Los jefes de las bancadas del Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical esbozaron ayer la agenda legislativa que abordará el Senado en lo que resta del año parlamentario y que arrancará el próximo miércoles con una sesión en la que se debatirá la estatización de la fábrica de aviones que la compañía Lockheed tiene en Córdoba. Los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales llevaron un temario de siete puntos que abarca desde la modificación de los miembros del Consejo de la Magistratura hasta la derogación de la sobretasa para financiar el consumo energético de Santa Cruz. El oficialista Miguel Angel Pichetto acordó sesionar el 19 de agosto para tratar la prórroga de las facultades delegadas que aprobaría Diputados limitando los “superpoderes” del Ejecutivo y se comprometió a “conversar” con el jefe de Gabinete el temario propuesto por la UCR. Un tema que seguramente también transmitirá a la Presidenta en la reunión que todos los legisladores K tendrán hoy en la Casa Rosada.

Pactada de antemano, la reunión se concretó ayer poco después del mediodía en la oficina que el jefe del bloque kirchnerista tiene en el tercer piso del Senado. Hasta allí llegaron Sanz y Morales con una lista de temas que apunta a completar con proyectos propios la agenda que ya diseñaron oficialistas y opositores en la Cámara baja. Adentro esperaban Pichetto y el formoseño José Mayans. En un “clima distendido”, las dos principales bancadas de senadores “avanzaron en la agenda legislativa de las próximas semanas”.

El primer punto del listado radical estaba dedicado a la modificación del número de miembros del Consejo de la Magistratura. El proyecto de la UCR eleva de 13 a 15 sus integrantes y asigna los dos nuevos asientos a los representantes de los abogados y de los académicos, con el objetivo de arrebatarle al oficialismo la mayoría y su poder de veto en las decisiones del Consejo. Otro de los temas es la normalización del Indec, a través de la designación de su director por concurso público, con acuerdo del Senado, y promoviendo la autarquía del organismo. Propuestas que difícilmente el oficialismo esté dispuesto a conceder.

En cambio, la modificación de la ley de facultades delegadas –los “superpoderes”– para equipararla con la legislación porteña –que permite al jefe de gobierno redistribuir partidas hasta un máximo del 5 por ciento del presupuesto– fue bien recibida por los senadores K. “Personalmente, me pareció muy interesante la idea del radicalismo”, dijo Pichetto y la calificó como una “propuesta equilibrada, racional y responsable”. El senador rionegrino también acordó tratar el 19 de agosto ese mismo proyecto, que los radicales impulsarán una semana antes en Diputados.

Las otras propuestas de la UCR están dirigidas contra “los tarifazos” en los servicios públicos y a descomprimir la situación financiera de las provincias. Entre los primeros, el proyecto elaborado por el presidente de la UCR exige la derogación del decreto 2067 –que autorizó el aumento en las boletas de gas domiciliario– y propone establecer una “tarifa social” para los sectores de menores recursos económicos. Además de derogar la tasa con que el resto de los usuarios del servicio eléctrico financia el consumo energético de la provincia de Santa Cruz.

Para las provincias, proponen una compensación de sus deudas a través del Fondo no Distributivo de los ATN, que según los senadores radicales lleva acumulado un excedente “de 8500 millones de pesos”, aunque sin especificar desde qué fecha. También impulsan la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo –donde el Estado nacional aporta el 40 por ciento de los recursos–, equiparando el aporte de provincias y Nación en un 50 por ciento.

Las sesiones en el Senado comenzarán el miércoles que viene con un temario que incluirá algunas prioridades para el Gobierno. Entre ellas, la autorización al Ejecutivo para ejercer la opción de compra de las acciones de la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina, para pasar nuevamente a manos del Estado el comando de la fábrica de aviones de Córdoba. Otra será la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, para dar respuesta a las demandas de mayor seguridad.