Desde Rosario

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió ordenar el cese de la prisión preventiva del general Ramón Genaro Díaz Bessone, el militar de mayor rango procesado y detenido por terrorismo de Estado en esta región, donde fue comandante en jefe del Segundo Cuerpo de Ejército. Lo hizo argumentando que está detenido desde el 4 de octubre de 2004, es decir lleva 57 meses sin condena. Díaz Bessone, de 83 años, goza del beneficio de prisión domiciliaria, que cumple en su casa de Uruguay 1064 5º B, de Buenos Aires. Las abogadas Gabriela Durruty y Leticia Fascedini, querellantes en la causa Feced, indicaron a Página/12 que “la Cámara firmó la resolución 14.705 el 19 de junio, que beneficia al mayor asesino vivo de nuestra zona”.

“Como ya lo habíamos advertido –señaló Durruty–, considerando la jurisprudencia que este tribunal viene sosteniendo en materia de libertades a genocidas, contra el voto minoritario de Gustavo Mitchell, los camaristas Yacobucci y García ordenaron el inmediato cese de la prisión preventiva de Díaz Bessone, siendo esta resolución notificada por el Tribunal Oral II el último día hábil previo a la feria judicial.” La letrada recordó que “el Tribunal Oral II de Rosario en su oportunidad prorrogó la prisión del genocida, desestimando el pedido de su defensa de ordenar la libertad, mas Casación le notificó la decisión de liberar al dictador en base a la jurisprudencia que mencionáramos”.

Por su parte, Fascedini recordó: “Como ya advirtiéramos ante la preocupación de esta querella por la posible liberación de José Lofiego, Casación, al referirse a otras preventivas ordenadas en relación al mismo imputado, resuelve: ‘el tiempo sufrido en prisión preventiva es único y no puede computarse diferenciadamente según los momentos en que hubiese quedado firme el auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de la primera y segunda imputación, porque la privación de libertad es en el caso un fenómeno único’”.

“Por supuesto –agregó la abogada–, creemos que este criterio deja afuera otros argumentos que se destacan al momento de oponernos a este tipo de fallos. Vale decir: la extrema gravedad de los delitos atribuidos, la sanción que eventualmente le corresponderá, la naturaleza de aquellos, la repercusión y alarma social que producen al haberse perpetrado dichos hechos al amparo de la impunidad que significaba la ocasional protección estatal, todos ellos elementos planteados por la procuración y que sólo fueron receptados por el voto en disidencia precedentemente mencionado.”

Para las abogadas, “la única manera de detener esta grave situación es mediante la movilización y reclamarle a la Corte Suprema de la Nación que establezca de una vez y para siempre la jurisprudencia correcta, acorde a los tratados internacionales en materia de DD.HH.”.