Los llamados superpoderes tienen los días contados. Senadores kirchneristas y radicales acordaron ayer avanzar con el proyecto presidencial que limita las facultades otorgadas al jefe de Gabinete para reasignar partidas y establece como tope máximo el 5 por ciento de los recursos del Presupuesto nacional. El Senado comenzará la semana que viene a debatir la iniciativa que llegó al Congreso el miércoles por la noche, pocos minutos después de que Cristina Fernández de Kirchner hiciera el anuncio en la Casa Rosada frente a los legisladores oficialistas. La mayoría de las bancadas opositoras se pronunció a favor del contenido del proyecto oficial, aunque también se arrogó el mérito de haber bregado en contra de esas facultades delegadas por el Parlamento al Ejecutivo.

Ayer se pusieron en marcha todos los mecanismos para que la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta arranque la semana entrante con la discusión del proyecto del Gobierno, que acota sus propias facultades para la reasignación de partidas presupuestarias. Aunque desde el oficialismo dejaron trascender que “no hay apuro” para su tratamiento, algunos de sus senadores afirmaron a Página/12 que “hay que imprimirle ritmo al tema y estar atento a lo que sucede en Diputados, porque la reglamentación vigente vence el 24 de agosto”.

La iniciativa también cuenta con respaldo de la UCR, que esta semana le presentó un proyecto similar al jefe de la bancada K, Miguel Piche-tto, como parte de una agenda parlamentaria del Senado en lo que resta del año. “La propuesta del radicalismo es equilibrada y responsable”, dijo el senador rionegrino quizá con la certeza de conocer que el Gobierno redactaba la propia en igual sentido. El proyecto –que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Economía, Amado Boudou– reemplaza el actual artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. “El jefe de Gabinete podrá disponer modificaciones a la distribución funcional del gasto, dentro de lo aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren gastos corrientes, de capital, aplicaciones financieras y distribuciones de las finalidades, siempre que el monto total anual de dichas modificaciones no supere el 5 por ciento del total de presupuesto”, dice el nuevo texto.

Allí se especifica que “no se consideran comprendidas” en ese tope, “las obligaciones a cargo del Tesoro cuando sean destinadas a otras jurisdicciones”. También que “el incremento de las partidas de gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso”.

En cambio, en sus fundamentos, el proyecto reproduce varias de las consideraciones que CFK hizo desde la Casa Rosada cuando anunció su decisión de enviar la iniciativa al Congreso. Entre ellas, que esa delegación de facultades se autorizó “reiteradamente” desde 1997 “para optimizar el uso de los recursos públicos”. Y que a partir de su sanción “comenzó a desarrollarse en la difusión pública y mediática” que “atacaba” su aplicación como “el otorgamiento de ‘superpoderes’ al Poder Ejecutivo”, a pesar de que la misma normativa existe por ley, con algunas diferencias, en distintas provincias. Una lista que incluye a Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Formosa, pero también a otros territorios en manos de partidos opositores: Capital, Santa Fe, Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén. Además de los poderes Legislativo y Judicial.

El presidente de la UCR y senador Gerardo Morales calificó como “positiva” la iniciativa de la Presidenta al responder a “un reclamo de la oposición”. El jefe del bloque de diputados de la CC, Adrián Pérez, también destacó el papel opositor: “Con esta decisión el Poder Ejecutivo se hace cargo de un claro reclamo de la oposición”, afirmó.

Margarita Stolbizer, del Acuerdo Cívico y Social, consideró “positivo” el proyecto y dijo que la iniciativa “muestra capacidad de reacción del gobierno de la Presidenta”. El socialista Rubén Giustiniani se expresó en el mismo sentido y calificó de “positivo” el proyecto, pero consideró que “el país no puede seguir funcionando con concentración de facultades en el Poder Ejecutivo en detrimento del Parlamento”.

Por su parte, los integrantes de diputados del Bloque Encuentro Popular y Social consideraron “correcto que se limite la norma mal denominada ‘superpoderes’”. Tampoco faltaron las críticas. El diputado Claudio Lozano insistió en que “sin excedentes presupuestarios y con caída en la recaudación, el Gobierno pretende llevar al 5 por ciento la reasignación de partidas, unos 11.700 millones de pesos, tres veces más que años anteriores”. Una postura a la que se podría sumar Solidaridad e Igualdad –como parte del interbloque con Proyecto Sur– porque todavía considera “excesivo” el monto que el Ejecutivo “manejaría discrecionalmente”.