Tras 19 allanamientos, doce en la ciudad y siete en provincia de Buenos Aires, una causa sobre la falsificación de hierro inyectable derivó en la detención de cuatro personas. El megaoperativo se puso en marcha en el marco de la investigación de la “mafia de los medicamentos”, que también investiga el juez federal Norberto Oyarbide. La causa del hierro se inició cuando en 2004 una embarazada falleció luego de recibir una inyección de Yectafer Sorbitex en el hospital de Viedma. Toda un lote de este medicamento había sido adulterado. Pocos meses después, y por la misma razón, murieron otras cuatro personas. Ayer, en uno de los allanamientos encontraron enterrados una gran cantidad de medicamentos vencidos: algunos coinciden con los utilizados para falsificar aquel mortífero lote 03100718 de Yectafer.

Según fuentes judiciales, esta causa venía avanzando hace varios años, pero se aceleró a partir de la repercusión que tomó el escándalo del robo de los medicamentos. Los allanamientos, a cargo de la División Unidad de Investigación Técnica del Delito de la Policía Federal, fueron hechos en casas y galpones mencionados en el enorme expediente (tiene 63 cuerpos). Uno de los operativos, realizado al mediodía, fue encabezado por el juez Oyarbide y ocurrió en la calle San Pedro 5737, en el barrio de Mataderos. Allí, un policía se desmayó por una nube tóxica cuando al correr unos tambores encontró enterrados medicamentos truchos.

Este depósito en Mataderos era regenteado por un comerciante, de nombre Jorge Arvia, de 45 años, quien fue detenido junto a su esposa, de 41. En medio del raid de operativos, la policía acudió a otros dos lugares donde se encontraron medicamentos y químicos. Se trata de una casa en la calle Albariños 1336 y un depósito en Berón de Astrada al 2000, ambos en el barrio de Bajo Flores. “Hay depósitos increíbles por el volumen de los medicamentos, todos vencidos”, comentó Oyarbide respecto de los hallazgos. En el primer lugar fue detenido un químico, cuyo nombre no fue difundido, quien sería responsable de un laboratorio sin habilitación que funcionaba en esa casa particular.

En el depósito de Berón de Astrada había remedios vencidos almacenados y numerosos químicos depositados en tachos, por lo que la policía detuvo al responsable de ese laboratorio, que no tenía habilitación. El allanamiento más importante, aseguró el comisario a cargo, Néstor Roncaglia, fue realizado en la calle Salado 3975, de la localidad bonaerense de Laferrère, partido de La Matanza. En un depósito de 8 por 20 metros, la policía decomisó unos cien tachos y bolsas que contenían precursores químicos, almacenados en forma clandestina, sin las medidas de seguridad necesaria y sin documentación que avalara su procedencia.

“En los allanamientos encontramos cianuro de sodio, ácido sulfúrico, anhídrido acético, cloroformo, sulfato de zinc, alcohol etílico, alcohol butílico, sulfato de magnesio, entre otros precursores químicos que se utilizan en la fabricación de medicamentos”, dijo Roncaglia. El comisario precisó que la causa por la falsificación del Yectafer es “paralela a la que también lleva Oyarbide respecto de los medicamentos adulterados”, en la que está involucrado el propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. De hecho, aunque para Roncaglia no habría mucha conexión, ambas forman parte de una especie de megacausa por la “mafia de los medicamentos”.

Un dato muy llamativo es la coincidencia entre esta lista de precursores y medicamentos y los componentes encontrados en el lote 03100718 de Yectafer que, además de las cinco muertes mencionadas, causó problemas de salud a más de treinta personas. Aquellas ampollas, según el peritaje, contenían cianuro de sodio (un químico de uso industrial), ácido sulfúrico, anhídrido acético (ambos se consiguen en ferreterías) y cloroformo, entre otras sustancias. Todas estas sustancias son tóxicas, tanto que anoche los investigadores debatían la forma más segura de trasladarlas.

Página/12 leyó esta lista de sustancias al doctor Carlos Damín, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, y le preguntó qué efecto hacen si son suministradas de forma intramuscular. “El más nocivo es el cianuro de sodio porque bloquea la respiración celular, es decir, provoca asfixia química en todo el cuerpo, impidiendo que las células utilicen oxígeno. Pero todo colabora, juntas pueden producir un paro cardíaco o distintas fallas en el caso del ácido sulfúrico y el cloroformo, en parte”, informó el especialista.

Fue una falla hepática, tal como se determinó en una autopsia, la que desencadenó la muerte de la rionegrina Verónica Díaz, de 22 años, el 23 de diciembre de 2004. La joven estaba embarazada y seguía un tratamiento por anemia en el Hospital Artímides Zatti, de Viedma, donde se le aplicaba Yectafer complex. Este medicamento es utilizado habitualmente para compensar la merma de hierro en el organismo durante la gestación y para tratar la anemia. Cuatro días antes de morir, Díaz recibió la última dosis y comenzó a tener vómitos y pérdida de conocimiento.

La mujer fue trasladada de urgencia a Buenos Aires y falleció en el Hospital Eva Perón de San Martín, sin que se le diagnosticara alguna enfermedad, más allá del déficit de hierro en sangre. Había otras ocho mujeres en Río Negro, dos de ellas embarazadas, que también habían resultado intoxicadas por esta partida falsificada del Yectafer. Este lote era de 300 cajas con diez ampollas cada una, cien de esas ampollas habían sido vendidas al hospital de Viedma.

La noticia sirvió para explicar otras muertes, como la de Luciana Giménez, ocurrida un mes antes que la de Díaz. La mujer, de 26 años, estaba embarazada de cinco meses y tenía dos hijos. Recibió una ampolla de la misma partida, pero en Diamante, Entre Ríos. Al año siguiente las ampollas seguían circulando y se cobraron la tercera víctima, también en Entre Ríos, Esther Hujo de Cuende. Según fuentes judiciales, hubo otras dos muertes por esos años vinculadas con el Yectafer.

Cuando Marcelo Munilla Lacasa, fiscal de instrucción de Viedma, comenzó a seguir la ruta de esos medicamentos aparecieron “droguerías fantasma” entre la cadena de intermediarios. El Yectafer inyectable había sido vendido por la droguería Gavazza, de Bahía Blanca, que a su vez lo compró a la droguería Quimbel, en la ciudad de Buenos Aires. Una fuente de la fiscalía rionegrina reconoció por entonces a este diario que, “a veces, la última droguería de la serie resulta ser sólo un terreno baldío”. De hecho, según determinó la investigación de Oyarbide, en Quimbel disimularon la compra con facturas a nombre de un laboratorio inexistente. Por esta causa, están procesados Santiago Lucio Gavazza, dueño de la droguería de Bahía Blanca, y Santiago Pacayut, quien lo compró mientras se desempeñaba como director del Hospital Zatti en Viedma. Ambos aguardan en libertad el juicio y están imputados como coautores responsables del delito de tráfico culposo de medicamentos peligrosos para la salud. Además hay quince acusados, a los que se suman los cuatro personas detenidas ayer que serán indagadas mañana por el juez Oyarbide. Serían, en parte, responsables de este círculo viciado de complicidades complejas entre dueños de droguerías, empleados estatales y funcionarios.