Daniela Bruna Ugolini empezó su carrera como fiscal de Cámara asegurando que las funciones de abogado del gobierno porteño y de fiscal eran prácticamente la misma. Y cumplió con esa premisa con suma coherencia: sus dictámenes son una prueba de amor a la gestión de Mauricio Macri, que la propone para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Ugolini dictaminó a favor de los 2400 despidos con los que inició Macri su gestión, a favor del decreto de necesidad y urgencia para intervenir la Obsba, a favor de la maniobra macrista de recusar al juez Roberto Gallardo en 700 causas y en contra de incluir a ATE en las negociaciones colectivas con Sutecba. El CELS la impugnará por su posición ante los derechos a la vivienda, a la salud y la educación: se pronunció en contra de la provisión de agua a la Villa 31 bis, de mejorar las condiciones de una persona sin techo que recibía una pensión de 600 pesos, de una beca para que los hijos de los cartoneros siguieran en la escuela, y de dar más vacantes en los jardines de infantes de la zona sur.

Página/12 adelantó la postulación de Ugolini el 2 de agosto. Macri la candidateó por sugerencia del procurador Pablo Tonelli. Ayer, este diario informó que Ugolini incluyó en su declaración jurada una inmobiliaria, pese a que la Constitución porteña prohíbe a los jueces tener actividad comercial. Tiene la mitad de las acciones, mientras que su pareja ostenta la otra parte. Ambos son acreedores por una cifra similar de un hotel y spa. Además, Ugolini tiene autorización del Consejo de la Magistratura para ocuparse de “las actividades bancarias” de la empresa agroganadera de su padre.

En el ámbito judicial, la candidatura de Ugolini generó un importante disgusto, que se puede ver en la dificultad que está teniendo para conseguir avales de sus colegas. “Hubiéramos visto como un postulante más serio a Carlos Balbí o a Inés Weiberg de Roca”, señaló un magistrado sobre los otros dos candidatos que promovía el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.

Quizá el pensamiento de Ugolini quedó sintetizado en la versión taquigráfica de la audiencia para acceder al cargo de fiscal el 27/07/2000. “¿Qué diferencia cree que hay entre el rol que puede cumplir en la Procuración y su rol como fiscal?”, le preguntó el legislador Abel Fleitas Ortiz de Rozas, luego de que ella hiciera una distinción un poco confusa entre las dos partes. Ugolini siguió con una argumentación algo laberíntica y terminó casi homologando ambas funciones: “De eso se trata la función como abogada de Estado o del Ministerio Público: es decir, el cargo apunta a trabajar en beneficio de la sociedad”, afirmó. “Como abogada de Estado, es cierto, primó la defensa del Estado con los argumentos de la defensa (...) Mi defensa no era una defensa ni caprichosa, ni en contra de los intereses privados (...) En la defensa del interés del Estado estaba la defensa del interés público”, se defendió.

“El diputado (Facundo) Suárez Lastra recordó que la definición de la Ley de Ministerio Público no es exactamente defender al Estado, sino defender la legalidad y el interés público. ¿Cuál puede ser el rol del Ministerio Público, en este caso como fiscal, frente a un recurso de amparo contra la administración?”, le repreguntó. “¿Cuál es la función?”, se mostró perdida Ugolini. “Lo que quiero saber es si usted piensa que el rol del Ministerio Público es sostener la acción de amparo del ciudadano”, insistió él. “No, para nada”, contestó ella.

Hablan los dictámenes

Los dictámenes de Ugolini como fiscal hablan de su compromiso para el cambio. Este diario informó que Ugolini dictaminó en contra de remover los nombres de represores y autoridades de facto de plazas, calles y escuelas; de hacer refacciones en el Hospital Moyano. Como fundamento, incluyó que “es de público conocimiento que en diciembre del año pasado han asumido nuevas autoridades”, es decir, la gestión de Macri. Pero ésa es sólo una muestra de sus pronunciamientos:

- Avaló las 700 recusaciones del procurador Pablo Tonelli contra el juez Roberto Andrés Gallardo y también que el gobierno porteño le iniciara a Gallardo una querella por daños y perjuicios para avalar esa maniobra, que fue rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y condenada por un sinnúmero de organizaciones sociales y la oposición porteña como un ataque a la independencia del Poder Judicial. La cruzada macrista se inició por un fallo de Gallardo por la muerte de un bebé en el “centro de evacuados” que tenía el gobierno porteño en Parque Roca. Consecuente, Ugolini ya había dictaminado en contra de un amparo para trasladar a los habitantes de Villa Cartón de ese lugar.

- Se pronunció en contra de que se incorporase a ATE a la negociación colectiva que había iniciado en 2008 la gestión PRO con Sutecba.

- Un magistrado dio un amparo a una mujer que reclamaba al Instituto de la Vivienda de la ciudad una casa definitiva, dado que la pensión en la que estaba no era adecuada para su hijo discapacitado. En 2008, Ugolini pidió que se revocara la medida. Los 600 pesos que recibía le parecieron suficiente dinero.

- El juez Gallardo ordenó la reubicación de personas sin techo alojadas en dos hoteles que no cumplían con condiciones mínimas de habitabilidad. En 2004, Ugolini dictaminó que se violaba el derecho a la defensa del gobierno porteño.

- Un grupo de cartoneros presentó un amparo para que se les brindara una beca a sus hijos para seguir en la escuela. Gallardo les concedió la medida y Ugolini estuvo en contra.

- La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) promovió un amparo porque 8 mil niños –en particular de la zona sur– no obtuvieron vacantes en jardines de infantes. Un juez les dio la razón, pero Ugolini recomendó que se revocara el fallo. Consideró que los jueces no pueden cuestionar la política educativa de la gestión PRO.

- El asesor tutelar Gustavo Moreno planteó un amparo para que el Ejecutivo porteño asistiera a menores adictos al paco. Un juez dio 40 días para que el gobierno presentara un plan. Ugolini dictaminó en contra, sostuvo que el fallo es una intromisión en el ámbito del Ejecutivo.

- ACIJ planteó un amparo para que se ordenase al gobierno porteño que diera un servicio de agua urgente a cuatro manzanas de la Villa 31 Bis que “no cuenta con ningún acceso a la red de agua potable”. Un juez hizo lugar y la gestión PRO apeló. Ugolini pidió la revocación de la sentencia: consideró que ningún magistrado le puede imponer al Ejecutivo “una obligación de hacer determinando” ni “la forma en que el suministro de agua debe realizarse”.