La Corte Suprema quiere dar una solución general a los reclamos de miles de jubilados que iniciaron juicios previsionales para reclamar la actualización del haber. En el máximo tribunal estiman que, sólo en la Capital Federal, el fuero de la Seguridad Social tiene pendiente la resolución de 250 mil casos. Pero un fallo que obligara a responder al mismo tiempo en todas las causas complicaría a la Anses.

El año pasado, la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso estableció parámetros de actualización generales para el futuro. Con el fallo “Badaro”, la Corte había reconocido una movilidad en las jubilaciones del 88,66 por ciento entre enero de 2002 y diciembre de 2006. Pero, en medio, quedaron miles de demandas de jubilados que habían recibido ajustes por debajo de lo dispuesto por el máximo tribunal en los años que abarcaba la causa testigo.

Los tribunales de la seguridad social se vieron inundados de reclamos porque los fallos de la Corte se aplican sólo para el caso particular en el que fueron dictados. Para acelerar estos procesos, la Corte y la Anses firmarán la semana próxima un acuerdo que buscará agilizar los juicios a través de la aplicación de tecnología informática. Así, se habilitarán las notificaciones electrónicas y se dispondrá un mecanismo para hacer liquidaciones, lo que evitaría el segundo proceso para ajustar los montos que se producen en la mayoría de los casos. Esto se sumará al compromiso de la Anses de no apelar fallos similares a Badaro.

Pero ayer, los cinco ministros que participaron del primer acuerdo tras la feria judicial, Ricardo Lorenze-tti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi empezaron a analizar las opciones para avanzar en una solución radical. Las opciones que se barajan son dos. Una implicaría extender el alcance de la “acción colectiva” o “acción de clase” que el máximo tribunal inauguró en febrero de este año con el fallo Halabi, relacionado con la ley espía. La acción de clase supone que un fallo tiene alcance para todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho. Esto evita la multiplicidad de demandas por un mismo hecho. En esa oportunidad, la Corte dejó explícitamente fuera de estos recursos las cuestiones patrimoniales, que ahora deberían ser incluidas para resolver el problema de los juicios previsionales. Sin embargo, no hay por el momento consenso en el máximo tribunal para tomar esta medida. La otra posibilidad, entonces, sería reclamar al Congreso una ley general para atender los reclamos de ajustes jubilatorios sobre el período 2001-2005. El fallo tardaría por lo menos quince días, ya que la semana próxima los supremos volverán a abordar el tema en su acuerdo, ahora con la presencia de Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, que actualmente están fuera del país.

Una decisión como ésta aliviaría el trabajo del fuero de la Seguridad Social, que viene denunciando su imposibilidad para atender las causas que se reproducen.

Entre 2002 y 2008 la Anses de-sembolsó más de 6000 millones (en bonos y efectivo) para alrededor de 160 mil jubilados. Para este año, estaba previsto pagar otros 2300 millones, pero un fallo o una ley que obligue a atender lo que en la Corte estiman en más de 250 mil reclamos obligaría a rehacer las cuentas.