La campaña de la derecha contra el Gobierno para arrancarle concesiones bajo amenaza de empujarlo hasta que caiga ya tiene tono de desenfreno, sin ningún respeto por la institucionalidad que reclama como si la necesitara para vivir. Los más sueltos de lengua, como Luis Barrionuevo, sostienen en público que así como están las cosas el Poder Ejecutivo no cumplirá la totalidad de su mandato. “Boleto picado” lo llaman porque no sirve para otro viaje. Los golpistas de Honduras también hicieron su faena en una presunta “defensa de la Constitución”.

Está claro que la Mesa de Enlace, con la Sociedad Rural a la cabeza, quiere liderar la ofensiva opositora y hasta pretende escribirle la agenda al Congreso Nacional. Raúl Alfonsín llamó “fascistas” a los socios de la Rural durante el mitin de la feria de Palermo y hay más de un motivo, para empezar sus colaboraciones con las dictaduras militares del bicentenario, para rescatar esa identificación. Dados los antecedentes de los que pican boleto la irresponsabilidad democrática es una línea histórica que parecía terminada con el siglo XX, a fines de 1983, pero no quedó ni suspendida por mucho tiempo.

Una de las trampas retóricas del argumento destituyente coloca al que defiende la estabilidad institucional en la posición de oficialista ortodoxo y lo hace cargo de la gestión gubernamental, ahora con más errores y debilidades que aciertos. Es un momento de notoria debilidad, derivada de otro error de énfasis cuando el kirchnerismo convirtió la elección del 28 de junio en una opción democrática. El diálogo es un intento de recuperarse, pero una cosa es conservar el centro del ring, en este caso la iniciativa política, y otra ganar la pelea, aunque sea por puntos.

Lo que está en juego, sin embargo, no es la suerte de los Kirchner ni de su mandato, sino el respeto de la ley en vez de aplicar la fuerza y el poder para comerse el bocado más grande. En los distintos frentes oficialistas aparecen las grietas, desde los Gordos de la CGT hasta las múltiples fracciones del PJ, esparciendo la imagen, o la certeza, de una caída inevitable. ¿Quién defiende a la democracia y el respeto al mandato popular?

En busca de alguna respuesta a esta pregunta aparece una ausencia sobresaliente: dónde están los partidos del progresismo, de centroizquierda, de izquierda democrática. Todos sumados no son pocos ni en votos ni en legisladores, pero además de regocijarse por la cosecha, aún magra, ninguno de ellos toma la contraofensiva a la campaña de la derecha. ¿Por qué no tienen una agenda común para el Congreso, que sirva además como programa de lucha al movimiento popular?

¿Tienen miedo de quedar pegados al Gobierno y contagiarse del descrédito? No es la mayoría del pueblo la que está reclamando la caída de la Presidenta: no será el 2001 si las fuerzas de la libertad muestran otra cara de la realidad. Hay que defender la permanencia del Gobierno y, al mismo tiempo, criticarlo por sus debilidades y errores, lo que no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Si el vicepresidente de la República es al mismo tiempo, o quiere ser, el caudillo de la oposición, cuánta mayor razón y ética asisten al progresismo para renovar el boleto y defender el viaje de punta a punta del mandato cumplido. Sólo el voto popular decide quién se queda y quién se va.