“El grupo de los acusados tiene centenares de niños secuestrados y jamás utilizaríamos la tortura como método para que nos digan dónde están ni qué han hecho con los desaparecidos.” La frase fue pronunciada por el abogado Jorge Brioso, abogado de la familia Avellaneda, durante la audiencia de réplicas en el juicio oral en el que están siendo juzgados Santiago Riveros y otros cinco genocidas.

Fue en respuesta al planteo de la defensa oficial que había aludido a la “sed de venganza” de los querellantes, y que había justificado la tortura al decir que era un tema “complejo” porque, por ejemplo, un banquero alemán había logrado rescatar a su hijo secuestrado porque la policía aplicó tormentos a un detenido para que confesara.

Brioso también atacó la intención de los abogados del policía Alberto Aneto de marcar como contradicciones los matices expresados en los relatos de los testigos. Sabrina Dentone, también en representación de Iris y Floreal Avellaneda (padre), citó a Lenin al expresar que “sólo la verdad es revolucionaria”.

Pedro Dinani, de la querella del Partido Comunista (PC), contestó al planteo de que el Comando de Institutos Militares no estaba planeado como para ser parte del “combate contra la subversión”. Dijo que “la ESMA también es una escuela y está probado que los dos –ESMA y Campo de Mayo– fueron los centros clandestinos de detención más grandes y por donde pasó la mayor parte de los detenidos desaparecidos”.

También por el PC, Carlos Zamorano señaló que del propio expediente del caso de Iris y su hijo, el Negrito, surge que fue trasladada a la cárcel de Olmos por ser comunista. La defensa de los represores había argumentado que no había constancias de que las víctimas tuvieran esa filiación político-ideológica. En tal sentido, el fiscal Javier De Luca graficó que “Carlos Marx jamás participó del Partido Comunista ni podría haberlo hecho por una cuestión de época, sin embargo nadie podría cuestionar su marxismo”. Sobre el planteo acerca de la tortura como algo “complejo y debatible”, dijo que es un delito aberrante que fue prohibido por la Asamblea de 1813.

A su turno, Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, aseguró que la única solución es la cárcel común por la naturaleza de los delitos cometidos. Dijo que la peligrosidad de los imputados, a quienes sus defensores intentaron mostrar como ancianos enfermos, se manifiesta en su persistencia de hablar de sus actos como una “gesta patriótica” y no informar nunca qué hicieron con los 30 mil desaparecidos y con los niños secuestrados.

Por su parte, Luis Bonomi, de Justicia Ya!, se refirió a lo señalado por el defensor Juan Carlos Tripaldi en relación con una supuesta “ausencia de asistencia técnica” para con los represores. “Quizá se deba –dijo el letrado– a la falta de solidaridad de los centenares de abogados que se beneficiaron con el genocidio.” Y aseguró que los defensores oficiales como funcionarios públicos excedieron su mandato técnico de garantizar la defensa en juicio incurriendo en una reivindicación del terrorismo de Estado.