La Corte Suprema está cada vez más cerca de sacar un fallo contra la pesificación y las medidas del corralito que quedan en pie. Ayer a la tarde ya estaban reunidas las cinco voluntades necesarias para firmar un pronunciamiento en ese sentido, pero uno de los ministros dispuesto a apoyarlo, el riojano Julio Nazareno, está de viaje. “La intención es que todos los depósitos vuelvan a la moneda original”, señalaron dos altos funcionarios del tribunal. Por ahora no se meterían con dos temas controvertidos: la pesificación de las deudas y de los contratos entre particulares.
El tema sería puesto en discusión en la reunión plenaria que los ministros tendrán el martes próximo, cuando el presidente del tribunal ya esté de regreso de Cancún, donde fue a una reunión de presidentes de Cortes. Desde hace un tiempo cuatro supremos de la llamada mayoría automática –Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López– vienen intentando agilizar la firma de un fallo que declare la inconstitucionalidad del corralito (o lo que de él quede vigente) y ordene la redolarización de los depósitos, algo totalmente adverso a las exigencias del FMI al gobierno argentino. La novedad es, según informaron a Página/12 en uno de los despachos de la Corte, que ahora Carlos Fayt comenzó a hacer circular entre sus pares una propuesta encaminada en la misma dirección, lo que evitaría la necesidad de convocar a conjueces.
El expediente que los supremos están analizando detenidamente corresponde a María Ester Beratz, una típica ahorrista acorralada –de Bahía Blanca– quien reclama 13.096,16 dólares. Obtuvo fallos favorables de primera y segunda instancia y la semana pasada el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le recomendó a la Corte que tome este reclamo para declarar ilegales el corralito y la pesificación. Los ministros dieron la primera señal contraria a los pedidos de los bancos y del Ministerio de Economía la semana pasada, cuando rechazaron los tres pedidos de “per saltum” que ambos habían presentado, buscando que la Corte –salteando instancias judiciales– pusiera freno al goteo de fondos.
El posible fallo del alto tribunal cuestionaría por evaluar como ilegales algunas medidas económicas que siguen vigentes como: la pesificación a 1,40 pesos (más el CER) de los depósitos en cajas de ahorro, plazos fijos y cuentas corriente y la reprogramación de plazos fijos con devolución en Cedros hasta un máximo de tres años (corralón).
Es probable que los cinco ministros que ahora están de acuerdo presenten votos propios que confluyan en una misma idea. Fayt propuso en base al dictamen de Becerra declarar la inconstitucionalidad de la pesificación y devolver en moneda de origen, citando también jurisprudencia extranjera, y señaló que debe ser cada juez el que determine en cada caso la modalidad de reintegro de la plata. Los demás ministros coincidirían en el concepto central pero no dirían nada sobre la devolución. “Debería ser el Poder Ejecutivo y/o el Congreso los que instrumenten eso”, señaló un ministro. Algunos banqueros ven con buenos ojos que esto ocurra porque, sostienen, sería una forma de empujar al Gobierno a definir cómo devolver los ahorros y que se vea forzado a implementar un bono compulsivo, una alternativa que aparentemente tendría aval del alto tribunal.
Lo que podría frenar la firma de la resolución el martes sería que alguno de los jueces pida las propuestas para estudiarlas. Podrían hacerlo Antonio Boggiano o Augusto Belluscio quienes, hasta ahora, mantuvieron una postura contraria a la mayoría. Enrique Petracchi está excusado en las causas ligadas al corralito bancario. Boggiano incluso insistió durante varios días con intentos para que se firmara, como rogaban el Gobierno y los banqueros, un fallo que pusiera fin a los amparos. Pero no consiguió suficiente apoyo. “Igual ni sabemos si va a seguir estando acá la semana que viene”, murmuraban ayer en la Corte algunos funcionarios que estabanal tanto de que el Gobierno acababa de decidir candidatearlo para el Tribunal Penal Internacional (ver aparte).
Dos temas sobre los que queda un signo de interrogación sobre la posible actitud de la Corte son la pesificación de las deudas y de los contratos entre particulares. Al parecer, sólo hay un expediente sobre el segundo caso, sin dictamen del procurador. Lo alarmante es que ya hay ministros que dicen que “si se vuelve atrás con las medidas económicas, habría que hacerlo con todas ellas por igual”.