“Los príncipes siempre cuidaron de no descontentar a los grandes hasta reducirlos al grado de la desesperación, como también de tener contento al pueblo.”

Nicolás Maquiavelo.
El príncipe.

“Pero los grandes que me vi obligado a hacer se sienten furiosos cuando cesé un instante de colmarlos de bienes.”

Napoleón Bonaparte, Nota escrita al pie de la cita anterior

A la Selección de fútbol le falta sólo esa recaída pero forma parte del contexto general: en estos meses se ha puesto de moda el gol en contra.

Nadie hizo más por diluir el potencial futuro de Elisa Carrió que ella misma. Carlos Reutemann se basta solito para empiojar su porvenir, que lucía venturoso el 29 de junio.

El oficialismo, que recobró ímpetus tras la derrota, consiguió las facultades delegadas y recobró el manejo de la agenda, también mete la pata con asiduidad. En la semana que hoy termina enturbió más que nadie la discusión sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales con la torpeza del operativo de la AFIP en dependencias del Grupo Clarín.

Un operativo bullanguero, retractado con disculpas y un par de cesantías, parece dibujado a la medida de sus antagonistas. Si la intención era amedrentar, era imposible conseguirlo con un despliegue brancaleónico y un retroceso. No es sensato, tampoco, deducir que el oficialismo (duro cuando se lo propone) lanzó la medida y se detuvo ante su repercusión, que no superó en nada lo predecible. Ninguna explicación racional cierra del todo. Tampoco la tesis que expresó Aníbal Fernández: una traición interna de cuadros de la AFIP, ajenos a su titular. La hipótesis dejaría muy mal parado a Ricardo Echegaray, que no controlaría a sus propios empleados. Además, queda vacante un flanco explicativo: si fue así ¿por qué no hubo una reacción inmediata, desautorizando el operativo? El kirchnerismo suele tener reflejos rápidos y capacidad de verticalizar. Pasaron horas entre la supuesta sorpresa y la contraorden.

El cronista confiesa su limitación: ninguna explicación le encaja del todo, suponiendo a los actores racionales y dotados de información mínima. Con esa carencia, las interpretaciones son apenas especulaciones. Los hechos verificados perjudican al Gobierno en cualquier caso: lastiman el debate sobre la ley, favorecen el discurso autovictimizador y simplista del Frente del Rechazo.

En política la presunción de inocencia se invierte, sobre todo cuando se alega la propia torpeza. Para hacer creíble su versión, el oficialismo debería aportar pruebas contundentes, mientras la tribuna opositora vitorea el gol en contra.

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Las audiencias públicas y el debate que se propaga en medios y espacios académicos son más satisfactorios y sistémicos. El desfile de expositores en Diputados mostró una superioridad de representación social a favor del proyecto. Las dos centrales de trabajadores, actores, directores de cine, docentes universitarios se pronunciaron muy mayoritariamente. Hugo Yasky, José Campanella, Víctor Hugo Morales se hicieron oír, con argumentaciones valorables cimentadas en sus trayectorias personales. Fue mucho más que una sucesión de la escudería K. También, como se contó en este diario, hubo empresarios que contaron maniobras de abuso de posición dominante que impiden, por ejemplo, que un importante programa sobre temas agropecuarios se emita en su terruño, la capital cordobesa, porque competiría con el Canal Rural del Grupo Clarín. Comunicadores alternativos y representantes de minorías hicieron sentir sus voces y reclamaron poder hacerlo en el ágora mediática.

El proyecto se viene macerando desde hace meses y sintetiza propuestas añejadas en décadas. Su redacción base circula desde hace meses lo que facilita el debate, así sea del lado de los cuestionadores.

Varios puntos fueron definidos como centrales, para mocionar rectificaciones o rechazos. La polémica tiene momentos racionales, aunque cuando se lleva a la tele prima el estilo Intrusos.

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Un beneficio colateral, tardío pero valioso, es la propuesta de desincriminación de las calumnias e injurias. Se acata con mora un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Gobierno catalizó al allanarse a reclamos del periodista Eduardo Kimel. El oficialismo se avino a pretensiones de otras fuerzas, que instaban a ampliar el conjunto de leyes que defendieran la libertad de expresión. Varios potenciales aliados del Frente para la Victoria en el recinto empujaron la movida, también opositores frontales. Negociación, concesión o transacción son la savia misma del sistema democrático, aunque tengan mala prensa. La construcción de coaliciones transitorias, en pos de acciones progresivas, es un paso adelante, propiciado por los aires frescos que genera el debate.

Válido es que se aúnen fuerzas, máxime cuando hay destellos de provocación de la derecha autoritaria. Hay quien defiende paráfrasis del desacato en la Argentina. Tan es así que la diputada Cynthia Hotton (como informó la periodista Mariana Carbajal en una nota publicada pocos días atrás en Página/12) presentó un proyecto de ley que instala, por vía oblicua, una variante del desacato para quienes “agredan de palabra” a ministros de confesiones religiosas conocidas. Hotton revista en Unión PRO pero se acerca políticamente a Julio Cobos. El ejemplo sirve para demostrar (contra lo que predica la Vulgata dominante) que las pretensiones de acallar a la prensa no sólo emanan del poder político y que no todo es unanimidad a la hora de consagrar libertades públicas.

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Digresión escandinava: El politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre la Argentina atraviesa un trance infausto. Su padrino de tesis, el decano de Sociales de Estocolmo, lo tiene a mal traer exigiéndole análisis racionales y prospectivos sobre la coyuntura. La seguidilla de predicciones desbaratadas, la crónica de errores y desmanejos, le pone los pelos de punta. Un mal día, el politólogo inventa una explicación conspirativa: la mayoría de los líderes políticos argentinos tiene el entorno infiltrado por sus oponentes. Se suceden módicas maniobras de corte renacentista: algún allegado hace beber al referente (o “referenta”) brebajes que inducen al error impensable. En verdad, quien había libado alcohol en exceso fue nuestro estudioso, herido por sucesivos desdenes de su amiga, la pelirroja progre que acompaña las propuestas del Gobierno pero no está convencida de ser kirchnerista.

El decano contrata y envía a este Sur al inspector Kurt Wallander, famoso integrante de la policía sueca. Formalmente, para que ayude al politólogo a internarse en esa trama de conspiraciones. Wallander trae también la misión secreta de investigar la condición mental del politólogo y sus manejos financieros. El susodicho trata de sobornarlo llevándolo a ver Argentina-Brasil, compra plateas costosas, no consiguen entrar a la cancha. El desenlace tiene un giro provechoso: el pesquisa escribe a Estocolmo y le sugiere a su contratante que Argentina escapa a la lógica cartesiana, que su clima preponderantemente templado es un engaña pichanga. “Todo es posible en este suelo, profesor. Por ahí, las divagaciones del politólogo son el único relato posible.” De cualquier modo, pide un refuerzo de honorarios y viáticos, más tiempo para profundizar su pesquisa y disca, como quien no quiere la cosa, el número de teléfono de la pelirroja.

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Expresiones como “la madre de todas las batallas” no sacian al cronista que las juzga impropias para abordar la complejidad democrática. Claro que se trata de una ley esencial, relegada por correlaciones de fuerzas perversas hace demasiado tiempo. Por eso mismo, es un desafío para el oficialismo construir consensos amplios que limiten las ínfulas transfuguistas en el Senado y den cuenta del consenso social acumulado. Y, last but not least, que muestren al kirchnerismo generoso y con capacidad de sumar. Cuenta con una herramienta: mejorar el proyecto contemplando los reclamos del centroizquierda y el socialismo respecto de la autoridad de aplicación y el ingreso de las telefónicas en el mercado.

Como viene ocurriendo desde que se trataron las retenciones móviles, los operadores del FpV en Diputados tienen buen pulso para negociar acuerdos y captar el clima de la Cámara mientras en Olivos se propende a mayor cerrazón. La entidad atribuida al proyecto compele a la flexibilidad política.

Oficialistas y opositores que ansían un cambio en el paradigma de las comunicaciones masivas deberían preguntarse cuál es el escenario si la norma recibe votación no positiva. A los ojos del cronista, ese futuro está cantado: la entente entre radicales, Unión PRO, Coalición Cívica y peronismo disidente la diferirá hasta las calendas griegas, más allá de sus discursos reformistas. Incluso, desestimando eventuales reclamos de coherencia histórica que puedan tener legisladores radicales, en especial de la nueva camada que entrará al Congreso. Ese horizonte, debería formatear el manejo de quienes de buena fe quieren una nueva ley aperturista y antimonopólica.

Si Diputados aprueba el proyecto, se husmea un debate reglamentario de aquéllos en el Senado. Cobos ahora se propone como vanguardia del rechazo, tal como sinceró en un cónclave desairado por Elisa Carrió, Felipe Solá y Carlos Reutemann. Incluso auguró una “revisión” (en rigor, una derogación total o parcial) de la ley, si fuera aprobada antes del 10 de diciembre. No se aclaró si esa derogación implicará volver al funesto régimen vigente, que es lo que quedará si hay rechazo parlamentario.

Todo eso se dirimirá más adelante, si la iniciativa pasa de pantalla.

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