La semana próxima comienza en Corrientes el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia. El martes 4 de agosto estará sentado en el banquillo de los acusados Diego Manuel Ulibarrie, un ex funcionario policial procesado por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de cuatro víctimas, entre ellas los desaparecidos Vicente “Cacho” Ayala, un joven abogado correntino; Julio César Barozzi, Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña, todos militantes de la Juventud Peronista.

“Terminaban de almorzar en el Club San Martín y se los llevaron de la esquina, al mediodía, a plena luz del día, ante la mirada de varios testigos”, contó María del Rosario “Charito” Ayala, hermana de Cacho. Mencionó además que el secuestro de los cuatro amigos y militantes se produjo el 16 de febrero de 1976 y que se cree “que participaron la Triple A y efectivos del Ejército y la policía”. La mujer confirmó que los jóvenes, que salvo su hermano eran de otras provincias, no fueron vistos nunca más. “Esperamos que se haga justicia aunque hayan pasado 33 años, queremos que se condene a los culpables”, dijo la hermana del joven abogado correntino.

Por su parte, fuentes del Tribunal explicaron que el juicio oral y público tendrá una duración de tres meses, aproximadamente, y se estima que el veredicto podría conocerse en noviembre próximo. Ulibarrie está imputado de haber comandado el operativo junto a personas vestidas con uniformes de la Policía de Corrientes y otras de civil que, portando armas de fuego y con el empleo de violencia física y psíquica, redujeron a cuatro víctimas, a una de las cuales torturaron en cautiverio. Los jóvenes fueron introducidos en un vehículo “que luego emprendiera su marcha desconociéndose hasta hoy el paradero de las víctimas. Por esos hechos el imputado está procesado por privación ilegítima de la libertad en cuatro hechos, con la aplicación de tormentos en un hecho”.

Se trata del segundo juicio que se realizará en Corrientes, ya que hace un año, el 6 de agosto de 2008, el Tribunal condenó a los ex militares Juan Carlos de Marchi, Horacio Losito, Rafael Barreiro y Raúl Reynoso, por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9. En aquella oportunidad, la activista castrense Cecilia Pando amenazó de muerte en medio de la sala de audiencias al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien le dijo “te voy a matar con mis propias manos”, y a la diputada nacional Victoria Donda, mientras que a los jueces les gritó que eran unos “cobardes”. La sentencia incluyó la absolución del suboficial del Ejército Carlos Roberto Píriz.