El juez de Instrucción Ricardo Arturo Warley vio crecer este año la causa “Macri, Piccardo, UCEP, sobre amenazas con armas o anónimas” hasta completar seis cuerpos. Los sistemáticos ataques a personas en situación de calle de la patota institucionalizada fueron alimentando el voluminoso expediente. Pero las denuncias que de él se desprenden no persuadieron al gobierno porteño de que golpear a pobres indefensos es una política reñida con el estado de derecho. Por el contrario, al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del que dependía la UCEP, Fabián Rodríguez Simón, lo nombraron en la Secretaría Legal y Técnica con un sueldo de 10 mil pesos mensuales. Y su antiguo jefe, el ministro Juan Pablo Piccardo, tiene nueve causas abiertas por distintos delitos que se le imputan según un listado del sistema informático judicial. Aunque ninguna con la repercusión pública de la que inició la diputada Liliana Parada en octubre de 2008 contra la UCEP. La semana pasada, el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad sumó una nueva denuncia penal contra el grupo que opera de noche y organizaciones vinculadas a distintas iglesias sacaron un documento crítico sobre la privatización del espacio público en el que pidieron su disolución.

La agresión a Carla Baptista, una embarazada de 30 años y madre de cinco hijos, ocurrida en la madrugada del 1º de octubre debajo de la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal, podría ser una bisagra en la investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Daniel Roma. La mujer terminó con desplazamiento de placenta, golpeada en su rostro y hasta se temió por la pérdida de su embarazo. Como se trata de una víctima directa de la UCEP, si brindara su testimonio en el juzgado complicaría a Piccardo y a los integrantes del grupo que fueron identificados por efectivos de la comisaría 18ª cuando la atacaron.

Hasta hoy, las quince denuncias que presentaron personas sin techo contra la patota fueron realizadas ante la Defensoría del Pueblo. De ahí que los abogados Claudia Neira y Jonatan Firún, patrocinantes de Parada en el expediente judicial, le asignen importancia a la declaración que pudiera hacer Baptista en el Juzgado de Instrucción Nª 12 de Warley. Cuando la diputada se presentó ante el juez, señaló que “el carácter del delito que se investiga habilita la ejecución de la modalidad delictiva en forma permanente”. Para el recientemente creado Observatorio de Derechos Humanos, “las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los artículos 89, 149 bis, 149 y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Parada solicitó sin éxito hasta ahora que se le tomara declaración indagatoria a Piccardo. Su objetivo es avanzar en la escala de responsabilidades hacia arriba, ya que la UCEP es una pieza clave en el intento por tomar el control de las calles porteñas, pero no la única. También formuló el mismo pedido para Rodríguez Simón después de que encabezara, entre otros, el primer operativo de desalojo durante el gobierno de Macri en las Barrancas de Belgrano contra un grupo de cartoneros el 22 de febrero de 2008.

Este abogado que revistaba ad honórem como jefe de Gabinete en Ambiente y Espacio Público renunció y fue recontratado el pasado 4 de junio en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Pablo Clusellas. Su nombramiento, retroactivo al 3 de abril de 2009, se extiende hasta el 31 de diciembre. Por un período de ocho meses, se le asignó un salario de 10 mil pesos mediante un contrato de locación de servicios, servicios que le costarán al Estado porteño 80 mil pesos. Rodríguez Simón es un abogado que estudió en el Colegio Champagnat, egresó de la UBA y tiene publicado un libro, La crisis bancaria y la operatoria offshore.

Piccardo designó como sus defensores en la causa 53.350/08 donde se investiga a la UCEP, a Cristian Cúneo Libarona y Alejandro Drago, del estudio Cúneo Libarona. El primero es uno de los tres hermanos de Mariano, el más mediático de los abogados que tiene la familia, letrado de Mario Roberto Segovia, el “Rey de la Efedrina” y de Francisco de Narváez y José Luis Manzano en América TV, entre otros personajes públicos.

El ministro de Macri tiene acceso de este modo al expediente del que se desprende que, en el Juzgado N° 49, se encuentran abiertas nueve causas que lo involucran. Una de ellas, la 9053/08, dice en su carátula “Piccardo Juan Pablo, Rodríguez Simón Fabián, Fensore Víctor Hugo sobre falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, vejación y apremios ilegales”. Es la que se abrió cuando ocurrió el violento desalojo de Barrancas de Belgrano y aún no se había creado la UCEP por el decreto 1232 del 29 de octubre pasado. Todavía está en trámite, como la 9002/08 “Fernández Julio César Federico sobre privación ilegal de la libertad y lesiones”, que estaría relacionada con el mismo operativo que encabezó Rodríguez Simón aquel 22 de febrero del año pasado.

Las restantes causas en las que está involucrado Piccardo son a consecuencia de litigios contra Publicidad Sarmiento, la empresa adjudicataria del Mobiliario Urbano, que había accedido a un negocio millonario por la colocación, explotación y mantenimiento de los refugios de las paradas de colectivos, pantallas verdes, los denominados “chupetes” y carteles transiluminados en la ciudad de Buenos Aires. Su competidora Spinazzola la denunció y así se iniciaron varios litigios que continúan hasta hoy y donde, según la empresa damnificada, está en juego un negocio que reporta unos 4 millones de pesos en ganancias mensuales. Al ministro, como responsable del Espacio Público, lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario debido a irregularidades constatadas en el proceso de licitación.

A todas estas causas se agregó una que inició el martes pasado el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. El organismo realizó una denuncia penal contra la UCEP que se acompaña con un video donde se puede observar a los integrantes de ese grupo “actuando de forma ilegal, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos”, como ocurrió en el desalojo de inmuebles, de la vía pública y el desmantelamiento de puestos de venta ambulante en la Costanera Sur, entre otros lugares.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción Nº 13 y el Observatorio sostiene que la UCEP “en la mayoría de los casos no actúa con órdenes judiciales y los operativos son llevados a cabo en una franja horaria que va desde las 23 a las 4 de la mañana, violando así las normas constitucionales”.

A estas dificultades judiciales que van sumando el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sus funcionarios y la patota que lleva adelante la tarea de liberar las calles y plazas porteñas de personas desprotegidas socialmente, se acaba de sumar también un documento crítico de cuatro organizaciones vinculadas a distintas iglesias. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Justicia y Paz de los misioneros claretianos, Puerta abierta Recreando de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados. “Constatamos –sostiene la denuncia– que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, los proyectos inmobiliarios de los ricos y poderosos avasallan el derecho fundamental a la vivienda de las familias pobres. Los gobiernos –cómplices y artífices de esta situación– en lugar de garantizar este derecho fundamental, sólo se encargan de reprimir y estigmatizar todo intento de resistencia ante los injustos desalojos que se producen a diario en la ciudad. Las fuerzas policiales y parapoliciales (como la Unidad de Control del Espacio Público, UCEP), ejercen la violencia indiscriminadamente para lograr el objetivo final: hacer triunfar los negocios por sobre el derecho a la vivienda.”

Entre las exigencias que demandan las organizaciones religiosas, la primera que mencionan es la disolución inmediata de la UCEP.