Las más de 250 modificaciones que introdujo el kirchnerismo en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron fundamentales para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados con el respaldo de los bloques de centroizquierda y del socialismo. Incluso, varios de los cambios que reclamaban estas bancadas se terminaron de incorporar en la madrugada de ayer, en medio del debate en particular de cada unos de los 166 artículos del proyecto. Entre ellos, establecer topes al reparto de la publicidad oficial a los licenciatarios privados con y sin fines de lucro, destinar el 2 por ciento de lo que recaude la AFIP al Instituto Nacional de Música y el control de las emisiones radioeléctricas de las empresas de comunicación.

La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de inhabilitar el ingreso de las telefónicas y las empresas prestadoras de servicios públicos al negocio de los medios audiovisuales despejó el camino para los acuerdos, que continuaron en el plenario legislativo con cambios en la integración de la autoridad de aplicación. Dos de los aspectos más cuestionados por todo el arco opositor.

Con el núcleo duro opositor abroquelado para frenar el proyecto, la negociación con los bloques de centroizquierda y de algunos aliados –que estaban dispuestos a debatir la iniciativa en el Congreso– pasó a ser fundamental para obtener el respaldo necesario y que el proyecto atraviese sin dificultades la Cámara baja. Varias de las propuestas realizadas por Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (EPyS), los socialistas (PS) y radicales concertistas se incorporaron en el despacho de comisión.

La mayoría de ellos insistieron con otros cambios durante el debate en el recinto. El PS había planteado la necesidad de incorporar al proyecto un artículo destinado al reparto de la publicidad oficial y hasta hizo una propuesta en el plenario de comisiones: un 50 por ciento del total distribuido por igual a todos los medios, un 20 por ciento a los medios de divulgación cultural y científica y el 30 restante de acuerdo con pautas que fijase el PE nacional sobre la base de una llegada masiva del mensaje. La propuesta no prosperó, pero tampoco se truncaron las negociaciones. El miércoles temprano, el socialismo volvió a reformular sus sugerencias y las acercó al bloque oficialista. La misma fue debatida por la conducción del bloque y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que junto a sus técnicos no abandonó el Congreso durante las más de catorce horas de discusión en el recinto.

Las diferencias se resolvieron cerca de las tres de la mañana, cuando en la discusión artículo por artículo los diputados socialistas volvieron a la carga. “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro, atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial, el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”, dice el párrafo elaborado por el PS que quedó incorporado al artículo 76 del texto que pasa al Senado.

El diputado y economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur) hizo propio un reclamo del sindicato de músicos. Propuso que el 10 por ciento de lo recaudado por la AFIP entre los medios de comunicación debía ser girado a la autoridad de aplicación de la futura ley, para que ésta lo destine al futuro Instituto Nacional de Música (a crearse), dentro de una ley general para la actividad. Finalmente, el bloque K accedió al reclamo, pero sólo destinó a ese fin el 2 por ciento de lo recaudado.

Tampoco faltaron planteos ambientalistas. Después de un cruce de opiniones acerca de sobre quién recaía la competencia, se incorporó –con el respaldo de varios diputados– un inciso al artículo 12 por el cual la autoridad de aplicación debe realizar “periódicamente los estudios técnicos para evaluar nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas sobre el cuerpo humano y medioambiente”.

Cerca de las cuatro de la madrugada del jueves, y tras más de catorce horas de debate, terminaron las modificaciones al proyecto en la Cámara baja. Habían pasado más de ocho horas desde que el núcleo duro opositor –-UCR, Coalición Cívica, PRO, el PJ disidente y el cobismo– había abandonado el recinto pidiendo la nulidad de la sesión y reclamando un “debate más amplio”.