La posibilidad real de juzgar a un piloto de la Armada por arrojar a personas vivas al vacío desde aviones militares comienza a tomar forma. El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó ayer la continuidad del proceso de extradición a la Argentina del teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, detenido hace cuarenta días en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de la aerolínea holandesa Transavia. La decisión de la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero pone fin a la estrategia del abogado Gerard Spong, prominente defensor de causas impopulares, quien con el argumento de la doble ciudadanía reclamaba la extradición de su cliente a Holanda. Fuentes judiciales consultadas por Página/12 evalúan que el próximo vuelo de Poch sobre el océano Atlántico, ya no como piloto, se concretará dentro de los próximos dos meses.

Poch es el primer militar argentino detenido por confesar su actuación en los vuelos de la muerte, método probado por la ciencia a partir del estudio de los cadáveres que el mar devolvió y aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía católica, según declaró Adolfo Scilingo. Su relato ocurrió en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que sus compañeros calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina, tema sensible en el Reino de los Países Bajos por el caso de Jorge Zorreguieta, ex funcionario del dictador Jorge Rafael Videla y padre de una joven que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, que en los ’80 se nutrieron de pilotos y mecánicos militares, los holandeses no dudaron en denunciarlo a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La investigación del fiscal Ward Ferdinandusse, que incluyó una semana de trabajo en la Argentina, derivó el año pasado en el pedido de detención del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quien antes se trasladó a Holanda para escuchar a los testigos. La captura de Poch se concretó el 22 de septiembre en España. El 6 de octubre declaró ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional. Dijo que “no tuvo nada que ver” con la desaparición de personas. Un día después la embajada argentina en Madrid hizo entrega del exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición y ayer el gobierno de España dio su visto bueno.

La defensa de Poch en Europa estuvo a cargo del penalista Gerard Spong, famoso por el patrocinio de narcotraficantes, del futbolista Patrick Kluivert en una causa por violación y de Bin Laden en un show televisivo. La estrategia de Spong apuntó a lograr la extradición a Holanda. El abogado viajó a Madrid y se paseó por los medios para machacar con la obligación de los Países Bajos de reclamar la repatriación del piloto. “En la Argentina podría estar cinco años sin condena”, advirtió, y amenazó con demandar al ministro de Justicia Hirsch Ballin si no hacía lugar al pedido. Agregó que Poch fue piloto naval, pero sólo de aviones de guerra. “En un cazabombarderos sólo caben dos personas, ambos pilotos”, dijo.

La estrategia incluyó a la esposa del marino, Elsa Margarita Nyborg Andersen, quien en precario holandés concedió una entrevista a un programa de televisión. “Mi esposo nunca voló ese tipo de aviones. Nunca estuvo en la ESMA. Siempre vivimos en Punta Indio y en Bahía Blanca”, dijo, tal vez ignorando que durante la dictadura la Armada les mentía a las familias de oficiales y suboficiales sobre destinos y misiones. Pese a que admitió que dos años atrás Transavia interrogó a Poch sobre los vuelos de la muerte, aseguró que la detención “fue una sorpresa”. La señora no aceptó ser entrevistada por este diario. Hace dos semanas renegó de la “cobertura sensacionalista” del caso en Holanda y prometió analizar la rigurosidad de las notas de Página/12 antes de responder preguntas. Ayer prefirió no emitir comentarios. Sólo dijo que no podía hablar por consejo del abogado argentino Gerardo Ibáñez, quien ya se presentó en el juzgado de Torres con una autorización de su nuevo cliente.

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