El episodio del secretario de la fiscalía de Saavedra que intentó copiarse en un examen para juez ocupó el centro del debate de ayer en el Consejo de la Magistratura y empezó a motorizar la postergada reforma de su sistema de selección. Los consejeros se comprometieron a aprobar en el próximo plenario un nuevo reglamento que apuntará a acortar los plazos para elegir magistrados y a dar más publicidad al proceso. El nuevo método aún está en discusión. Hernán Tuppo, el aspirante que fue hallado in fraganti con una copia de la prueba que estaba por rendir –y que había conseguido misteriosamente– fue excluido de todos los concursos en los que estaba anotado.

El presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, inauguró la sesión con cara de “tenemos-que-hablar-de-esto”, para lo cual todos iban preparados. El consejero-juez Luis Cabral relató en detalle cómo se descubrió que Tuppo tenía una copia del caso que debería resolver en el examen para un cargo en un tribunal oral de Paraná. Cabral era el encargado de tomar la prueba, en una escuela en Entre Ríos, a la que habían acudido una veintena de concursantes. Dos de ellos lo alertaron: el hombre que tenían sentado delante poseía copia del examen antes de que fuera repartido. Como Tuppo no quiso entregar el papel, terminó interviniendo un juez de Paraná y hay una investigación penal en marcha que no sólo podría comprometerlo a él sino al jurado y/o a algún funcionario del Consejo. El cuerpo también inició su propio sumario, que harán dos auditores.

Al comienzo del plenario el eje de la discusión apuntó a la conducta de Tuppo, a quien los consejeros decidieron por unanimidad excluir de todos los concursos en los que participa. El enigma es si en ese y otros casos anteriores corrió con ventaja. En una terna para juez de primera instancia, también de Paraná, que está a estudio del Poder Ejecutivo desde abril, había quedado en el segundo puesto. Por eso el Consejo mandó al Gobierno una nota donde alertan sobre su “inidoneidad moral”. Lo mismo fue señalado al Senado.

Varios consejeros pidieron no hacer tanto hincapié en el concursante, sino recordar que los que arman el examen son los cuatro miembros del jurado, a los que casi nadie había aludido hasta ese momento.

–¿Se imaginan si en esto hubiese habido un diputado? –bromeó el legislador kirchnerista Carlos Kunkel, sugiriendo que hubiera sido un escándalo. El jurado –integrado por los jueces Daniel Morín y Alberto Pravia, el ex juez Gustavo Costa y el profesor Ignacio Tudesco– también fue separado del certamen y fueron convocados los suplentes.

El escándalo del machete vino a estallar justo cuando parecían aquietarse las críticas poselectorales de la oposición al Consejo.

“Hay aspectos del reglamento de selección que facilitan estos hechos”, advirtió la oficialista Diana Conti, que desde el año pasado viene señalando que –a su entender– el hecho de que los exámenes sean anónimos favorece “la corruptela”. La diputada puso a circular hace algunas semanas un proyecto donde no sólo propone eliminar ese anonimato (y que a la hora de corregir cada prueba el jurado sepa quién la hizo), sino también que se reparta el tema por anticipado a todo el mundo y que el concurso incluya un examen oral y público. También armó un esquema con plazos precisos para que la selección de un juez, que a veces llega a demorar más de dos años, no tarde más de los 90 días que fija la ley.

Los radicales, que se oponían a eliminar el anonimato porque decían que eso favorecería la discrecionalidad, ahora parecen más dispuestos a apoyar el cambio. No así los jueces. “Soy partidario de una entrevista o examen oral sobre temas jurídicos, pero el anonimato es lo que da transparencia al concurso”, le dijo Cabral a este diario. En el Observatorio del Poder Judicial coinciden: “La calificación va a ser arbitraria”.

El cuerpo se comprometió a consensuar una reforma interna –más aún teniendo en cuenta que por ahora no hay indicios de que haya reforma de la ley– para mejorar todo el engranaje a la hora de elegir un juez. Los consejeros dijeron que se pondrán más rigurosos al momento de elegir al jurado y no descartan que para la evaluación se convoque a ONG del ámbito del derecho, como sugiere un proyecto de Candiotti. Se comprometieron a votar las nuevas reglas el 1º de octubre.