En los últimos tres ejercicios, el Poder Ejecutivo asignó a través de decretos de necesidad y urgencia 87.534 millones de pesos, equivalente a un tercio de los ingresos de un presupuesto anual. Esa herramienta legal para disponer de recursos evitando al Parlamento comenzó a alimentar la discusión política en torno de las potestades que tiene el Gobierno para disponer del dinero público, pero no se basa en las facultades delegadas que quiere bloquear la oposición sino simplemente en una subestimación de los ingresos al momento de aprobar el Presupuesto. El destino de aquella masa de dinero fue muy diverso. Se utilizó fundamentalmente para financiar aumentos de jubilaciones y salarios no previstos en el Presupuesto, importar combustible para enfrentar restricciones energéticas, financiar obras de infraestructura eléctrica e incrementar el monto de subsidios para energía y transporte público.

El DNU fue un recurso cada vez más utilizado por el Ejecutivo para asignar libremente el dinero que ingresó por encima del que estaba pautado dentro de la ley de Presupuesto. Los números son elocuentes. Desde el ejercicio 2006, la escala progresiva es la siguiente: 1216 millones de pesos, 34.465 millones (2007), hasta llegar a los 51.854 millones el año pasado, según datos suministrados por la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Los objetivos fueron muy diversos e incluyen tanto la cobertura de gastos corrientes como de capital o las aplicaciones financieras y han tenido que ver con necesidades coyunturales de cada ejercicio, más que con un plan previo de a quién o qué favorecer.

De los cuatro decretos promulgados en el 2006, el más relevante es el que destinó 800 millones de pesos para capitalizar el Banco Nación. En el ejercicio siguiente se promulgaron otros dos para costear mejoras salariales, pagar deuda o subsidios al consumo que se canalizan a través de la Oncca. Pero una proporción muy superior fue a nutrir las arcas que administra el Ministerio de Planificación para un vasto menú de aplicaciones, básicamente para cubrir los subsidios a Enarsa y Cammesa.

Ese dinero se utilizó tanto para importar combustible como para ejecutar obras de infraestructura energética. No sólo para expandir el sistema eléctrico sino también para la ampliación de los gasoductos troncales, obras que en principio deben cubrirse con el Fondo Fiduciario al que aportan las industrias, cuya administración se cuestionó cuando salió a la luz el affaire Skanska. También se aumentó la subvención a trenes y colectivos y, por esta misma vía legal, el Tesoro reforzó directamente el presupuesto de empresas públicas como Aysa, Enarsa, Yacyretá o Nucleoeléctrica Argentina. De algún modo, un espaldarazo a Julio De Vido como administrador.

Ese cuadro se replica en el 2008, sólo que el monto a repartir a través del único decreto excepcional promulgado creció más de un 40 por ciento. La lista de finalidades también incluye las compensaciones al combustible aeronáutico, una partida específica para Aerolíneas Argentinas y “servicios de la deuda por la colocación de títulos bajo la par”. Pero la vedette siguen siendo los subsidios a la energía.

El Poder Ejecutivo dispone de una serie de atribuciones que le cedió el Congreso, entre ellas, la que le permite al jefe de Gabinete reasignar partidas dentro del Presupuesto votado, es decir, sin alterar la ecuación ingreso-gasto prevista. En virtud de una modificación legal de hace pocos años, también puede destinar a obras (gasto de capital) un dinero que originalmente debía cubrir sueldos (gastos corrientes). Y no tiene restricciones para transferir fondos entre las grandes divisiones conceptuales del Presupuesto: de Defensa a Asistencia Social o viceversa, por ejemplo. El proyecto que envió al Parlamento Cristina Fernández de Kirchner postula un tope del 5 por ciento de los ingresos como límite para esta maniobra, pero en los últimos años las decisiones administrativas que firmó Jefatura nunca superaron el 3 por ciento.

Pero si recauda más de lo que se previó en la ley de leyes, ese dinero sólo puede asignarse mediante una ley o, en su defecto, mediante un decreto. Por eso subestimar el crecimiento económico y los ingresos totales habilita al Gobierno a disponer a su arbitrio de una importante masa de dinero, algo que previsiblemente no ocurra este año, ya que la recaudación está en retroceso, mientras que más del 80 por ciento de los gastos es inflexible, es decir, muy difícil de bajar.

La discusiones acerca de facultades delegadas o de los denominados “superpoderes” no incluyen el debate de esta dinámica para administrar, algo que los radicales están planteando incluir en la agenda parlamentaria. En el fondo, lo que está en juego es quién tiene el verdadero poder para diseñar políticas públicas que se expresan a través de la asignación del dinero. Si la Rosada y sus ministerios o el Palacio del Congreso, donde tiene más chances de tallar el criterio de la oposición.