“En las últimas semanas diversos acontecimientos han evidenciado las maniobras implementadas por sectores del Gobierno para incidir a favor de la impunidad de los militares”, aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora. Estas agrupaciones denunciaron ayer ante el organismo internacional al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, por presionar a la Corte Suprema para que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La presentación –realizada personalmente por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón– señala que “hechos de mucha gravedad han puesto de manifiesto las presiones a las que se encuentran sometidos habitualmente los miembros del más alto tribunal y de su permeabilidad a las injerencias del poder político”.
La denuncia cita una nota publicada por el diario Clarín en la que se informó sobre una reunión secreta entre Brinzoni y dos ministros de la Corte Suprema a raíz de “la inquietud” del primero por la posibilidad de que el tribunal confirmara los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
“Las injerencias del militar Brinzoni, lejos de ser cuestionadas o desautorizadas por el Gobierno fueron seguidas por declaraciones del ministro de Defensa, que generaron aún más preocupación a la vez que ratificaron la veracidad de la información”, afirman Abuelas, Madres, línea Fundadora, CELS y Familiares de Desaparecidos en el escrito. Jaunarena había asegurado en una conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas viven “un escenario de incertidumbre” ante la reapertura definitiva de los juicios por violaciones a los derechos humanos. “No es bueno para ninguna sociedad ni para los miembros de ella que se mantenga el estado de incertidumbre que en este momento existe. Tendríamos un panorama de incertidumbre con respecto a hechos que han sucedido hace más de 20 años”, dijo el funcionario. Luego de estas declaraciones, trascendió que varios jueces de la Corte estaban molestos, ya que habían interpretado las declaraciones de Jaunarena como una “presión”.
“Los hechos expuestos demuestran la presión que están ejerciendo las Fuerzas Armadas y el Gobierno sobre los ministros de la Corte Suprema, tribunal que tiene a su cargo la decisión última sobre la validez de las leyes de impunidad”, señalan los organismos de derechos humanos.
La denuncia fue realizada en el expediente que la CIDH abrió cuando se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 1992, el organismo concluyó que ambas normas y los decretos de indulto eran “incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La Corte debe expedirse en dos causas en las que los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío y la Cámara Federal porteña declararon la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes. El procurador general de la Nación también se pronunció a favor de la reapertura completa de las causas por violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana ya señaló que los países miembros del sistema interamericano no deben admitir amnistías ni perdones. El más reciente pronunciamiento en este sentido fue la condena de la amnistía sancionada en Perú para las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori.