Cuatro laderos del ex arzobispo de Santa Fe monseñor Edgardo Gabriel Storni y un escribano fueron procesados por obligar al padre José Guntern, un sacerdote de 82 años, a retractarse de una carta que envió a Storni hace diez años para reprocharle un “serio desliz” con un seminarista. El juez Julio César Costa imputó a los ex vicarios Hugo Capello, Marcelo Mateo, Mario Grassi y Edgar Stoffel por el supuesto delito de “coacción” en distintos grados: a los dos primeros como autores y a los otros dos como partícipes principales. Además, endilgó al escribano Ricardo Chaminaud –que trabaja para la Curia– la figura de “falsedad ideológica” porque labró un acta notarial que el anciano dijo que le hicieron firmar bajo presión. Costa exculpó a otros tres que desfilaron por el banquillo: el canciller del Arzobispado, Carlos Scatizza, y los diáconos Ariel Bertero y Gastón Beruto, al decretar su falta de mérito.
La encerrona ocurrió la noche del 22 de agosto cuando el Consejo Episcopal –que integraban todos los vicarios– convocó a Guntern para que aclarara el sentido del “desliz” que reprochó a Storni y dejar constancia en dos actas: la que confeccionó Chaminaud y otra que labró Scatizza –quien oficia como notario de la Curia– y que el ex arzobispo habría llevado a Roma, en su último visita ad limina. Storni no participó en la reunión pero rondaba por el Palacio Episcopal, según confesaron ante el juez cuatro involucrados: Scatizza, Stoffel y los dos diáconos. El escándalo estalló al día siguiente, cuando Guntern denunció el hecho ante la policía de su barrio, cercana a la parroquia San Roque, donde ejerció durante cincuenta años y levantó su obra desde el primer ladrillo. El sacerdote reveló que en el cara a cara con los laderos de Storni sufrió un “trato denigrante” y después lo dejaron en su casa “como si fuera un paquete”. El hecho desencadenó una ola de repudios que empujó a miles de personas a salir a la calle a marchar en solidaridad con el anciano.
La investigación judicial tuvo un trámite accidentado. El juez Costa debió sortear una recusación del defensor oficial Jorge Pegassano –que asistía a Grassi– y un careo que dejó sin efecto por contradicciones entre dos imputados que compartían la misma defensa. Incluso, la Sala IV de la Cámara Penal no sólo rechazó la recusación al juez por “falta de sustento probatorio”, sino que hizo una severa advertencia por el tenor del planteo: “Lo que sí parece haber quedado de alguna manera patentizado (en la causa) es un proceder apartado de las reglas de lealtad procesal (...) que es de esperar que no se repita”, afirmó.
La trama remite al verano de 1992, cuando Guntern, Storni y algunos seminaristas compartieron vacaciones en Calamuchita, Córdoba. Poco después, el sacerdote remitió al arzobispo una nota para recriminarle el “desliz” con uno de los jóvenes. El texto fue publicado por la periodista Olga Wornat, en su libro sobre la historia de la Iglesia, y después Guntern reconoció ser el autor de las líneas en un reportaje con una emisora de Santa Fe. Esa confesión pública empujó al Consejo Episcopal a llamar al cura de 82 años aquella noche del 22 de agosto para pedirle explicaciones y reclamarle que aclarara el sentido del “desliz” pero esta vez por escrito, en una escritura pública y en un acta notarial. Al día siguiente, Storni –junto al vicario Marcelo Mateo que oficiaba como su secretario privado– emprendió viaje a Roma.