El jueves a la mañana, pocas horas después de que terminara la votación en particular de los 166 artículos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, recibió un llamado en su celular. Era la Presidenta. Rossi se encontraba en el despacho de la diputada Patricia Fadel; lo acompañaban el titular de la Cámara, Eduardo Fellner, la vicepresidenta del cuerpo Patricia Vaca Narvaja y la propia Fadel. Tras las primeras felicitaciones, Cristina Fernández pidió hablar con Vaca Narvaja y Fadel. “Este es el camino que tenemos que seguir avanzando y profundizando”, le dijo CFK a la legisladora cordobesa que el próximo 10 de diciembre terminará su mandato para ser embajadora en México. La mandataria se refería a las coincidencias puntuales con bloques de centroizquierda, inclusive con el socialismo, que habían hecho posible la media sanción y con un margen mayor del esperado: 147 votos afirmativos. Para mantenerse en esta línea, el Gobierno impulsaría el proyecto de Reforma Política. Una nueva ley de Entidades Financieras también está en estudio.

El desenlace de la votación en Diputados provocó entusiasmo en la quinta de Olivos. De hecho, el resultado reforzó la estrategia que el matrimonio presidencial está delineando para lo que resta del año legislativo y el inicio del próximo. Un año que promete ser complicado por la nueva composición del Congreso. Se trata de sostener en el tiempo una agenda de contenido progresista, que permita seguir explorando acuerdos con el centroizquierda no K.

No será tan sencillo volver a coincidir en iniciativas puntuales con las bancadas de centroizquierda, como Solidaridad e Igualdad, el ARI de Tierra del Fuego, el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social, Proyecto Sur de Pino Solanas y Claudio Lozano. Para que el oficialismo vuelva a encontrarse en una misma posición con esos bloques deberá impulsar proyectos que sean difíciles de rechazar para los espacios identificados con las demandas del centroizquierda. El oficialismo ya tiene en carpeta una propuesta que le permitiría volver a coincidir en una discusión parlamentaria. Se trata del proyecto de ley de Reforma Política (ver página 5).

La iniciativa que estudia el Gobierno se hace eco de dos demandas históricas de los partidos pequeños con ideario de centroizquierda. La idea es aumentar el aporte del Estado por cada voto obtenido en las últimas elecciones. Otra medida que prevé el proyecto es garantizar que todos los partidos tengan el mismo espacio de publicidad en las pantallas de los medios de comunicación financiados por el Estado. Así se pretende poner límites a las inversiones siderales en publicidad que suelen realizar los candidatos multimillonarios.

En el oficialismo descuentan que los bloques de centroizquierda apoyarían un proyecto de Reforma Política con esos lineamientos. “Si los partidos de centroizquierda no pueden ni siquiera pagar la impresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires”, argumentó ante Página/12 un funcionario de diálogo permanente con las bancadas de extracción progresista.

En el Ejecutivo evalúan que el acercamiento con el centroizquierda será complicado en la próxima discusión en el Congreso, en la que se tratará el presupuesto del año 2010. “Creo que los bloques progresistas van a aprovechar este tema para volver a mostrar su autonomía con respecto al kirchnerismo”, pronosticó a Página/12 un diputado de origen extra-PJ que suele acompañar al Gobierno.

La herencia de la dictadura

La discusión del presupuesto en el Congreso será el momento en que se debatirán otros temas subsumidos en la asignación presupuestaria de cada ministerio: quizá el más importante de todos sea la posibilidad de implementar una asignación universal por hijo. Se trata de una medida muy sensible para los bloques de centroizquierda. La propia Presidenta reconoció que es necesario extender el alcance de la política social, que hoy deja sin cobertura a 2.860.713 menores de 18 años, cuando presentó el plan de cooperativas “Ingreso Social con Trabajo”. En el mismo discurso, CFK se preguntó de dónde saldrían los fondos para financiar esa ampliación de derechos. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?”, interpeló aquel mediodía de agosto.

Los bloques de centroizquierda tienen una respuesta para la pregunta de CFK. Para la mayor parte del espacio progresista, la asignación universal por hijo es posible si se grava la renta financiera o se fija un nuevo impuesto a la compra-venta de acciones en la Bolsa. Una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y de la derogación de la vigente, que en rigor es un decreto-ley (número 21.526) y fue instituido por la última dictadura en 1977. Uno de los impulsores de la idea de gravar las transacciones financieras es el senador socialista Rubén Giustiniani. En la reciente visita al Senado del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Giustiniani insistió con su propuesta. “Es impracticable, sobre todo por la historia del sistema bancario argentino”, retrucó Fernández.

Pero la propuesta de crear un nuevo impuesto que afecte al sistema financiero no fue desechada por completo. Como tampoco se descarta impulsar una nueva ley de Entidades Financieras que reemplace la heredada de la dictadura. La nueva reglamentación tendría como eje promover el crédito productivo y recuperar cierto poder regulatorio en las variables financieras, como las tasas de interés. La nueva legislación podría formar parte de un combo que incluiría además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas medidas están siendo promovidas por la CGT que encabeza Hugo Moyano. La titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, ya intentó impulsar un cambio en el Banco Central. El vice de esa entidad, Miguel Pesce, reconoció que es necesaria una reformulación del sistema financiero.

El diputado electo Carlos Heller es el principal promotor de la idea de modificar la legislación que regula al sistema financiero (ver aparte). Su mandato empezará el 10 de diciembre, aunque el año legislativo comenzará tras la apertura de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo de 2010. Si no hay una definición sobre este tema antes de esa fecha, ése sería el momento de abrir la discusión. En los planes del kirchnerismo, la clave es la construcción de nuevas coaliciones.