En un nuevo capítulo de la novela por la designación de una jueza en el Tribunal Superior de Justicia porteño, fue allanada ayer la Legislatura en busca del expediente que se tramita para el nombramiento de Daniela Ugolini. A pesar de los cinco fallos judiciales que instaron a la suspensión del proceso para cubrir esa vacante por distintas irregularidades, el macrismo sigue adelante y pretende realizar el viernes la audiencia pública. Anoche, el oficialismo porteño, con el apoyo de la Coalición Cívica, evaluaba la convocatoria a una sesión especial para promover una demanda por “conflicto de poderes” contra el Poder Judicial. En diálogo con Página/12, la jueza Patricia López Vergara desestimó esa posibilidad porque dos fallos de la Corte Suprema avalan la intervención del Poder Judicial y se confesó “sorprendida” por “lo poco que respetan las normas los mismos funcionarios que juran servirlas. Actúan de caprichito, siguen adelante, total piensan que no los va a detener nadie, ni la Constitución. Eso es doloroso”.

López Vergara, jueza en lo Contencioso Administrativo, explicó que ordenó el allanamiento a la Junta de Etica porque el viernes el director administrativo de la comisión prestó declaración testimonial pero no aportó la documentación requerida. “Incumplieron la medida cautelar dispuesta por Roberto Gallardo, que actuó como subrogante mío. Incumplieron la presentación de documentación, entonces el juzgado tuvo que ir a buscar ese material ante el incumplimiento reiterado, pertinaz y contumaz”, de la Legislatura, señaló López Vergara.

La jueza precisó que si bien no es parte de la causa que ella instruye, como resultado del allanamiento pudo ver la declaración jurada del conviviente de Ugolini sin firma, una de las irregularidades denunciadas. López Vergara destacó que lo que hace la Legislatura “es una clara desobediencia. Hace rato que no se puede llevar adelante el proceso: desoyen a cinco magistrados. Lo prudente sería decir esto no está bien hecho, vamos a hacerlo bien.”

El juez Guillermo Treacy denunció penalmente a los cuatro legisladores que firmaron un acta de la Junta de Etica y continuaron el procedimiento contra las órdenes judiciales. La causa “Ritondo, Cristian s/resistencia” recaló en el juzgado correccional 14, secretaría 82, y están denunciados, además de Ritondo, Carlos Araujo, Virginia Morales Gorleri y Oscar Zago. La jueza Liberatori les fijó a los cuatro legisladores una multa de 500 pesos por cada día que no cumplan la sentencia. La magistrada Patricia López Vergara le tomó declaración al director de la Junta de Etica, Hugo López Tanco, que le reconoció que el inicio del procedimiento fue irregular: necesitaban seis votos para tener quórum, por lo que a los cuatro votos afirmativos de PRO se sumaron los de los opositores que se abstuvieron.

El allanamiento a la Junta de Etica generó una airada reacción de los legisladores. “Creo que se están equivocando, porque la Constitución garantiza el libre ejercicio del pensamiento y del voto del legislador. La labor legislativa se consagra cuando vota el cuerpo y recién ahí la Justicia puede actuar”, señaló Sergio Abrevaya, de la CC. “Es una locura de la jueza Patricia López Vergara, allanar este cuerpo para llevarse el expediente Ugolini, esto es los originales y el libro de Actas de la Junta de Etica”, abundó el presidente de esa comisión, Oscar Zago.

El macrismo y la CC debatían anoche la convocatoria a una sesión especial para instruir al vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, a promover demanda contra el Poder Judicial.