Cuando haya amainado el torbellino político y mediático que genera el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es probable que el gran tema de debate que se instale en la sociedad sea el de la postergada reforma política. Será en base a propuestas que el Gobierno está tratando de consensuar con la oposición y que comenzaría a enviar al Congreso a fines de octubre o comienzos de noviembre.

La ronda de diálogo con los partidos políticos la comenzó a toda orquesta el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el 14 de julio con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Concertación Federal de Julio Cobos y el Gen de Margarita Stolbizer. Terminó silenciosamente el jueves pasado con los partidos integrantes del kirchnerismo o aliados a él, como el Frente Grande, PAIS y el Partido Conservador Popular, entre otros. Las figuras más conocidas que se sentaron ese día con Randazzo fueron Eduardo Sigal, Diana Conti y Juan González Gaviola.

Esta semana la serie de reuniones culminará con la convocatoria a jueces del fuero federal electoral para ponerlos al tanto de los proyectos del Gobierno y escuchar las opiniones de los magistrados. Mientras, en forma paralela, se sucederán reuniones entre técnicos de distintos partidos.

Uno de los principales objetivos del Gobierno era poder lograr consenso en torno de su proyecto de elecciones internas, obligatorias, abiertas y simultáneas para elegir los candidatos a cargos nacionales.

La propuesta aparentemente encontró menos resistencia de la que se esperaba en la Casa Rosada. Pero según pudo saber Página/12, Randazzo y su gente tomaron nota de que despertó más entusiasmo una idea lanzada por el senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá: que en vez de tomar al país como distrito único con un solo día de elecciones internas nacionales, se adopte un sistema como el de los comicios primarios en Estados Unidos, es decir por provincias o a lo sumo por regiones, en distintos días pero dentro de un lapso corto. Como este proyecto no afecta en lo sustancial el propuesto por el Gobierno, se percibe la voluntad de aceptarlo en pos de lograr la mayor adhesión posible.

Otro tema central que se debatió en el desfile de dirigentes por la Casa Rosada fue el del financiamiento de los partidos políticos. La idea madre es separar el financiamiento de la actividad cotidiana de los partidos del financiamiento de las campañas electorales.

La lógica de esta propuesta es que como los partidos tienen escasos recursos, los reservan para la época de campaña, por lo que el resto del tiempo la actividad partidaria es casi nula. Esto, según coincidencia casi unánime, atenta contra la militancia y la formación de cuadros. Fuera de campaña, los locales partidarios están cerrados y no hay cursos de formación y capacitación. Por lo que toda la actividad política se concentra en la gestión de gobierno o en la tarea legislativa, según las responsabilidades y competencias que le dio el voto popular a cada partido.

Los dineros

También ocupó buena parte de las charlas la cuestión de la transparencia en el financiamiento, un tema complejo en el que los políticos habitualmente chocan. Durante el gobierno de Fernando De la Rúa, al compás de una demanda mediática de “achicar los costos de la política”, se rebajó el aporte oficial a los partidos políticos, de los ya exiguos 4 pesos por voto a apenas uno. El importe fue elevado un tanto, y hoy es de 1,40. Si el Estado no financia a los partidos, su supervivencia queda en manos exclusivamente de los aportes privados, con las contraprestaciones que esto implica. Cuando Página/12 quiso saber si había una propuesta concreta de presupuesto destinado a los partidos políticos, la respuesta de un funcionario que está en el tema fue: “Eso lo asignará el Congreso. El proyecto habla de financiamiento estatal, pero no de montos”.

Respecto del financiamiento de las campañas, el proyecto oficial establece límites al dinero invertido en publicidad audiovisual antes de las elecciones. Una de las novedades más sobresalientes es que todos los partidos tendrán el mismo acceso a la publicidad en los medios audiovisuales con financiamiento por parte del Estado. Esto será más allá del espacio destinado a los partidos que prevé actualmente la ley, un aire gratuito pero de pocos segundos mensuales. También habrá publicidad paga que no dependerá exclusivamente del poder recaudatorio de cada partido.

En este ítem el Gobierno obtuvo un amplio consenso, con excepción de Unión-PRO, la fuerza con mayor poder económico debido a las fortunas personales de sus jefes, Mauricio Macri y Francisco De Narváez. “Ningún partido quiere que pase lo que ocurrió en la última elección, en la que nadie podía competir con las cifras siderales que Unión-PRO destinó a la campaña”, comentó a este diario uno de los participantes de la ronda de diálogo con el Gobierno.

Otra de las reformas en cuanto a la campaña es que podrían acortarse aún más los tiempos de publicidad preelectoral. En la última reforma electoral se la había limitado a dos meses. Ahora podría achicarse a tan solo uno.

También tuvo buen eco una propuesta de la diputada Patricia Bullrich, del Acuerdo Cívico y Social, de crear un Instituto Electoral con representación multipartidaria que estará encargado de controlar y auditar el financiamiento estatal y privado de los partidos políticos y de las campañas electorales.

Cómo votar

Otro de los proyectos apunta a unificar el padrón electoral, que desde que se impuso el voto femenino, a partir de las elecciones de 1952, está dividido por sexos, algo totalmente vetusto, que ya no existe en casi ninguna legislación electoral de países con sistema democrático.

En todas las reuniones estuvo rondando la idea del voto electrónico, que genera divisiones en el propio Gobierno. Algunos lo ponderan positivamente por su adecuación a las nuevas herramientas tecnológicas. Pero fueron varios los que observaron que en países desarrollados se puso en duda su transparencia. Hace dos meses, por ejemplo, la Corte de Justicia de Alemania desaconsejó a su gobierno la implementación por considerar que no da garantías de transparencia y que podría facilitar fraudes a favor de quien maneje el mecanismo. “La postura mayoritaria es que es más seguro el actual sistema de boletas, sobres, urnas, fiscales, presidentes de mesa y todos los mecanismos de control que existen con el actual sistema”, admitió uno de los funcionarios a los que les gustaría imponer el voto electrónico.

Otro argumento contra el voto electrónico es que debería implementarse para todas las elecciones, es decir nacionales, provinciales y municipales, por lo cual cada provincia también debería aprobar y financiar su implementación, si no se caería en el absurdo de que convivan los dos sistemas.

Algunos partidos minoritarios (y otros que no lo son tanto pero que tienen la particularidad de que están apoyados sólo en par de figuras fuertes) propusieron eliminar las listas sábanas, cosa a la que el Gobierno se opone. Una de las opciones es la lista nominal, donde cada votante pueda marcar a candidatos de distintas listas hasta completar el número de postulantes. Para el Gobierno el sistema es totalmente engorroso y podría llevar a múltiples impugnaciones, pero además sostiene que en la práctica es inviable en los grandes distritos, como Buenos Aires, donde, por ejemplo, se eligen 35 candidatos a diputados nacionales y en la última elección se presentaron más de 20 partidos.

Otra opción sería poner sólo el nombre del partido político o del primer candidato, lo que para el Gobierno tornaría el sistema menos transparente que la lista sábana, porque en la boleta no aparecía el resto de los candidatos que están siendo votados.

Ayer Página/12 preguntó al jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, si el proyecto iba a ser enviado por el Ejecutivo antes del recambio en el Congreso, el 10 de diciembre. Rossi sostuvo que no era un tema central, porque la idea es que tengan fuerte consenso. “Pero –afirmó– lo aconsejable es que se trate pronto para que el debate esté lo más alejado posible de una elección.”

Las fuentes de la Casa Rosada consultadas tampoco le dieron mayor relevancia a que se trate antes o después del 10 de diciembre, pero dijeron que la idea predominante es enviarlo a fines de octubre o principios de noviembre para asegurarse de que el tema quede debidamente instalado en el Parlamento. El paquete no se enviará como una ley ómnibus, sino proyecto por proyecto.