El ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, no dio una explicación concreta sobre qué hacía cerca suyo, como supuesto asesor, el abogado y policía Ciro James, detenido por las escuchas ilegales al dirigente de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA Sergio Burstein y al empresario Carlos Avila. Citado como testigo por el juez Norberto Oyarbide, el funcionario reconoció que James tenía un contrato en su cartera hasta principio de octubre, cuando se incorporaría a la Policía Metropolitana, pero dijo no tener noción de cuáles eran sus funciones. En la causa judicial numerosos indicios conectan al espía con el jefe de la fuerza porteña Jorge “Fino” Palacios, sospechado de estar detrás de las pinchaduras telefónicas. Los investigadores intentan establecer los alcances de sus servicios de espionaje –así como a quién servían– y analizan qué hacían otros policías que gozaban de contratos similares solventados por el gobierno de Mauricio Macri.

Narodowski admitió que James estaba asignado a la llamada “área ministro”, pero como allí hay “400 empleados” no podía precisar, dijo, qué funciones tenía asignadas. Sostuvo también que había trabajado en la unidad de auditoría interna, a cargo de Roberto Ayub. Ayub y la jefa de Gabinete del ministerio, Roxana Barroso, a quienes James debía reportar, declararon a comienzo de semana y coincidieron en dos cosas: su paso por el área de auditoría fue muy breve; en ningún caso está claro qué hacía. Barroso dijo que le pedían asesoramiento informal sobre asuntos vinculados, como licencias y ausentismo, aunque no hacía nada por escrito.

Las pinchaduras a Burstein y Avila se generaron de la manera más insólita: fue a través de una orden del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, en una causa por homicidio. Habían sido señalados por James –que tenía una antigua vinculación con la policía provincial– como personas posiblemente vinculadas con un prófugo de ese expediente. Dos de los policías que participaron en la disposición de las escuchas están presos y anteayer se ordenó la detención de un tercero. James trabajó en la Policía Federal durante los últimos seis años y medio, hasta comienzos de agosto, cuando pidió la baja para pasarse a la Metropolitana. Pero mientras tanto no se privó de tener un contrato de locación de servicios, desde el año pasado, en el Ministerio de Educación porteño.

Su ingreso a la policía de Macri fue por una gestión del propio Fino Palacios, según confirmó el actual jefe de la fuerza, Osvaldo Chamorro, en su testimonio ante Oyarbide. James tuvo a Palacios como jefe en la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. Las pinchaduras a Burstein, realizadas entre agosto y septiembre, coinciden con la época en que se acercaba el procesamiento de Palacios en la causa AMIA.

Ayer el legislador porteño Aníbal Ibarra se presentó en el juzgado de Oyarbide, donde dijo que a James le iban a dar un cargo de director general en la Policía Metropolitana. Así se lo había dicho a un asesor suyo Barroso. Barroso fue convocada ayer mismo y lo negó. Ibarra había ido acompañado de su colega Eduardo Epszteyn, quien volvió a pedir que investiguen si sus teléfonos están pinchados, ya que un experto de la UTN lo había alertado al respecto. Ambos pidieron que se investigue si existe una red de espionaje operando desde la administración macrista. El juzgado, de hecho, ya había iniciado medidas en esa dirección en busca de más teléfonos pinchados ilegalmente y en el análisis de un centenar de contratos a personal policial en el gobierno porteño similares al de James.

El legislador electo Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) y la Unión de Trabajadores de la Educación volvieron a pedir la renuncia del ministro Narodowski. “Sacaban fotos a los estudiantes, pedían nombres de los docentes que paraban y James trabajaba para el Ministerio de Educación”, dijo. También pidió que dejara su cargo el titular de Seguridad, Guillermo Montenegro.