre los que apostarán por la previsibilidad, algunos también computan a las agrupaciones políticas “progresistas” que interpreten que de una crisis profunda raramente se sale por izquierda.

La tarea siguiente le corresponde al gobierno: definir el instrumento, un consejo para qué y con quién. Ayer, la Presidenta dio señales de que se buscarán definiciones de largo plazo: educación, seguridad, salud, vivienda, trabajo bien remunerado. Respecto de la convocatoria, mencionó que sería amplia, para “todos los sectores de la vida nacional”. Enumeró a las finanzas, la industria, los servicios, la energía, el campo y los trabajadores. El desafío es lograr que el diálogo entre todos ellos apunte a soluciones estables y no para la emergencia, porque la crisis siempre acorta perspectivas.

Esto recién empieza, pero se necesita más sobre el contenido para arrancar. Por ahora, Cristina Fernández mencionó la ambición de “lograr el bienestar del conjunto de la sociedad y no la prevalencia de un sector con mayor poder de presión”, marcando una contradicción central. Y un elemento más, igualmente imprescindible: encontrar los más hábiles políticos para, en nombre del gobierno, articular los consensos. Hasta ahora, no le han sobrado.