“No conocí hechos aberrantes. Un hombre de moral occidental y cristiana no puede cometer actos aberrantes.” La afirmación se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y pertenece al general retirado Heriberto Auel, asesor de Aldo Rico en la sublevación carapintada de 1987 y presidente de la Unión de Promociones del Ejército, que considera “presos políticos” a los militares procesados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas hace tres décadas. Feliz ante judiciales que lo llamaban “general” y hábil para sortear preguntas concretas con abstracciones, Auel declaró ayer durante dos horas y media ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 para intentar socorrer a sus camaradas imputados por delitos de lesa humanidad cometidos cuando eran jefes de áreas militares en Capital Federal.

“La Unión de Promociones tiene por objeto apoyar con heladeras, microondas, remedios y médicos a nuestros presos, que pasan momentos dramáticos”, aseguró Auel, presidente desde 2007 de la organización que nuclea a retirados del Ejército y, además de entregar artículos del hogar, opera en las sombras desde la reapertura de las causas por la impunidad de los represores, con la señora Cecilia Pando como mascarón de proa. “Se ha hecho de la guerra un delito”, afirmó el militar de 75 años. “El ochenta por ciento de quienes tienen preventiva son oficiales que tenían 22 o 23 años e ignoran por qué fueron privados de la libertad”, agregó inmutable.

Auel fue convocado a declarar por la defensa oficial del coronel José Humberto Lobaiza, que alguna vez lo secundó en la comandancia de un cuartel de Comodoro Rivadavia. “Los conozco, no soy amigo”, aclaró ante la pregunta del juez Guillermo Gordo sobre su relación con los imputados. Además del tribunal, las partes y pocos presentes, lo escucharon Lobaiza y el coronel Felipe Jorge Alespeiti, ex jefe y segundo jefe del Regimiento de Infantería Patricios, imputados por un centenar de privaciones ilegales de la libertad, y el coronel Bernardo José Menéndez, que se defiende a sí mismo y reitera a todos los testigos de la querella la misma pregunta: “¿pertenecía usted a alguna organización política?”.

La jornada arrancó con ex comisarios desmemoriados que compartieron reuniones con militares pero nunca recibieron órdenes, ignoraban la existencia de centros de detención y conocen el término “área liberada” sólo “por la prensa”. Distinto fue el caso de Adolfo Reyes, que pasó los 70 años pero no olvida los diez días de tormentos en “Patricios”. “Nunca imaginé la locura, la demencia de esta gente”, confesó luego de relatar las sesiones de picana, que le hacían escuchar a su madre. “Quiero pensar que no era la filosofía del Ejército, pero no hubieran podido mantener los secretos hasta ahora si no hubiera sido el Ejército Argentino”, razonó.

De traje bien planchado, corbata y pañuelo celeste, Auel se explayó durante una hora sobre conceptos militares a partir de preguntas de Lobaiza. “La jurisdicción del regimiento es el cerco del cuartel. Los regimientos son fundamentalmente de ceremonial”, explicó para deleite de los ex jefes de Patricios, que pretenden mostrarse como eslabones de una estructura administrativa sin relación con los grupos operativos a cargo de los trabajos sucios. Menos sencillas fueron las preguntas del fiscal Félix Crous y los abogados Gerardo Fernández, del CELS, y Mirta Mántaras.

–¿Alguna forma de guerra admite la tortura de prisioneros indefensos y las desapariciones forzadas? –preguntó Crous.

–La guerra interna no tuvo sostén ético jurídico. Se les dijo “vayan y cumplan con su deber” y se dio libertad de acción a los mandos bajos. No se puede hacer responsable al soldado, es una responsabilidad política estratégica –respondió Auel tras varias evasivas.

–¿El Ejército se entrenaba utilizando la tortura como método posible? –reformuló Gordo una pregunta de Fernández sobre la formación de militares argentinos en la Escuela de las Américas.

–Eso sería pensar que la república democrática de los Estados Unidos incluye en su doctrina a la tortura. ¡Jamás!