Independiente demostró el domingo pasado que hasta el último momento siempre hay una esperanza. Los diputados del oficialismo y algunos representantes de bloques de la oposición, al igual que los diablos rojos, apuestan a una jugada milagrosa que también los salve de una nueva semana sin acuerdos políticos. Ayer en la Casa Rosada se intentó la anteúltima jugada. El Gobierno pretendió lograr el respaldo del radicalismo, del Frepaso y de los partidos provinciales alrededor de un borrador de decreto presidencial de necesidad y urgencia para resolver el tema de las ejecuciones hipotecarias. Sin la resolución del tema de los deudores, ninguno de estos bloques accedería a sentarse esta semana en el recinto, para votar la aceptación de la renuncia de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la suspensión de las internas abiertas y simultáneas y la definición de un nuevo cronograma electoral. Por lo pronto las reuniones de ayer aportaron unos pocos minutos de alargue. “Hay voluntad de llegar a un acuerdo”, comentó un allegado al Ministerio del Interior. Sin embargo, en estricto off the record, uno de los presentes en las reuniones de la Rosada aseguró a este diario que “no se definió nada. Vamos a seguir trabajando.”
Por estos días la principal preocupación del Gobierno es la Cámara de Diputados. Más específicamente el bloque del radicalismo. Fue su férrea oposición a no dar quórum para los temas electorales si antes no se votaba una norma que respondiera a la incertidumbre de los deudores hipotecarios lo que produjo el fracaso de la semana pasada. A primera hora del mediodía el tema estuvo presente en la charla que Camaño mantuvo con el titular del bloque oficial, el cordobés Humberto Roggero. Los legisladores estaban preocupados por la tardanza del Gobierno en enviar los borradores de un posible acuerdo. “Le pedimos a (Jorge) Matzkin y a Economía que sean diligentes para poder obtener un acuerdo”, aseguró a este diario un miembro del bloque del peronismo, cuando la comitiva integrada por Camaño, Omar Becerra, Diego Santilli, Horacio Pernasetti, Darío Alessandro y Alberto Natale partió para la Rosada. En el Ministerio del Interior, además de Matzkin los esperaba el secretario de Hacienda, Guillermo Nielsen.
El mismo legislador del peronismo que admitía las gestiones que su bloque había realizado con el Gobierno para destrabar el funcionamiento de la Cámara reconocía que “hay bastante aceptación y estamos bastante conformes con un proyecto oficial de decreto de necesidad y urgencia que contempla la mediación entre acreedores y deudores con la posibilidad de que posteriormente sea homologado judicialmente”.
Precisamente este es el punto que divide las aguas. Las entidades financieras no quieren saber nada de la participación de la Justicia en estas disputas. Especulan que esto podría generar la suspensión de posibles ejecuciones. Como, además de los bancos, tampoco el Fondo Monetario quiere esta posibilidad, el Gobierno tampoco la ve con buenos ojos. Sin embargo la única opción que unificaba las posiciones de los legisladores era la posibilidad de homologación judicial de las mediaciones. Otro tema que figuró en las discusiones fue el pago con bonos de las deudas hipotecarias. Medida que ya pasó por el Congreso, fue vetada por Duhalde y que los bancos no toleran, con solo pensar que las deudas podrían cancelarse por igual tanto con bonos viejos como con los nuevos.
El Gobierno repite hasta el cansancio que la probable suspensión de las ejecuciones hipotecarias fue uno de los motivos que más enojó al Fondo en sus últimas reuniones. Por eso no se muestra muy predispuesto a escuchar a los legisladores en este punto. Los senadores del PJ sufrieron en carne propia el ninguneo de Economía. Ayer le entregaron en mano a Duhalde una iniciativa originariamente redactada por el chubutense Marcelo Guinle, el entrerriano Jorge Busti y el riojano Jorge Yoma. Del encuentroparticiparon también el titular del bloque en el Senado José Luis Gioja y Miguel Angel Pichetto. La iniciativa, afirmó Guinle, contempla “una instancia de conciliación judicial, que posibilita que el deudor, en cualquier estado del proceso previo a la subasta, solicite la intervención judicial, proponga una forma de pago o la resolución del contrato basado en principios de equidad y esfuerzo compartido”. Hoy será la última jugada y nadie está seguro de tener a Lucas Pusineri en su equipo.