“La Corte no legisla. No vamos a opinar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Hacer una declaración sería invadir otros poderes del Estado. No sería serio meternos en un debate parlamentario.” De esta forma resumió uno de los ministros la postura sobre el tema del máximo tribunal, que fue abordada ayer en el primer acuerdo después de la feria judicial. Hay en la Corte cuatro expedientes en los que se cuestiona la constitucionalidad de los cambios introducidos en el organismo en 2006, pero no son prioridad en la agenda de los supremos. Al margen de la composición del cuerpo, hay consenso en responsabilizar al Consejo del mal funcionamiento del Poder Judicial en general: “Ya hemos hecho nuestros reclamos y los seguiremos haciendo. Así como está, la Justicia va a entrar en colapso”, aseguran.

Los jueces de la Corte buscan transmitir que no se meterán en un debate que corresponde dar en el Congreso. Y que no les parece esencial si hay un consejero más que represente a los abogados, a los políticos o a los académicos porque eso no resuelve los muchos problemas que afronta la administración de justicia en todo el país. La prioridad actual del máximo tribunal es, dicen, solucionar casos concretos, como los miles de juicios acumulados por los reclamos de los jubilados (ver aparte). Pero ayer, en el primer encuentro luego de la feria judicial extendida por la gripe A H1N1, los cinco magistrados presentes (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi) analizaron un informe preparado para la ocasión sobre las cuatro causas en las que el tribunal podría expedirse sobre la constitucionalidad de la reforma del Consejo impulsada por el kirchnerismo en 2006.

Los expedientes, que están a estudio de Fayt y luego circularán por el resto de los despachos, fueron iniciados por el abogado Ricardo Monner Sans y el Colegio Público de Abogados; Elisa Carrió y Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica; la Asociación de Abogados y la Asociación por los Derechos Civiles.

Monner Sans y el Colegio Público se quejaron por la disminución de la participación de los abogados en el organismo. En este caso, evalúan en la Corte, el planteo es acotado y no se podría hacer un análisis integral sobre la reforma de 2006. En las otras tres causas, en las que los planteos son más amplios, hay que definir previamente si quienes las presentaron están legitimados para impulsarlas, ya que no se trataría, en principio, de “damnificados directos”. De cualquier manera, para que el tribunal dicte un fallo al respecto habría que esperar un tiempo.

Está claro que la Corte decidió no meterse de lleno, al menos no institucionalmente, en la discusión poselectoral sobre el Consejo de la Magistratura, que luego de su reducción quedó conformado por siete políticos, tres jueces, dos abogados y un académico. Por otro lado, una nueva modificación, producto de otra ley, también podría ser impugnada judicialmente y los ministros quedarían invalidados para expedirse si hubieran dado su opinión con anterioridad.

Pero más allá de estos argumentos, también es evidente que en el máximo tribunal no abundan las buenas opiniones sobre el organismo –Fayt fue explícito el lunes– y que, como ya se ha dicho, se busca aprovechar una re-reforma para volver a hacerse con la presidencia de ese cuerpo. “La cabeza del Poder Judicial es la Corte. El Consejo es el encargado de la selección, investigación y remoción de los magistrados y lo ideal es que haya una misma orientación”, señalan cerca de Lorenzetti. “El mal funcionamiento del Consejo tiene efectos y la Corte ya sostuvo que hay problemas serios como el colapso de la Justicia”, dicen en la Corte, donde los reclamos también son enfocados hacia el Poder Ejecutivo. Las quejas no son nuevas: problemas presupuestarios, edilicios, concursos paralizados, demoras en la informatización, en el nombramiento de personal (el ex jefe de Gabinete Sergio Massa se había comprometido a generar 750 cargos) y en la selección de conjueces, son algunas de las críticas que se renuevan periódicamente.