Desde Santa Fe

El ex juez Víctor Brusa y sus cinco compañeros de banquillo escucharon ayer las acusaciones fiscales en su contra en la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Brusa fue imputado por “apremios ilegales” en ocho casos, mientras que los cinco policías, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, serán juzgados por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” en concurso real.

El Tribunal Oral Federal resolvió también suspender por una semana el juicio al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que sigue en el banquillo en Santa Fe. Marcellini estaba internado ayer en el hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, donde se sometió a un examen médico y psiquiátrico a cargo de dos peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyeron que no estaba en condiciones de salud para afrontar el juicio y sugirieron un nueva revisación en siete días.

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía –que se leyó en la sala del tribunal– relató cómo operaba el circuito represivo en Santa Fe: el secuestro; el paso de las víctimas por los centros clandestinos –como La Casita, en las afueras de Santo Tomé–, donde el grupo de tareas arrancaba declaraciones bajo torturas. Y luego, en una etapa posterior, esas mismas confesiones aparecían en manos de Brusa, que intentaba judicializarlas bajo presiones y amenazas. Una de sus denunciantes, Anatilde Bugna, le comentó sus padecimientos en La Casita, pero el ex juez se burló de ella: “Agradecé que lo podés contar”, le dijo, según el relato del fiscal Eduardo Grioglio, que intervino en la etapa de instrucción.

El fiscal Grioglio reconstruyó –hasta con detalles– el circuito clandestino de la represión en Santa Fe y citó el testimonio ante la Conadep de un secuestrado en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, a quien después trasladaron a Santa Fe y pasó por tres centros clandestinos que podía localizar: uno, en Santo Tomé; otro, en San José del Rincón, y un tercero en Coronda, donde habría terminado como casero, a principios de 1977. Grioglio señaló que dos fueron localizados: La Casita, de Santo Tomé, y una casaquinta en Villa California, en las cercanías de Rincón, a la que los represores llamaban “Borgia”, según los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que estuvieron secuestrados en esa vivienda.

Antes de la audiencia, familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos se juntaron frente a tribunales para repudiar una intimidación sufrida por la esposa del fiscal de la causa, José Candioti.