El juez federal Alberto Pravia, acusado de fraude en su función de jurado en un concurso del Consejo de la Magistratura, fue citado el 19 de noviembre como sospechoso por ese organismo y va camino a un proceso de juicio político. En el organismo dicen que hay pruebas suficientes de que le adelantó copias de varios exámenes –que son confidenciales– al postulante Hernán Tuppo, secretario de una fiscalía porteña, quien ya fue suspendido en sus funciones.

Pravia integra un tribunal oral de Santiago del Estero y para colmo había sido designado como subrogante en Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) porteño para acelerar el inicio del juicio sobre los crímenes dictatoriales cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Ante el escándalo desatado, el propio tribunal resolvió posponer el inicio de las audiencias hasta el 24 de noviembre a raíz de un planteo del fiscal Alejandro Alagia y los defensores de los 18 imputados en 180 casos de privaciones ilegítimas de la libertad.

Por carriles informales, desde la Corte Suprema y la Cámara de Casación le pidieron a Pravia que renuncie a la subrogancia, pero hasta ahora se negó a hacerlo. El avance en las dos investigaciones que tramitan en su contra podrían terminar decidiendo por él. El Consejo le abrió un expediente por mal desempeño, pero también lo investiga la justicia penal. De hecho, tuvo que presentarse la semana pasada para ser indagado, aunque se negó a declarar.

La causa judicial está a cargo del juez subrogante de Paraná Gustavo Zonis. En esa ciudad se desarrollaba el concurso para un juzgado federal local que terminó en escándalo cuando el concursante Tuppo fue hallado in fraganti con copias de la prueba que le estaban por tomar y de otro examen que había rendido la semana anterior (para un cargo en Concepción del Uruguay), donde Pravia también había sido jurado. Otros dos postulantes lo vieron con los papeles en la mano y le fueron a avisar al consejero-juez Luis Cabral, a cargo del certamen. También estaba Pravia, en representación de los miembros del jurado. Cabral llamó al juzgado de turno y así fue que Zonis le secuestró a Tuppo los papeles que llevaba consigo.

Pravia y Tuppo tienen un pasado común en la Justicia de Santiago del Estero. Coincidieron en la época de la intervención de la provincia, cuando Tuppo actuó como juez. Ambos concursaron para el tribunal oral de Santiago. Tuppo había quedado primero y Pravia, que estaba segundo, fue finalmente el elegido. En los últimos tiempos Pravia intentó defenderse diciendo que ya lo había denunciado a Tuppo en ese concurso. En el Consejo aseguran que existen pruebas de que en esta ocasión él fue el facilitador de las copias de los exámenes.

Otro concurso investigado es el que fue convocado para cubrir cuatro vacantes en el fuero federal porteño, donde tramitan las causas de corrupción de funcionarios públicos, las de narcotráfico y derechos humanos. Allí se sospecha que dos concursantes habrían accedido al examen con anticipación. El Consejo lleva adelante un sumario y la jueza María Servini de Cubría, que instruye la investigación penal, acaba de ordenar las primeras medidas de prueba.