La textil Brukman, que desde hace un año está tomada por sus trabajadoras, sufrió otro intento de desalojo que, como el de marzo pasado, fue revertido por la llegada al lugar de asambleas barriales, piqueteros, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos. El operativo policial comenzó cuando amanecía, a las 6 menos diez de la mañana, liderado por efectivos de la Federal que entraron a la fábrica encapuchados con pasamontañas y armados con itakas. Como era domingo, dentro del edificio había sólo seis trabajadores de guardia, dos hombres y cuatro mujeres, una de ellas con su hija de nueve años. Todos, hasta la niña, fueron detenidos. Junto con la policía ingresaron los dueños de la fábrica y una decena de ex empleados que se oponen a la ocupación.
El desalojo provocó que vecinos y militantes se reunieran en el lugar para expresar su repudio. Fue una respuesta rápida: dos horas después de iniciado el despliegue policial, en la esquina de la fábrica ya había 60 personas. Casi todos se habían enterado de lo que estaba ocurriendo por cadenas de llamadas o por correo electrónico.
“Me llamó un conocido a las siete y media de la mañana”, contó a Página/12 Laura, de la asamblea de Córdoba y Scalabrini Ortiz. “Me levanté, llamé a varios amigos, mandé un listado de mails y me subí a un taxi. Llegué acá a las ocho y media.” A las 11 de la mañana en la entrada de Brukman había cerca de mil manifestantes, entre ellos algunos diputados como Luis Zamora, Vilma Ripoll, Ariel Basteiro y Eduardo Macaluse. La policía se retiró del lugar al mediodía, mientras el número de asambleístas y piqueteros seguía en aumento.
A la madrugada, para entrar al edificio de Brukman, la Federal cortó la avenida Jujuy. Estacionó frente al edificio once autos de civil, carros de asalto y un camión de bomberos. Puso vallas en las esquinas y detrás apostó personal de infantería con gases lacrimógenos. Como corresponde en los desalojos, también se vio una ambulancia con personal médico. Más rara fue la presencia de dos camiones de mudanza, que finalmente dejaron la cuadra sin cargar nada. Según detallaron los trabajadores en una conferencia de prensa que se realizó por la tarde, los operativos fueron realizados por el grupo Halcón.
“Usaban pasamontañas, lo único que se le veía eran los ojos”, relató Walter Gareca, el primer detenido del allanamiento, que estaba en el hall de ingreso cuando entró el grupo especial de la policía. “Me pusieron boca abajo y no me dejaron mover. Otras veces habíamos acompañado a la gente de la Justicia en sus procedimientos, pero hoy no pudimos mirar lo que hacían.”
Las abogadas del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que representan a los trabajadores de Brukman estuvieron en la puerta de la firma dos horas más tarde, pasadas las ocho, pero no les permitieron ingresar. Desde atrás del vallado, junto a un creciente grupo de vecinos y militantes, insistieron en ver a sus defendidos. “Al comienzo directamente no nos respondían”, relató Myriam Bregman. “Hasta que en un momento una de mis compañeras (sus colegas son Ivana Dal Bianco y Mariana Salomón) se adelantó para cruzar la baranda, ante lo cual un policía de civil tomó dos vallas, una con cada mano, las cerró de prepo y la golpeó con ellas a ambos lados del cuerpo. Enseguida los demás, de uniforme, nos pegaron en la cabeza y las piernas con sus bastones.”
Minutos después de comenzado el allanamiento se presentaron en el lugar los empresarios Jacobo y Mario Brukman, con una decena de ex trabajadores que se oponen a la toma. Los Brukman y ese grupo de ex empleados entraron a la sede. La policía secuestró documentos y la CPU de una computadora. Los trabajadores denunciaron después que “una overlock y otras máquinas fueron rotas” en el procedimiento.
Los seis detenidos fueron trasladados a Lugano, a una celda de la División de investigaciones, acusados de usurpación. Tal cargo les fue comunicado a las abogadas de manera informal, ya que tampoco allí lespermitieron ver el expediente ni leer la orden judicial, que tampoco nadie mostró durante el operativo, según sostuvo la abogada Bregman. Los detenidos fueron liberados después del mediodía, casi al mismo tiempo en que los efectivos abandonaban el local de la avenida Jujuy junto a los empresarios y las obreras retomaban la ocupación de la textil. En esa retirada hubo incidentes entre ex trabajadores y manifestantes.
El desalojo fue ordenado por el juez de instrucción Raúl Irigoyen, quien citó a declarar para mañana a los seis arrestados. Los trabajadores de Brukman convocaron a realizar un escrache contra el magistrado en el Palacio de Tribunales ese día, a las nueve.
Denunciaron también que en el operativo la policía provocó destrozos, y que en la comisaría de la jurisdicción se negaron a recibir la denuncia. “Nos sacaron la computadora que usamos para hacer los moldes, rompieron máquinas y puertas, forzaron habitaciones a las que nosotros nunca habíamos entrado por no tener las llaves. Ellos han violado todo lo que nosotros manteníamos en orden”, acusó Celia, trabajadora de la textil, en la rueda de prensa ofrecida a las seis de la tarde.
A un costado, de guardapolvo celeste, su compañera Virginia se refirió al respaldo de los vecinos más cercanos. “Queremos agradecerles porque hoy a la mañana, cuando salimos a avisar a los gritos, como locas, que nos querían sacar, hayan estado con nosotras”, señaló.
El de ayer fue el segundo intento de desalojo que da marcha atrás ante el apoyo de vecinos sueltos y organizaciones sociales. Entre quienes estuvieron ayer se vio a las asambleas de Pedro Goyena y Puan, Caballito, Lanús, Haedo, Parque Chacabuco, San Cristóbal-Boedo, Parque Lezama, San Telmo, Hurlingham, Plaza Congreso, Constitución, Núñez, Lomas del Mirador, Ciudadela, la Multisectorial de San Cristóbal, el MST, el PTS, Hijos zona oeste, y las Madres (línea Fundadora y Asociación). Casi todos dejaron sus pancartas en señal de respaldo y ofrecieron voluntarios para montar guardias.
Las obreras de Brukman tomaron la textil el 18 de diciembre del año pasado, luego de que los empresarios la abandonaran, tras una larga época en que llegaron a cobrar dos pesos por semana. Ocuparon la sede para evitar su cierre, pero después pasaron los días sin que los dueños dieran señales de vida. Tras un tiempo de inactividad y espera, las trabajadoras pagaron los servicios cortados, se contactaron con sus clientes habituales y pusieron las máquinas a trabajar.
Actualmente reclaman al gobierno porteño que expropie de manera permanente el inmueble, un subsidio para producción, garantías para el pago de un sueldo mínimo y ser colocados al tope de la lista de proveedores del ramo en el ámbito municipal. El miércoles, a las dos de la tarde, marcharán a la Legislatura para exigir estos puntos.