“En nombre de los ex presos políticos del noroeste argentino, quiero recordar que la primera denuncia sobre la masacre de Margarita Belén la pusimos en el bolsillo del saco del comisionado Tom Farer cuando nos visitó en la cárcel”, agradeció una mujer con el pulso tembloroso. “En el Ministerio del Interior me decían ‘¿Así que su hijo tiene 17 años? Tal vez ya lo hizo abuelo’. Ante la CIDH por primera vez nos sentimos respetados como seres humanos”, recordó con lágrimas en los ojos Julio Morresi, símbolo entre los padres de desaparecidos. “En nombre de los organismos de derechos humanos y me animo a decir de la sociedad argentina, a los miembros de la CIDH de 1979 y a los actuales, muchas gracias”, redondeó su exposición el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Los destinatarios de los elogios fueron los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 1979 se instalaron en la Argentina, recibieron cientos de denuncias de familiares de desaparecidos, entrevistaron a presos políticos, se reunieron con autoridades del gobierno de facto y elaboraron el informe sobre las violaciones a los derechos humanos que marcó el comienzo del fin de la última dictadura. Tres estaban presentes en la Cancillería: el norteamericano Farer y el colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra, ambos comisionados, y el ex secretario ejecutivo, el chileno Edmundo Vargas Carreño.

“Cuando llegué a la CIDH descubrí que no había reglas para las observaciones in loco”, recordó Farer. Un año después, en 1977, él mismo las inventó durante una misión en Panamá. “Autoridad total para investigar cualquier cosa en cualquier parte del país, anuncio público y garantías de no represalias contra los testigos”, resumió. “El gobierno argentino propuso que viniéramos a estudiar el sistema judicial, que entonces no existía”, explicó. “Entonces invocamos el tratamiento igualitario, que obligó a la Junta a enfrentar la realidad”, agregó.

Con el orgullo a flor de piel, el ex comisionado enumeró “impactos” de la visita. “La palabra ‘desaparecido’ no aparecía en los medios. Clarín y La Nación publicaban noticias de enfrentamientos en los cuales los terroristas siempre morían o escapaban. Durante la visita apareció por fin la palabra ‘desaparecidos’. Se estaban abriendo las exclusas y creo que el gobierno no pudo cerrarlas nunca más”, recordó. Más tarde contó su impresión de la visita al dictador Jorge Videla. “Fue una reunión de trato correcto pero no cordial. Dijo lo que todo el gobierno repetía: que había ‘una guerra civil, una guerra sucia, con excesos inevitables’. Tenía una personalidad introvertida, un hombre de una época anterior”, resumió.

“La recopilación de indicios concordantes y uniformes permitió afirmar que los miles de desaparecidos estaban muertos, y que era incontrovertible la violación de prácticamente todos los derechos humanos conocidos”, explicó Monroy Cabra. “El informe estableció la verdad histórica y puso el dedo en la llaga sobre el problema de los desaparecidos. Dio origen a la figura de la desaparición como crimen de lesa humanidad”, agregó.

Verbitsky desempolvó de su archivo uno de los quinientos ejemplares del informe que Emilio Mignone ingresó al país clandestinamente y pidió a los ex miembros de la misión que se lo autografiaran. Recordó que la dictadura prohibió su difusión pero que en 1980 el fundador del CELS y sus colaboradores fotocopiaron y distribuyeron dos mil copias. Luego fue atrás en el tiempo, rememoró las estrategias de Mignone, Noemí Labrune y demás miembros fundadores para seleccionar 500 de los 4500 casos documentados que había recopilado la APDH y llevarlos a la CIDH. “El impacto del informe fue enorme. Por primera vez los medios tuvieron que publicar lo que sucedía, terminar con la ficción de los enfrentamientos y la descalificación de las víctimas”, destacó. “Se abrió una nueva fase del proceso: la de admisión general de los crímenes y defensa de la impunidad de los perpetradores”, concluyó.

El panel fue el segundo del día. En primer turno expusieron Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich, actuales presidente y vice de la CIDH –que ayer se entrevistaron con miembros de la Corte Suprema y el Senado– y la jueza chilena Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.