A una semana del fallo de la Corte que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal, los integrantes del Comité Científico que asesoran a Aníbal Fernández desde sus días en el Ministerio del Interior presentaron los principios rectores del futuro Plan Nacional de Drogas. Dicho Plan, como adelantó este diario el sábado pasado, durará un lustro (2010-2015) y tiene como prioridad el derecho a la salud de los usuarios, sean problemáticos o no. También se creará una Comisión Nacional de Políticas Públicas en Materias de Drogas y se implementará, con el visto bueno del Congreso, una serie de proyectos sobre temas diversos: alcoholismo, psicofármacos, cárceles, prevención en escuelas, minoridad, narcotráfico, precursores químicos, campañas mediáticas y adicciones en el trabajo, entre otros.

En el corto plazo, la idea central del Plan es avanzar sobre leyes cajoneadas en el Senado, enviar otras, conseguir resoluciones para readecuar ciertas instituciones. Por otra parte, se buscará repartir responsabilidades entre los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Justicia, Educación y Trabajo. En el esquema actual, es la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que depende del Ejecutivo, la que maneja muchos de estos temas. Este hecho fue objetado en varias oportunidades por el Comité Científico, cuyos integrantes señalan la dificultad estructural de la pretensión de que un mismo organismo se encargue del aspecto sanitario y del represivo al mismo tiempo.

El aspecto penal, según las propuestas de los especialistas, estará centrado en perseguir a los grandes narcotraficantes a través de cruces de información para determinar cómo y dónde lavan el dinero que obtienen ilícitamente y devolverlo a las arcas del Estado. En este sentido, la prioridad será desbaratar toda la red: producción, almacenamiento, traslado y venta. Para ello, despenalizar por ley la tenencia de estupefacientes para uso personal resulta clave. No sólo por la intromisión a la libertad individual que supone penarla, sino por el malgasto administrativo. Ya lo dijo Aníbal Fernández. Más del 70 por ciento de las causas por drogas son iniciadas contra perejiles.

El Plan prevé implementar las siguientes medidas:

- Plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones. A partir de un diseño normativo, se buscará garantizar y asegurar el pleno goce de los derechos humanos de las personas frente a las adicciones. Para ello, según se resalta en un cronograma, se mejorará la calidad institucional y los controles estatales debilitados durante estos últimos veinte años desde la sanción de la ley actual. Esta iniciativa será enviada al Congreso y fue presentada ayer en la Casa Rosada. Todos los ministerios mencionados al principio de la nota tendrán su parte en la ejecución.

- Plan nacional de drogas 2010-2015. El eje serán las causales sociales del consumo de sustancias legales e ilegales, sobre las que se establecerán políticas públicas nacionales. Esto abarcará temas como la comunicación, la salud, el trabajo, la educación, el acceso a la Justicia y la ayuda social. Para implementar este plan se crearán “unidades ejecutoras” en los ministerios intervinientes (incluyendo la Cancillería y las secretarías de Deporte y de Cultura).

- Creación de la comisión nacional de políticas públicas en materia de drogas. Este ente, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, se encargará de coordinar los distintos ministerios involucrados y organismos de la administración pública nacional en materia de drogas. A su vez, esta comisión será controlada por otra, integrada por diputados y senadores.

- Modificación del régimen de asistencia e internaciones en establecimientos asistenciales. Dados los abusos en el período de internación, la falta de control y la baja profesionalización del personal de muchas de las comunidades terapéuticas, el Comité tiene lista una ley para establecer pautas específicas en el tema. La internación en materia de adicción será tomada como un recurso de carácter “restrictivo y excepcional”. Las garantías con las que cuente el usuario problemático surgen de un fallo de la Corte Suprema, donde se plantea el problema de la accesibilidad a los tratamientos y una decena de derechos que suelen ser vulnerados al paciente. Se implementará un “plan de adecuación, control y seguimiento de los tratamientos en el lugares del tercer sector”, a cargo de los ministerios de Salud y Justicia y el Consejo Federal de Salud.

- Implementación y creación de mecanismos de coordinación con los distintos consejos federales. Esta iniciativa apunta a establecer protocolos de atención, control y diagnóstico en todos los sectores, a partir de una puesta en común de los distintos ministerios. Servirá para unificar criterios en todas las provincias.

- Consejo federal de justicia, coordinación de políticas públicas en drogas y cárceles. A partir de una resolución, se buscará contar un organismo que centralice la administración de justicia, la persecución del narcotráfico y el tratamiento a quienes sufran problemas de dependencia a alguna droga y estén en la cárcel. También habrá encuestas en octubre para conocer en detalle los problemas de adicciones entre la población carcelaria.

- Control y diseño de ajuste de los tratamientos a drogadependientes de acuerdo con los instrumentos internacionales. Según el cronograma, el objetivo es “modificar las prácticas” de atención de prestadores estatales o no (ONG, prepagas y obras sociales).

- Adecuación y ampliación del Centro Nacional de Reeducación Social. El Cenareso será, resolución mediante, órgano tutor en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

- Promover la ampliación de la ley de lucha contra el alcoholismo y su reglamentación nacional. A través del Consejo Federal de Salud, se buscará “en forma urgente” replicar planes al respecto. El alcoholismo es, en este momento, el causante de grandes desgracias en la Argentina: violencia familiar, accidentes de tránsito, peleas seguidas de muerte.

- Impulsar el proyecto de regulación del expendio y publicidad de medicamentos de venta libre. Falta que el Senado apruebe esta norma, reclamada por los expertos ante el auge de la automedicación y el abuso.

- Impulsar el proyecto de ley de reducción del consumo de tabaco. Actualmente, mueren 40 mil personas en Argentina por problemas derivados del tabaquismo. El proyecto fue aprobado por las comisiones de Adicción y Salud de diputados y es reclamado con urgencia por el Comité Científico.

- Impulsar el programa nacional de educación para la prevención de adicciones y el consumo indebido de drogas. Falta la sanción del Senado para que se apruebe esta ley que brindará a los más jóvenes “información disuasiva del consumo enfocado en los grupos más vulnerables”. Incluirá todas las modalidades y niveles del Sistema Educativo e informará seriamente sobre los riesgos del uso y el abuso de sustancias.

- Impulsar el programa nacional de asistencia a las adicciones. El proyecto del diputado Leonardo Gorbacz no ha sido tratado todavía en diputados, donde le falta el visto bueno de la Comisión de Presupuesto. El diputado plantea un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordar el tema de las adicciones en todo el país. El modelo a seguir será el de la reducción de daños, entre otros, y se complementa con el Plan Integral mencionado al principio de este cronograma.

- Prevención y tratamiento de adictos en institutos de menores. Cuatro ministerios estarán a cargo del problema más complejo de todos: Justicia, Salud, Desarrollo Social y Educación.

- Sedronar, reformulación de las competencias. En 60 días habrá un decreto del Poder Ejecutivo para rediseñar las competencias actuales de esta secretaría a cargo del odontólogo Raúl Granero. No se encargará de la prevención ni del tratamiento y su rol en la lucha contra el narcotráfico sería muy limitado. Su existencia sería meramente simbólica.

- Decreto derogatorio de la autoridad de aplicación de los convenios bilaterales sobre narcotráfico firmados entre 1900 y 2003. En este tema regirá la Ley de Ministerios y es el paso legal para generar auditorías, hasta ahora inexistentes, en los temas relacionados con el narcotráfico. El decreto pondrá en manos del Ministerio de Justicia y la Cancillería la aplicación de los convenios internacionales.

- Fiscalización de precursores químicos y sustancias que sirven para fabricar drogas. El tema salió a la luz luego del triple crimen de los empresarios ligados a la efedrina. Se plantea que la Anmat (el ente que controla alimentos y medicamentos, el Iname (Instituto Nacional de Medicamentos) y el Ministerio de Producción se hagan cargo de controlar los precursores que sirven para fabricar cocaína, paco y metaanfetamina.

- Auditorías de las empresas inscriptas en el registro de precursores químicos. Muchos de los precursores son legales, su uso es industrial o médico. Su control depende de la Sedronar, por resolución los mismos estarán a cargo de fiscales, policías federales, gendarmería, Ministerio de Salud, Anmat e Iname.

- Ampliar la estructura y competencias de la Anmat y del Iname. El objetivo es adecuarlas a la nueva función de control que ejercerán.

- Diseño e implementación de una campaña de prevención de abuso de sustancias legales e ilegales a través de los medios masivos de comunicación. Esta campaña tendría en cuenta las particularidades de cada provincia, del abuso que se dé en el lugar: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y las drogas ilegales, en ese orden, serán las prioridades, tal como señaló la encuesta nacional sobre uso de drogas hecha por el Comité el año pasado.

- Implementación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, trabajo y sus acuerdos complementarios. Las adicciones en el ámbito laboral han sido escamoteadas durante mucho tiempo. Hubo convenios al respecto y más de 40 empresas, las petroleras a la cabeza, se sumaron a programas de prevención y asistencia como parte de la Responsabilidad Social Empresaria.