La Corte Suprema dictó una relevante sentencia. Decidió que es inconstitucional sancionar penalmente la tenencia de drogas para consumo personal. El fallo es un progreso, un paso relevante en la protección de derechos individuales. También un retorno a una jurisprudencia que regía desde los ’80 y fue, en mala hora, rectificada por la Corte menemista. La decisión fue unánime, lo que robustece su autoridad, que no es imperativa para tribunales inferiores. El tribunal tituló de modo notable el comunicado que anunció ese avance institucional: “La Corte no ordenó la despenalización del consumo de marihuana”. Como enunciado es obvio, porque el Poder Judicial no legisla ni emite normas con carácter general. Como predicado didáctico era impreciso, porque mencionaba un hecho ajeno a la causa y aludía a la marihuana. Esto último indujo a deducir que la inconstitucionalidad resuelta sólo versaba sobre ese consumo, siendo que se refiere a una norma referida a cualquier estupefaciente.

Los Supremos, de innegable versación jurídica, no ignoran esos deslices del título, que soslaya lo central del fallo. Lo consignaron, como contó bien la periodista Irina Hauser en la edición de Página/12 del jueves, “para medir sus palabras”, de cara a la divulgación periodística de la sentencia.

Es claro que la criminalización del adicto es un eterno reclamo de la derecha, hasta el presidente colombiano Alvaro Uribe la mentó en Bariloche. Los cortesanos quisieron abrir el paraguas ante una potencial divulgación de esa proveniencia que desmereciera el fallo. Lo cierto es que, para informar un hecho encomiable en sustancia, optaron por un discurso centrado en la eventual repercusión mediática. Incluso ante una potencial distorsión.

La anécdota es interesante pero minga de novedosa. Ningún poder del Estado, ningún protagonista, ni siquiera los magistrados se sustraen a la influencia, el asedio, la presencia, la manipulación (no tache nada, todo corresponde) de los medios.

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Siete horas de fama: Uribe ganó el primer round en la cumbre de la Unasur cuando triunfó su moción de televisar toda la reunión en directo (ver asimismo nota aparte). La presencia de las cámaras signó el desarrollo del encuentro. Un nuevo ejemplo de cómo la presencia de la tele no sólo espeja los hechos sino que incide en su desenlace.

En el prolongado transcurso del debate hubo un intercambio sugestivo entre los presidentes de Brasil y de Ecuador. Lula da Silva se quejó en un par de oportunidades de la competencia retórica entre sus pares y los apuró alegando que, si no se llegaba a un acuerdo sustantivo, “la prensa dirá que la Unasur fracasó”. Rafael Correa le respondió que le importaba la sustancia del encuentro y no lo que dijera la prensa. Quiso dejar constancia de su descreimiento, que Lula seguramente comparte por motivos que ya se contarán. Pero, seguramente, el líder del PT no hablaba de subordinarse a ellos. Daba cuenta de un hecho cultural irreversible: la versión final para los ciudadanos de un conjunto de países sería la que le llegara editada (ejem, mediada) por la prensa.

Ambos tienen razón. En gran medida, los medios son el ágora democrática, en sociedades complejas. Y son obstinados adversarios de la mayoría de los gobiernos de nuevo cuño de este Sur.

Vamos a un ejemplito.

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Ejemplito: Le pedimos al lector que admita un ejercicio. Repasemos párrafos salientes de un artículo publicado hace pocos días, referido al gobierno kirchnerista. Lea con calma, acepte el convite. “Creyeron ser los dueños del país y que con ellos recién se empezaba a escribir su historia, la sola que merecía ser forjada y recordada. (...) Consecuentes con esa mentalidad, algunos de los regímenes que han barrido por años, y en alguno por más de medio siglo, con el Estado de Derecho, sus libertades y su pluralismo, siguen siendo venerados en esas filas, con quienes se estrecharon amistades, como ocurre con el régimen cubano y con la Venezuela de Chávez. Hasta colaboraron con este último para integrar el Parlamento del Mercosur. (...) Este gobierno contó con una oleada de prosperidad que llegó del mundo entero. No obstante, se endeudó al país en millones de dólares. A medida que discurrió este quinquenio se evidenciaron las graves irregularidades en su gestión, aun cuando el partido de gobierno siempre hizo todo lo posible para estrangular el ejercicio de los contralores por las minorías. A ello se agregan sus reiterados fracasos tanto en la educación, la seguridad, el desarrollo social, los servicios públicos, la suerte de la niñez y de la adolescencia, diversos aspectos de la salud pública y también una atropellada legislación impuesta por mayorías regimentadas que no han trepidado de consagrar graves errores y gruesas inconstitucionalidades. (...) Son muchos los baches que asoman por doquier, a pesar de la oscuridad con que se procura cubrirlos. Una de las primeras inquietudes fue la de cercenar a la oposición el ejercicio de su función de contralor. De ahí que su preocupación se haya centrado en canalizar todos los resortes del poder, todas sus ventajas, sus competencias, así como buena parte de los recursos, para convertir al Estado en un militante descarado a favor del gobierno”.

El lector dirá que es, apenas, una muestra del trillado discurso de la fracción dominante de la prensa argentina. Pero ocurre que el texto (al que se han hecho podas irrisorias para sostener el juego) se publicó en el diario uruguayo El País, fue firmado por el columnista Enrique Beltrán y se refiere al gobierno de Tabaré Vázquez.

Muy a menudo, la templada gestión del presidente uruguayo es propuesta por la derecha argentina como un espejo donde debería mirarse nuestro oficialismo. En sus lares, los homólogos de La Nación piensan diferente: repiten sonsonetes y cargos acusatorios que acá se imputan al kirchnerismo. El blog Mendieta el Renegáu, que alertó al cronista de este artículo, se pregunta si los diarios tendrán una planilla única para calificar a los gobiernos.

Todo el abanico progresista regional tiene a los grandes medios como vanguardia de la oposición. Nada hay de ilícito en eso, los medios expresan intereses e ideología. Pero es un hecho digno de mención, máxime cuando viene acollarado con un nivel de concentración inexistente (hasta inimaginable) en democracias de más larga data y mayor robustez.

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Ciudadanía y poder: La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aspira a reparar una larga desidia. Limitar la concentración de los medios, promover a los medios públicos y a la comunicación emitida por entidades sin fines de lucro son algunos de sus objetivos primarios. Es un modo de ampliar la ciudadanía, de fomentar la participación como protagonistas en el ágora del siglo XXI. Alude a derechos constitucionales restringidos de facto, no apenas a la limitada libertad del consumidor.

Sus impugnadores aducen que esos propósitos maquillan una disputa de poder. Claro que la hay, desde siempre y no sólo en estos pagos. También es ostensible que los objetores defienden intereses creados existentes, una central posición de poder que no se vota, que perdura más allá de cualquier mandato de legisladores o presidentes.

Muchos de los dirigentes políticos que rechazan de raíz la norma, los radicales, sin ir más lejos, no se anclan en la doctrina de su partido o en sus acciones o discursos. Buscan cobijo en ese poder existente, pensando que es malo malquistarse con él, máxime cuando se recuperó viabilidad electoral. Ese cálculo pragmático, siempre defraudado en un recodo de la ruta, lo hicieron todos los gobiernos de los recientes 25 años, incluido el kirchnerismo. Varios gobernadores, que aspiran a ser candidatos a presidente o vicepresidente en 2011, estarán revisando esos mismos cálculos.

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Una larga marcha: La Presidenta volvió a incurrir en una equivocada costumbre: declararse pionera en esta movilización democrática, que la antecede en muchos años y que su fuerza desoyó durante un largo plazo. El reclamo de exclusividad le niega volumen e historicidad a la movida. No es un invento de la actual administración, sino una busca democrática decantada en años. Decenas de proyectos de ley intentaron poner coto a oligopolios crecientes. Evocar alguno siempre linda con la injusticia de olvidar otros. Haciéndose cargo de ese albur, el cronista recuerda al senador radical entrerriano Ricardo Laferrière que pagó un caro precio en su carrera política por promover el “Derecho a réplica”. Gabriel Mariotto, interventor del Comfer, también militó en esa lucha desde el llano. Miles de argentinos, académicos, comunicadores comunitarios y centenares de organizaciones no gubernamentales jalonaron el camino, iniciado mucho antes de que los Kirchner o Hugo Chávez fueran no ya presidentes, sino personas muy conocidas.

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Legitimidades: El cronista ha reseñado varias críticas al contenido del proyecto y volverá a hacerlo en sucesivas notas. Un tratamiento riguroso debería contener correcciones, aclaraciones y observaciones. Un punto firme de varios partidos de oposición es que la actual integración del Congreso no refleja a la ciudadanía. Si se aprobara la norma, arguyen, sería legal pero no legítima. Es pintoresco que sedicentes republicanos subestimen la legalidad, apelando a un argumento de raíz populista. Pero ese detalle no elimina la sustancia del reproche, que el oficialismo debe repechar construyendo una mayoría parlamentaria y social amplia, como la que consiguió cuando reestatizó el sistema jubilatorio, contando con el consenso del centroizquierda y el socialismo. Varios porvenires son imaginables hoy, hasta una ley revocatoria promovida por la oposición a partir de marzo de 2010. Ese escenario se haría más viable (en el Parlamento y ante la opinión pública) si la ley se aprueba por una diferencia exigua.

Habrá que seguir el itinerario parlamentario, en especial la táctica de la diputada radical Silvana Giúdici que preside la Comisión de Libertad de Expresión, a quien ciertos correligionarios y varios empresarios de postín le piden que cajonee el proyecto. Y también si el oficialismo se da maña para “abrir” su propuesta a los planteos de los diputados del centroizquierda, para mejorar su base de sustentación y la calidad de la ley.

En esa vigilia, dos observaciones. La primera es la pérdida de visibilidad mediática de la protesta agropecuaria, desplazada por otro poder fáctico en tapas y zócalos. La segunda, la asombrosa intromisión de la jerarquía de la Iglesia Católica en la agenda parlamentaria: pidió que se postergara el tratamiento hasta el 10 de diciembre. Quizá se revisó el viejo principio: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, todo ello previo pago a las corporaciones.

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