Son centenares, tal vez miles. Miembros de las tres Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad y también civiles. Los más jóvenes tienen poco más de cincuenta años. Los mayores rondan los noventa. Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas, nacionales y extranjeras. La mayoría disfruta de hijos y nietos, va a misa y recorre las calles como cualquier vecino. Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío. Treinta años después, los vuelos de la muerte aún rinden frutos. Existen casos probados a partir del hallazgo, en costas bonaerenses y rioplatenses, de cadáveres de personas que pasaron por Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Existen miles de desaparecidos a los que se privó hasta de una tumba sin nombre. Existen confesiones públicas y privadas que coinciden en la rotación del personal para sellar el pacto de silencio. No existe, sin embargo, ninguna estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes.

Si la clandestinidad, la destrucción de pruebas y el silencio impiden poder investigar a fondo cada eslabón del Estado terrorista, identificar a quienes participaron en los vuelos tiene un escollo adicional: no hubo testigos en los aviones. Un sondeo entre querellantes, antropólogos y magistrados sugiere sin embargo que el fin no es utópico. Entre las pruebas disponibles tiene un valor central la confesional, la admisión ante terceros. ¿Alguien pudo no haber relatado la experiencia límite de arrojar a una persona al mar? ¿Morirán los confesores en la complicidad del silencio?

Página/12 publicó ayer la historia de dos aviones Electra en exposición, relatos sobre vuelos de los propios represores y la confesión de un suboficial naval que admitió su participación ante compañeros de trabajo. A cuatro años de concluida la instrucción sobre el relato del capitán de corbeta Emir Sisul Hess como piloto de vuelos de la muerte, la justicia no lo citó a declarar.

“Tipos muy pesados”

Nacido en Bahía Blanca en 1949 y miembro de la promoción 102 del comando naval, Emir Sisul Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora pero mencionada por el cabo Raúl Vilariño, que ya en 1984 denunció los vuelos, como una cobertura de represores de la ESMA.

Hess era aviador naval y paracaidista. Tenía el grado de teniente de corbeta. Sus jefes eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston.

En 1984, citado a declarar por el contralmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, dijo desconocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta, con 41 años, e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort S.A. en Villa La Angostura. En aquel paraíso y en pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llega a la justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

La base de Palomar es la misma que Rodolfo Walsh vinculó a los vuelos en su Carta Abierta a la Junta Militar. “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto”, calculó en marzo de 1977. Detalló el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y acusó a las tres Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea”. Identificó como jefe al brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión por crímenes en Mansión Seré pero libre hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia, y apuntó que “usaron transportes Fokker F-27”.

El testimonio ante la Conadep de Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, sugiere que no sólo los cautivos de la Armada despegaban desde la base de la Fuerza Aérea. “En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Esta operación se realizaba al costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros para montar guardia alrededor del avión”, declaró.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares. El abogado, que según el condenado general Santiago Riveros tardó seis años en comprender la lógica castrense, citó un escrito de Hess en el que renegaba por la impopularidad de su oficio. “Un militar se capacita para matar o morir, por supuesto que en salvaguarda de valores superiores. Perder de vista nuestra razón de ser nos puede convertir en cirujanos con aversión a la sangre”, lo citó Varela.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ‘90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano tras su renuncia, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, donde ya existía la causa 3227/02 sobre los vuelos, una recopilación de listados y legajos de marinos sin procesar. Allí, en un despacho de Comodoro Py, descansa desde hace cuatro años.

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