Dirigentes de la CTA se reunieron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para acercarle sus principales preocupaciones: que se termine con la criminalización de la protesta y que el monto destinado a áreas sociales no sea la variable de ajuste en el presupuesto de la ciudad para el 2010. “No se puede aceptar el criterio de ajustar gastos en lo social”, sostuvo el secretario general de la central de trabajadores, Hugo Yasky. “Pedimos que se termine con la política de criminalización de la protesta social”, agregó. Por su parte, Eduardo López, de UTE (docentes), advirtió que, tras la disminución de dos puntos en el presupuesto educativo para el año en curso, “si sigue bajando va a haber conflicto”.
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