Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.

El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.

Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.

Obra de cóndores

El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:

- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.

- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.

- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.

- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.

- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.

Nombres para la historia

Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.

Zona I

- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.

- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.

- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.

- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.

- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.

- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.

- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.

- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.

Zona II

- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.

- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.

- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.

- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.

- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.

- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.

Zona III

- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.

- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.

- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.

Zona IV

- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.

- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.

- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.

- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.

Zona V

- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.

- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.

“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.