La pulseada entre la provincia de Córdoba y el gobierno nacional por los fondos provisionales tendrá como escenario la sala principal de la Corte Suprema, donde los jueces del tribunal celebrarán una audiencia pública para que cada quien exponga su postura. El gobierno cordobés reclama 1220 millones de pesos y argumenta que sin ellos no puede pagar las jubilaciones de acá a fin de año. Al debate fueron convocados el ministro de Economía, Amado Boudou, y el gobernador Juan Schiaretti. Después, el máximo tribunal deberá emitir un pronunciamiento.

La audiencia será el 15 de octubre a las 10 de la mañana. El reclamo que la provincia presentó en la Corte es por 1.220.454.813 pesos que, sostiene, debió haber recibido en virtud de un convenio de “armonización y financiamiento”, que se remonta a 2002 y llega hasta fin del 2007, destinado a paliar el déficit del sistema previsional provincial. Según el gobierno de Schiaretti, el Estado nacional está obligado a prestarle asistencia e interpreta que debería financiar el déficit global de su sistema provisional en relación con los regímenes jubilatorios no transferidos a su jurisdicción.

El gobierno cordobés pidió, antes que nada, que la Corte Suprema le haga lugar a una medida cautelar para poder pagarles a los jubilados. Sus Señorías, antes de tomar cualquier determinación de ese tenor y de avanzar también sobre el fondo de la cuestión, optaron por convocar a una audiencia abierta dada “la trascendencia económica e institucional” de la discusión, según explicaron funcionarios supremos.

“Estaré allí para defender el derecho y los intereses de todos los cordobeses”, salió a decir Schiaretti, quien pareció recibir la citación a la audiencia como una señal a su favor. “No tengo duda de que la razón y el derecho nos asiste”, enfatizó.

En el gobierno nacional sostienen que en la caja jubilatoria de Córdoba hubo desmanejos históricos, que se remontan incluso al gobierno de Eduardo Angeloz y atravesaron todas las administraciones. Señalan que Córdoba cuenta con las jubilaciones más altas del país y se trata de un tema que se ha utilizado con fines electorales. “Nos quieren hacer pagar el costo de esa política”, se quejan en voz baja. En la Casa Rosada estiman que Boudou concurrirá también a la cita suprema.