El juicio contra Botnia está a punto de entrar en la etapa final. El lunes que viene, ante la Corte Internacional de La Haya, comenzarán las audiencias públicas en que las partes expondrán sus últimos argumentos. Las sesiones se extenderán durante tres semanas –hasta el 2 de octubre– y estarán centradas en debatir si, como planteó la Argentina en la denuncia que dio origen al proceso, el gobierno oriental violó el Tratado del Río Uruguay y autorizó unilateralmente la instalación de la pastera finlandesa.

Botnia lleva ya un año y diez meses funcionando, por lo que en las audiencias también se discutirá si la empresa contamina. Las autoridades uruguayas sostienen que su desempeño ambiental ha sido “excelente”. La calificación se basa en los informes de la Comisión de Seguimiento de Botnia (integrada por funcionarios uruguayos, ONG y representantes de la empresa), que asegura que la pastera “no ha modificado la calidad del aire” de la zona, y que los valores del agua “continúan por debajo de los límites establecidos” internacionalmente.

Sin embargo, la delegación argentina dará una visión distinta ante el principal órgano de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alertará sobre los “recurrentes episodios de contaminación” que se manifestaron en “la emanación de olores nauseabundos, la aparición de manchas en el río” y la multiplicación en el agua de algas “en una escala que no registra precedentes”. En el mismo sentido, detallarán las explosiones y derrames derivados de accidentes en la operación de la planta. Según revelaron a Página/12 fuentes diplomáticas argentinas con acceso a la causa, estos episodios se han ido produciendo cada vez con mayor frecuencia y muestran un aumento desde el último verano.

Los efectos de Botnia en el río y su zona de influencia fueron recogidos por el plan de vigilancia ambiental a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, en el que participan la UBA y otras universidades. La Corte ha impuesto sobre el caso un pedido de confidencialidad, por lo cual no se conocen los datos concretos aportados al expediente. La estrategia de las partes se irá conociendo así en el desarrollo de las audiencias orales, aunque los jueces a su vez irán desclasificando el material y subiéndolo a la página de Internet de la Corte.

En las sesiones, la Argentina estará representada por Susana Ruiz Cerrutti, consejera legal de la Cancillería; Horacio Basabe, director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, y Santos Goñi Marenco, embajador argentino en los Países Bajos. En el inicio de esta etapa oral también viajará el secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni.

La jefa del equipo, Ruiz Cerrutti, está en Holanda desde la semana pasada, dando los últimos retoques a la estrategia legal. Tendrá la palabra durante la primera semana de audiencias, cuando la Argentina expondrá sus pruebas.

Los uruguayos realizarán su descargo en la segunda semana. Finalmente, cada país tendrá dos días para rebatir lo dicho por el otro. El tribunal no dará a conocer inmediatamente su veredicto; la estimación es que los jueces se expedirán entrado el año que viene.

El principal argumento argentino contra Montevideo es el incumplimiento del Tratado de Río Uruguay, que señala que, dado que el río es compartido entre ambos países, las decisiones que lo afecten deben ser previamente comunicadas y consensuadas. La Corte de La Haya fue establecida en el tratado como el tribunal de aplicación ante eventuales controversias.

La denuncia contra el Uruguay fue presentada hace más de tres años, el 4 de mayo de 2006, luego de que fracasaran las negociaciones bilaterales. Como se recordará, el gobierno uruguayo inicialmente había autorizado la instalación de dos pasteras en la costa del río Uruguay, Botnia y Ence. A raíz de las protestas de los vecinos de Gualeguaychú y tras la demanda en La Haya, Ence aceptó relocalizarse, pero Botnia no.

En busca de una solución al conflicto, en mayo de 2005 los dos países formaron un Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), cuya misión fue consensuar una salida negociada, pero que no logró ningún avance. Al año siguiente, los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner tuvieron un principio de acuerdo y pidieron a Botnia y Ence (que todavía no se había ido) que suspendieran los trabajos de construcción por 90 días, para realizar un estudio de impacto ambiental. Ence accedió, pero Botnia siguió adelante con los trabajos. Así se frustró la más alta negociación a nivel bilateral, y la Casa Rosada decidió recurrir a La Haya.