Hay dos palabras que la dirigencia repite desde hace años: reforma política. Aunque el concepto fue invocado por los sucesivos gobiernos nunca llegó a plasmarse en la realidad. En 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde impulsó con éxito una ley que obligaba a los partidos políticos a realizar internas abiertas simultáneas, sancionada en medio del reclamo social de renovar la dirigencia y ampliar la participación que sobrevino a la demanda de que “se vayan todos”. En el camino quedó el proyecto que ese mismo año había presentado la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establecía elecciones “primarias o internas simultáneas para todos los partidos políticos con el fin de que los dirigentes con representación institucional surjan de la voluntad directa del ciudadano y no de las burocracias partidarias”.

A diferencia de la ley de Duhalde que instauraba el voto en las primarias como opcional, el de la actual Presidenta proponía que fuera “en forma obligatoria para los votantes”. El jueves en Tucumán, al anunciar que impulsará la discusión sobre la reforma política, recordó que su iniciativa “no tuvo las mayorías y los consensos necesarios”. Ese proyecto, reflotado en las últimas horas por el Gobierno, vuelve a ser presentado como el modelo a impulsar, similar al que ya tienen la provincia de Santa Fe y parecido al utilizado en Uruguay.

La obligatoriedad del voto en elecciones abiertas de candidatos estaba pensado por CFK como un antídoto para no dejar a los postulantes sólo a merced del denominado “aparato”, algo que vuelve a cobrar vigencia luego de la reciente cosecha electoral en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, el proyecto de la senadora Fernández de Kirchner abordaba otras cuestiones a modificar:

- En el caso de que en una elección distrital los votos en blanco, los recurridos y los impugnados fueran la primera fuerza electoral, se procedería a la suspensión del comicio y a la realización de una nueva elección, previendo el cambio de los candidatos por parte de los partidos, para que consagrara aspirantes con verdadera representación.

- También modificaba la ley de acefalía previendo una crisis institucional como la que ocurrió en 2002: el presidente que la Asamblea Legislativa escogiera sería provisorio por 90 días, período en el cual debería llamar a elecciones para elegir a su reemplazante y renovar todos los cargos legislativos nacionales.

- Para dar cabida a aquellos ciudadanos que no se sintieran representados por las formaciones partidarias, se buscaría reformar la ley orgánica de partidos y el Código Electoral para facilitar la formación de nuevas agrupaciones disminuyendo los avales necesarios del 4 por mil al 2 por mil del padrón.

- Se modificaba la ley de cupo femenino extendiendo la vigencia del mismo hasta los suplentes y estableciendo que en caso de renuncia de un o una integrante de la lista, lo o la sucedería en el puesto el siguiente del mismo género y, en el caso de renuncia de todos los candidatos de ese género se procedería a una nueva elección para su reemplazo.

En 2003 el Partido Justicialista reunido en Lanús votó los “neolemas” que permitieron varios candidatos presidenciales y canceló de facto la vigencia de la ley de internas abiertas, que sería finalmente derogada en diciembre de 2006, con el aval de gran parte de la oposición.

Santa Fe goza hoy de las llamadas “primarias abiertas obligatorias y simultáneas”, que en la primera vuelta electoral elige candidatos y en la segunda vuelta se votan los cargos. En los años ’80, luego del regreso democrático, las internas partidarias se habían vuelto demasiado virulentas y fue por eso que en 1990 los santafesinos implementaron la ley de lemas. Sin embargo, tampoco esta fórmula resultó porque el cuarto oscuro se había transformado en un carnaval de boletas. A instancias del gobernador Jorge Obeid, la provincia pasó al actual sistema, que aplicado en 2007 le dio la victoria al socialista Hermes Binner.

En Uruguay entró en vigencia un sistema, que los especialistas consideran “de avanzada”, luego de la reforma constitucional de 1996, surgida a su vez del plebiscito popular. Allí se establecieron candidaturas únicas por partido y para competir a nivel nacional los partidos políticos están obligados a hacer internas abiertas, en las que pueda votar cualquier ciudadano y no sólo los afiliados, aunque el voto no es obligatorio. También quedó instaurado que el ganador necesita más del 50 por ciento para ser presidente, y si no hay segunda vuelta. A diferencia de Argentina, todos los cargos parlamentarios se eligen cada cinco años junto con los ejecutivos. Y las únicas elecciones que se hacen por separado son las elecciones de los gobiernos departamentales.