Todavía no pasó un día de que fue aprobada la nueva ley de medios y la oposición ya empezó a componer una versión modificada de la canción de Daniel Viglietti: “A judicializar, a judicializar”. Diversos dirigentes antikirchneristas advirtieron que la senda de la ley llegará más temprano que tarde a Tribunales. En las distintas bancadas, existe la idea de modificar los puntos clave de la norma cuando se produzca el cambio del Congreso a fin de año. Sin embargo, no está claro si podrán consensuar una estrategia común: algunos señalan que no hay que caer “en el revanchismo”.

“Sin duda, se trata de una ley hecha a los apurones que terminará judicializándose ya que varios artículos son abiertamente anticonstitucionales”, consideró el diputado de Unión-PRO Francisco de Narváez. “Este gobierno necesita que exista gente pobre y además desinformada o mal informada. El kirchnerismo ama a los pobres y los utiliza para mantener un Estado clientelar”, aseguró el empresario, en un encuentro que compartió con el obispo Jorge Casaretto.

Sobre la votación en el Senado, el accionista de América TV y dueño del diario El Cronista y radio La Red estimó que “la forma en que nació es la más antidemocrática que uno pueda imaginarse. Nació manchada de autoritarismo. Hoy es un día oscuro para los argentinos. Es una mala ley que va a condicionar la libertad de expresión y la manera de informarse de los ciudadanos”. “La iniciativa forma parte de la carrera reeleccionista de Néstor Kirchner: va por todo y por todos, como le gusta decir a él”, afirmó el socio político de Mauricio Macri.

“Ha salido una mala ley, que va a generar una alta litigiosidad y que va a ser de muy dudosa aplicación. Les permite a los afectados ir a los tribunales”, coincidió el senador radical Ernesto Sanz, quien se dedicó a los aforismos: “Hay veces que hay derrotas que son triunfos y triunfos que son derrotas”.

“Este es un avance del Estado sobre los medios. Esta ley va a recorrer los tribunales. El mismo Kirchner les dio las licencias hasta 2017 y ahora en un año las tienen que vender”, consideró la diputada de PRO Paula Bertol ante este diario. “Creo que la ley tiene muchas cosas buenas, pero también muchas trampas muy peligrosas, que le van a hacer daño a la libertad de expresión. La forma de redacción de la ley te lleva a pensar que los medios tienen que presentarle la programación al Gobierno. (El ex juez de la Corte Suprema, Gustavo) Bossert plantea que avanza sobre el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la censura previa”, afirmó.

“Hay una cuestión que sobrevuela sobre el Congreso para después del 10 de diciembre: que hay dos o tres artículos clave, que seguramente vamos a lograr cambiar”, estimó Bertol, quien señaló algunos de los artículos de la ley que intentarán derogar o cambiar:

- La cláusula de desinversión.

- La conformación de la autoridad de aplicación.

- El papel de los tratados internacionales.

“Y otras cuestiones anticonstitucionales, como el avance que hace sobre los contenidos. La palabra contenidos está 96 veces en la ley”, indicó Bertol. “Es necesario que haya pluralidad de medios, pero también es necesario que los medios puedan ejercer un efectivo control sobre el poder, y eso se rompe cuando se establece un esquema que invierte las reglas: los medios pasan a ser los grandes controlados por el Gobierno”, afirmó el jefe de la bancada de la Coalición Cívica-ARI, Adrián Pérez.

–¿En qué artículo se establece un control de contenidos? –preguntó Página/12.

–El control está dado porque la autoridad de aplicación es el Gobierno, que es el que quita las licencias, por una pauta que actúa como organismo disciplinador. Está claro que lo que toma vigor es la decisión gubernamental sobre los medios.

Pérez no opinó sobre la vía judicial (“es una decisión de los propios medios”) y planteó que “habrá que pensar para más adelante en modificar los puntos conflictivos de la ley: la autoridad de aplicación y la ausencia de regulación de la pauta oficial”.

“Más allá de cualquier consideración, está claro que es una ley que no respeta derechos adquiridos. Esto promueve, sin duda, acciones civiles. Se van a plantear amparos en defensa de esos derechos adquiridos”, sostuvo el titular del bloque Unión Peronista, Jorge Sarghini. “Es posible que haya una estrategia de la oposición a partir del 11 de diciembre”, estimó el peronista disidente, quien sin embargo consideró: “No es adecuado que el Gobierno se apure a sacar leyes porque cambia la relación de fuerzas en diciembre, pero tampoco creo que sea bueno que ese cambio sea acompañado por una suerte de revancha a esta actitud del Gobierno. No me parece que el mejor camino sea: ‘Voto todo lo que quiero, total, el 11 de diciembre empezamos de nuevo’”.