A poco de comenzar el juicio oral contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros represores, las querellantes Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Asociación Bancaria de Santa Fe plantearon la necesidad de introducir cambios en el diseño de ese proceso ante la comisión interpoderes, integrada por la Corte Suprema, la Procuración, el Consejo de la Magistratura y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En nombre de quince testigos y sobrevivientes de la Comisaría Cuarta, la Casita, la Guardia de Infantería Reforzada y otras dependencias policiales y militares, la LADH y la AB Santa Fe destacaron que “es el primer juicio contra los perpetradores del genocidio en Santa Fe, como tal lo valoramos y vamos a rodearlo de calor popular y apoyo social, pero no es el juicio que nos merecemos y por el cual venimos reclamando por más de 25 años: juicio y castigo para todos los represores por todos los compañeros”. Afirmaron que el ex juez “simboliza más que nadie la complicidad del sistema judicial con el terrorismo de Estado”, y por esa razón “todos deberían preocuparse de garantizar nuestro derecho al acceso a la justicia, que no es sólo la obtención de una sentencia ejemplar”.

La carta de la LADH y de la Bancaria santafesina recordó “la necesidad de respetar y preservar a los testigos, y el carácter público de los juicios como elemento central del resarcimiento social con las víctimas”. Además, remarcó “el derecho del pueblo santafesino a enterarse de quién era el intendente del PJ de Rincón o quién propició la candidatura del torturador a juez”. Pero lamentaron que esto no vaya a ser posible porque “el Tribunal Oral Federal pretende juzgarlos en una pequeña sala donde entran menos de treinta personas, o instalando una pantalla en el edificio donde Brusa actuaba como juez”. Por eso solicitaron a la comisión interpoderes que intervenga porque consideraron que “todavía estamos a tiempo de garantizar un juicio que no sea una ficción de lo prometido constitucionalmente”.