Las audiencias públicas en el Congreso se siguen desarrollando. Los partidos opositores que quieren el rechazo de la ley pusieron el grito en el cielo con variados argumentos. Uno de ellos, repetido por varios medios de primer nivel, suena naïf pero es avieso: las audiencias no son públicas porque se realizan en un ámbito con “apenas” 250 butacas. Niegan un hecho patente, enseñado incluso en las universidades privadas en las que algunos de esos medios forman a su semillero: el ágora actual transcurre, básicamente, en los medios de difusión. La abrumadora mayoría de las personas del común, aun aquellas interesadas, no disponen de tiempo para leer el Boletín Oficial, asistir a las sesiones parlamentarias o concurrir a las unidades básicas, a los comités radicales o a cómo-quiera-que-se-llamen los locales de tantos partidos de la nueva horneada. Se informan a través de la radio, la tele, los diarios, los blogs si son sofisticados.

Conocedores de ese dato irrefutable, editores de cadenas de cable minimizaron la información sobre la primera audiencia, en la que primaron voces favorables al proyecto. Todo apoyo a la medida es sospechado de avieso y se trata de invisibilizarlo. En su edición de ayer, Clarín ni mencionó los nombres de quienes hablaron a favor. Como sí informaron Página/12 y otros diarios, incluso algunos muy adversos a la iniciativa, el desfile tuvo un grado interesante de representatividad. No fue un desfile de barones del conurbano o de impresentables punteros. Hubo comunicadores de amplia experiencia, emisores no monopólicos. También expuso el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, quien, como bien reseñó la crónica de este diario, rayó muy alto. La CTA, se sabe, es una central alternativa y pluralista que alberga en su interior posturas bien distintas con relación al Gobierno. Pero en su conjunto ha bregado por varias conquistas que son ajenas a la agenda oficial, si no contradictorias. El reconocimiento de su personería, que consiguió un avance a través del fallo “ATE c/Ministerio de Trabajo” de la Corte Suprema es uno. Otro es la asignación universal a la niñez. Hay más, aun coyunturales, como el “blindaje social” pedido ante la crisis económica internacional. Esos reclamos unifican la pluralidad interna de la CTA. El documento que presentó Yasky fue aprobado por unanimidad y considera un “mandato histórico” tratar cuanto antes la ley. La CTA, como muchísimos actores sociales, no se sube a este tren ahora: lo construyó desde el llano desde hace añares.

Las dos centrales de trabajadores, la CGT y la CTA, forman parte del colectivo que empuja el proyecto. Una pléyade de académicos, facultades y comunicadores lo avala. Del otro lado se percibe la ausencia de un sujeto social que lo defienda. Se repite lo sucedido cuando la reestatización de Aerolíneas Argentinas o del sistema jubilatorio, o cuando se recuperó la transmisión del fútbol por tevé abierta: fuera de la dirigencia política, casi todos los defensores son gerentes o empleados de las empresas concernidas. Eso explica que no hayan podido ni colmar las exiguas 250 butacas.

Otro problema los constriñe cuando el debate se expande y difunde: en algún momento tienen que reivindicar el insostenible, arcaico y concentrador sistema actual de medios. No es sencillo.

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Mirad los lirios del campo: Luis Bonetto es licenciado en Comunicación Social y titular de una PYME (más ME que PE) productora de televisión, comunicación y organización de eventos. Entre sus emprendimientos hay un canal de cable, Sembrando Satelital, dedicado a temas agropecuarios. El centro de su actividad está en Córdoba. Con la consabida tonada, Bonetto habló anteayer en la audiencia pública. Formuló propuestas en orden a democratizar el espacio audiovisual y federalizarlo. Y dio cuenta de la situación que atraviesa su canal, cuya inmensa mayoría de auspicios publicitarios proviene de fábricas de maquinaria agrícola y proveedores de insumos para la actividad agropecuaria. Explicó que se difunde en 640 cables de Argentina y países limítrofes. Pero lo que se puede, por caso, en Asunción de Paraguay, Buenos Aires o Villa María no se consigue en Córdoba capital. La razón es que allí domina el espectro del Grupo Clarín, que domina el Canal 9 y DirectTV. Estas empresas se niegan a “subir” Sembrando Satelital, que sería competencia del Canal Rural, que depende del Grupo. Bonetto lo expresó con modos delicados, que se transcriben: “Sembrando tuvo una larga vigilia por las grandes cadenas de cableoperadores, para poder participar en la grilla de Multicanal, Cablevisión, DirecTV, Supercanal, principales operadores de televisión por abonado en el país. Luego de 4 años seguimos esperando y ya con pocas expectativas de concretarlo”.

Quienes alegan, con trivialidad, que la libertad de información se consigue con el control remoto y el zapping estarían en un intríngulis en este caso, que refiere una tendencia y no una excepción: ¿Cómo elegir lo que está vedado por quien ejercita una posición dominante?

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Venite p’al centro: Un dirigente socialista santafesino de primer nivel explica otra faceta del federalismo comunicativo, en su versión vigente. Santa Fe, cuenta, tiene 1000 kilómetros de una punta a otra de la bota, digamos desde la ciudad de Rufino en el sur hasta Florencia en el norte. Ningún medio oral, televisado o escrito la cubre en su totalidad. Da como ejemplo los históricos diarios de la provincia. “La Capital, de Rosario, venderá cien diarios en la ciudad de Santa Fe. El Litoral (de la capital provincial), acaso menos en Rosario. La influencia es proporcional.” ¿Qué hace un político santafesino, se pregunta el interlocutor de este diario, cuando quiere propalar información para toda su provincia? La respuesta viene de cajón: tiene que hacerse ver u oír por los medios nacionales. Venir al pie, diría el cronista, tan truquero en sus imágenes.

Este fenómeno tiene otra faceta que cualquier provinciano deplora. Durante todas sus mañanas los pobladores de Charata, Curuzú Cuatiá o en Neuquén, sin mayor interés ni provecho están sobreinformados acerca de las vicisitudes del clima o el tránsito en el área metropolitana. Su menú de noticias privilegia (sí o sí) los embotellamientos de la autopista Illia, que algunos jamás transitarán. O en la General Paz, donde tantas cosas terminan...

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Tercer sector: Otro tópico instalado por la cadena oficial de medios privados es que las entidades sin fines de lucro a las que se reconoce un tercio del espectro audiovisual serán subsidio-dependientes y por ende vasallas del poder político. Otra versión charra que subestima el potencial de la sociedad civil, su historia, sus posibilidades. En épocas bien diferentes, incluida la dictadura, numerosas organizaciones no gubernamentales produjeron milagros de convocatoria, construcción de poder social, de agenda y de poder estando extrañados o muy raleados de la posibilidad de manejar medios: los organismos de derechos humanos, Memoria Activa, los asambleístas de Gualeguaychú, la ya aludida CTA, sindicatos, radios comunitarias. Jamás resignaron sus objetivos primordiales, en torno de los cuales articularon su relación mejor o peor con los sucesivos gobiernos. Si tienen más herramientas no “se darán vuelta”, antes bien crecerán.

Suponer que una sociedad civil aguerrida como la argentina se domestica tan fácil es conocerla poco y menoscabarla.

Pero, además, estos grupos solidarios no capitalistas no tendrán por qué depender exclusiva o principalmente del favor estatal. Pueden autofinanciarse, requerir créditos. Las capacidades del voluntariado son muy diferentes a la de las empresas capitalistas, podrán quedar rezagadas en algunos aspectos, pero en otros capacitan para superarlas.

La “denuncia” preventiva es interesada, pues tutela el statu quo con un argumento pseudorrepublicano. Quizá también incida un error de apreciación: los costos de emisoras alternativas son muy distintos de los de los medios comerciales, por razones tan lógicas como ineludibles. Vaya uno a saber cuántas radios podrán sostenerse meses con el presupuesto de un mes del soberbio producto cultural que es el programa de Marcelo Tinelli. En todo caso, de ellos dependerá.

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Abrir el juego: El debate cobró vuelo y hondura. Los grandes núcleos positivos del proyecto son su sesgo antimonopólico y la ampliación del espectro de emisores. Ese es el bastión que debería priorizar el oficialismo, abriendo oreja y espacio a quienes cuestionan con espíritu constructivo y democrático otros aspectos. En el bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV) se ilusionan con poder llegar el miércoles próximo a una mayoría holgada, con bastante más de veinte votos de luz. Para conseguir ese objetivo estimable deberán mejorar su propuesta al menos en dos aspectos. El primero es la integración de la autoridad de aplicación, recusada por la preeminencia del oficialismo. La oferta podría ser agregar un integrante, proveniente del Consejo Federal instituido en el proyecto.

El segundo es la participación de las telefónicas. Se lo sospecha de abrir las puertas a un nuevo oligopolio o, aun, de ser un negocio del kirchnerismo. La alternativa sería ahí diferir su entrada al mercado, de modo de ir garantizando un escenario de competencia. Dos años podrían ser un plazo suficiente, piensan los referentes del FPV, máxime porque vendrían a coincidir con el final del mandato presidencial.

Con estos aportes o con otros que podría guardar bajo el poncho, en Diputados el porotómetro pinta auspicioso para el oficialismo. En Senadores la cuenta es más estrecha y ardua de predecir. Un margen holgado en Diputados dificultaría deserciones dentro del oficialismo en la Cámara alta.

Las predicciones son arriesgadas, con tantos días y tanto lobby que faltan, pero el punto de partida de todo escenario debe ser el empate producido cuando se trataron las retenciones móviles. El oficialismo perderá senadores que lo acompañaron antaño, pero ganará algunos también. No es sencilla la profecía, el conteo será para alquilar balcones.

Hay quien augura que Julio Cobos meterá baza sin votar, remitiendo el texto aprobado en Diputados a innumerables comisiones, que lo tratarían escalonadamente, lo que dilataría la llegada al recinto para después del 10 de diciembre. El reglamento del Senado, empero, no autoriza ese procedimiento dilatorio. Pero para que esa discusión cobre cuerpo falta cuanto menos una semana a todo trapo.

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